El anuncio de la publicación en el Boletín Oficial del nuevo Protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo, realizado esta tarde por el ministro de Salud Ginés González García desde la sala de conferencias de la Casa Rosada, fue celebrado por las organizaciones de mujeres, particularmente las que bregan desde hace años por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, muchas de cuyas referentes estuvieron presentes durante el anuncio.

La conferencia fue precedida por un encuentro entre el presidente Alberto Fernández, Ginés y la flamante ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta.

Lo que hace el Protocolo es reafirmar una guía para que los profesionales de la salud puedan brindar una mejor atención y garantizar el derecho a la ILE en el marco de las leyes vigentes, de acuerdo a las tres causales que la normativa reconoce desde 1912: si el embarazo pone en riesgo la salud integral (psicológica, física, emocional y social), si el embarazo es en una niña o adolescente menor de 15 años y se considera, por tanto, riesgoso para su salud integral, o si es producto de una violación.

Desde la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito celebraron la resolución de Ginés. Señalaron  que 2500 niñas menores de 15 años llegan a los hospitales a parir, que Tucumán, Salta, Misiones y Santiago del Estero son las provincias con más alto índice de embarazo infantil y que ese registro “se fundamenta en un diagnóstico que organizaciones de Derechos Humanos elevaron ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en septiembre de este año. El mismo estudio muestra que 80% de esos embarazos son producto de violencia sexual, agresiones que en su mayoría ocurren en el ámbito intrafamiliar o en círculos cercanos a las víctimas”.

A pesar de que está próximo a cumplirse el centenario del artículo 86 del Código Penal, que permite el aborto legal por esos tres motivos “hay varias provincias que impiden que las niñas víctimas de violencia sexual puedan acceder a ese derecho. Esto es discriminación. Obligar a gestar, parir y maternar es tortura”.

Para la Campaña, “la decisión de Ginés Gonzalez García es fundamental para que el Estado atienda nuestra lucha. Estamos recuperando un piso de derechos. Que se nos escuche ante lo evitable, traemos una propuesta de vida digna: exigimos la sanción de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo que forma parte de la emergencia social. Según datos oficiales, se realizan 354.627 abortos al año. Son 487.695 desde que el Senado rechazó la Ley, el 8 de agosto de 2018, y serán 98.500 al finalizar los primeros 100 días de un nuevo gobierno”.

Diversos referentes expresaron su satisfacción tras el anuncio oficial. “Como cualquier otra política sanitaria, aprobar un protocolo de actuación médica es competencia de la autoridad de Salud, y celebramos que se haya aprobado por resolución brindando respaldo político para desterrar las dudas, arbitrariedades y falsas interpretaciones de quienes deliberadamente deciden no aplicar la ley vigente desde hace más de 100 años”, dijo Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.

Para Marta Alanis, de Católicas por el Derecho a Decidir, “es emocionante que a pocas horas de asumir el nuevo gobierno ya tengamos respuestas tan claras como este protocolo. No podíamos esperar menos de Ginés. Ahora vamos por la ley de aborto legal para 2020”.

Minutos antes del anuncio de su par de Salud, la ministra Elizabeth Gómez Alcorta había tuiteado una fotografía junto a Alberto Fernández y referentes de la lucha por la legalización del aborto, como la abogada Nelly Minyersky y la dirigente feminista y diputada del Parlasur Cecilia Merchán, con el siguiente texto: “En la previa a la presentación del protocolo para la interrupción legal del embarazo. Cuando avanzamos en derechos, la alegría se nos nota mucho”.

«Entendemos que no hay margen para incumplir la ley y que los abortos que ya son legales se deben garantizar de la manera más rápida y segura en todos los casos de conformidad con el nuevo Código Civil que se sancionó en 2015. Es un avance que este nuevo protocolo actualice la guía de prácticas teniendo en cuenta los avances científicos”, sostuvo Gómez Alcorta.