«Primero fueron bajando la calidad de la comida: de primeras o segundas marcas pasaron a terceras o cuartas. Los pollos tenían el tamaño de palomas y la carne era dura, imposible para darle a un niño. Y hace dos meses empezamos a recibir menos alimento. Cuando desde el gobierno nos citaron a una reunión nos dijeron que se trataba de un ajuste y cuando repreguntamos las autoridades se levantaron de la mesa». Quien destila indignación es Lorena, directora de un hogar para chicos de entre 0 y 5 años que sufrieron la vulneración de sus derechos. Su institución es una de las 23 que integran la Red de Hogares y que en la semana previa a la Navidad decidieron alzar la voz en un comunicado para gritar: «¡Con la comida de los pibes no se jode!».
Lorena tiene otro nombre, pero ella y todos los referentes de la Red que hablan con Tiempo piden no ser identificados para evitar consecuencias que, en última instancia, afectarán a los niños. Algunos de ellos ya han recibido llamados previniéndoles de hablar con la prensa, por eso lo hacen desde la Red (ver aparte).
Los hogares ocupan un lugar clave dentro del sistema de protección de derechos de los chicos en la Ciudad. Allí son derivados por una medida de protección que toma el Consejo de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Es una medida de excepción que debería extenderse por un plazo máximo de seis meses según la ley hasta que vuelvan a sus familias biológicas o sean entregados en adopción, pero que suele prolongarse.
«Son chicos que han sufrido violencia física, sexual, laboral, abandono, negligencia en el cuidado o hasta han sido víctimas de trata», describe Fabián, que dirige un hogar para chicas. En ese marco, retoma Lorena, «nuestra tarea tiene que ver con que los chicos vuelvan a confiar en el mundo adulto y en la sociedad toda. Y la responsabilidad de que eso suceda es del Estado, en este caso, a través de nosotros».
Lorena se refiere a que el gobierno porteño apenas cuenta con tres hogares públicos para atender estas situaciones. Por eso tiene que tercerizar la tarea y firma convenios con una treintena de fundaciones y asociaciones civiles, entre ellas las que integran la Red de Hogares que atienden actualmente a más de 600 chicos. «Y sus familias», añade Lucila, que integra una fundación que cuenta con dos hogares en un barrio de la zona norte de la Ciudad. «Porque nuestro trabajo tiene que ver con trabajar con la familia de origen o con las personas que haya armado familia hasta el momento (salvo en los casos que haya una orden de restricción judicial). Y en esto sentimos que se avasalló con este anuncio de ajuste», apunta.
Sus palabras van directo al argumento del ajuste. «Las raciones (de comida) deben ser exclusivamente para los niños y adolescentes alojados, debiendo las instituciones garantizar la comida del personal afectado a las tareas cotidianas y de los familiares que visitan a los niños y adolescentes en horarios de comidas», fueron las explicaciones que dieron Itatí Canido, subsecretaria de Promoción Social; y Gabriela Francinelli, directora general de Niñez y Adolescencia del Ministerio de Habitat y Desarrollo Humano.
«Esto menoscaba el rol pedagógico, social y educativo que tienen las instancias de alimentación comunes en los procesos evolutivos de la población», detallaron desde la Red en el comunicado. «Eso implica correr de la mira a los adultos que estaban participando de la vida cotidiana de los pibes, como si ellos se cuidaran solos. Pero qué pibe puede crecer solo», agrega Lucila.
Un abordaje integral
«Un caso icónico para nosotros es una nena de 12 años abusada por su padre sistemáticamente en Pompeya que empezó a cursar un embarazo. La docente que la recepcionaba todos los días en la escuela pública convocó a la madre para sugerirle que la mande a una nutricionista. El Estado recién intervino cuando la nena fue al hospital por un dolor de panza y la médica se dio cuenta de todo: estaba por parir», explica Lorena. «Metieron preso al padre, la madre ratificó la denuncia porque terminó siendo evidente lo que no podía ver. A la nena no la institucionalizaron pero al bebe sí, porque la nena no estaba en condiciones de asumir su maternidad. Esa madre hoy va todos los días a ver al hijo y toma la merienda con él. Esa comida es la que han cortado», concluye.
«Hay dos tipos de hogares: los convivenciales y los de tratamiento especializado», explica Fabián. «Según los recursos que requieran hay una diferencia en la beca que recibe el hogar por chico. Y con esa beca el hogar tiene un montón de obligaciones que cubrir: de personal, equipo técnico, edilicios, abordaje técnico. Tenés que coordinar con hospitales, colegios, la documentación (porque muchos llegan sin documentos). Y a la vez asistir a las audiencias judiciales, hacer informes, recibir auditorías, etc. Es una tarea enorme que no queda en el niño, se expande a toda su red familiar, territorial y social, que es lo que tenés que reconstruir para que ese pibe se pueda ir».
Para todo eso los hogares cuentan con el dinero de las becas, un fondo de infraestructura para mejoras edilicias y un fondo de compensación por el aumento de las tarifas de los servicios públicos. «Pero este año no se percibió la ayuda para solventar los aumentos de servicios y el fondo de infraestructura, después de nuestro reclamo, se terminó asignando. Pero al 27 de diciembre sólo lo habíamos cobrado tres hogares», detalla Lorena.
Esos recortes deben ser complementados con fondos propios de los hogares, que dependen de la capacidad para recaudar de cada organización a través de festivales o donaciones privadas. La amenaza, por tanto, pende sobre los chicos.
Tiempo intentó hablar con Itatí Canido, pero la subsecretaria respondió con un comunicado que señalaba: «Para asegurar la atención integral personalizada para cada niño y niña alojados en los hogares conveniados, se establecen convenios específicos que determinan una prestación que asciende a los $ 16.000 pesos por mes por niño. Asimismo, se acompaña en forma permanente a cada una de las instituciones en aquellas necesidades e inconvenientes que pudieran llegar a suceder».
En los últimos días, los hogares comenzaron a recibir llamados de la Dirección General de Niñez diciendo que se reestablecería la entrega de alimento a las cantidades previas al ajuste, pero esta semana no sucedió. «Ayer (por el miércoles) la dotación de comida de la semana fue menor y la única variante fue la calidad, porque la semana anterior habíamos tenido que devolver frutas y verduras que llegaron malas», explica Lorena. «Nosotros esta semana en vez de siete leches recibimos tres. Los lácteos estaban bien y las verduras no», agregó Lucila. Los pibes, al parecer, no son prioridad. «
A dónde va el dinero?
A falta del último trimestre el Gobierno de la Ciudad había ejecutado 310 millones sobre los 406,9 millones que tiene presupuestados para 2017 el programa Atención Niñez Y Adolescencia Vulnerables de la Dirección General de Niñez y Adolescencia. Dos ítems sobresalen en su subejecución: mientras el gasto de 42,8 millones en personal temporario se ejecutó en un 97%, el de personal permanente apenas invirtió 62 de los 75,9 millones asignados. Esta idea de tercerizar los servicios se ahonda en el presupuesto 2018, donde lo destinado a personal permanente bajará a 59 millones, y el monto para personal transitorio subirá a 55 millones. El único ítem que aumentará será el de las transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes, que pasará de 108 a 214 millones.
Defensorías zonales en emergencia
Las defensorías zonales forman parte de la primera línea de atención en materia de derechos vulnerados de los niños. Son 17 distribuidas en toda la Capital y cuentan con un equipo interdisciplinario que debe responder ante la identificación de la necesidad antes de llegar a una medida de excepción que es la que deriva al niño hacia uno de los hogares (ver aparte).
En septiembre, los trabajadores de las defensorías nucleados en ATE sacaron un informe en el que aseguran que el sistema está en emergencia. En especial, aclaran, en la zona sur de la Ciudad. El ejemplo es claro: «En un mes, con un promedio de 600 situaciones por equipo, considerando siete horas laborales, los cinco días a la semana: los equipos disponemos de 14 minutos por mes para cada situación para que las familias sean atendidas y se realicen todas las acciones que conlleva la restitución y protección de derechos de niñas, niños o adolescentes».
