Frente a la noticia del cierre de la escuela porteña Nuevo Horizonte, a la que concurren 450 estudiantes, 50 de ellos con discapacidades bajo la modalidad de inclusión educativa, y ante la lógica desesperación de docentes y familias, les proponemos que evalúen la posibilidad de convertirse en cooperativa de trabajo para recuperar la escuela para la comunidad.

De acuerdo al comunicado emitido este martes, la empresa que gerencia la institución ha “decidido el cierre a partir del 1 de marzo de 2023” del instituto educativo en el que trabajan alrededor de 90 docentes y no docentes y al que asisten estudiantes de los niveles inicial, primario y secundario.

En las últimas horas trascendió que el Gobierno de la Ciudad aporta, en carácter de subsidio, el 60% del monto de los salarios que cobran los trabajadores de Nuevo Horizonte. El resto de los ingresos para el funcionamiento del establecimiento se supone que surge del pago mensual de las familias de las y los alumnos.

A pocos días del comienzo del ciclo lectivo, y sabiendo que la oferta pública porteña deja anualmente sin vacantes a más de 50 mil chicas y chicos, muchas familias afectadas por el cierre de la institución ya han hecho pública la dificultad que tienen para obtener vacantes en los colegios de la zona. A esa difícil situación se suma la del personal docente y no docente, que se queda en la calle.

En el movimiento cooperativo argentino hay variadas y exitosas experiencias de gestión de cooperativas educativas. Es desde ese camino recorrido que invitamos a la comunidad de Nuevo Horizonte a que se anime a pensar que organizados como cooperativa pueden gestionar y administrar la escuela.

En este contexto de déficit crónico de vacantes, exijamos al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que sostenga el subsidio, pero en este caso sería la naciente cooperativa la que reciba esos fondos de manera mensual.

Rodríguez Larreta y su ministra Soledad Acuña, quienes deben garantizar el derecho a la educación de nuestras pibas y pibes, tienen que asignar un monto adicional para el alquiler del establecimiento. El resto de los ingresos de la cooperativa sería producto del abono mensual que madres y padres abonan normalmente. Esto, junto a los fondos que el Gobierno de la Ciudad debe proveer, debería ser suficiente para la administración del establecimiento.

Los dueños de la escuela deben entender que cumplen una función social fundamental y no pueden cerrar la institución a días del comienzo de las clases.

Horacio Rodríguez Larreta y Soledad Acuña deben garantizar lo que la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires explicita en su artículo 24: “La Ciudad asume la responsabilidad indelegable de asegurar y financiar la educación pública, estatal laica y gratuita en todos los niveles y modalidades, a partir de los cuarenta y cinco días de vida hasta el nivel superior, con carácter obligatorio desde el preescolar hasta completar diez años de escolaridad, o el período mayor que la legislación determine».

Tanto que promocionan su supuesta “preocupación” por la educación, ahora tienen una nueva oportunidad para demostrar cabalmente que no es una pose o un latiguillo de campaña.

Una construcción colectiva resolvería un conflicto de proporciones, sumaría un nuevo establecimiento educativo al movimiento cooperativo y trabajadores docentes y no docentes desarrollarían una experiencia autogestiva como la que hace años llevan adelante las escuelas Mundo Nuevo, Instituto Comunicaciones y Guido Spano, entre otras.

A las familias y trabajadores de Nuevo Horizonte les decimos que se animen, que mantengan a la comunidad educativa unida bajo un verdadero proyecto colectivo. Somos muchos los que estamos dispuestos a ayudarlos y acompañarlos en ese camino.