Las asambleas que defienden el agua y se oponen a la megaminería en Mendoza están en estado de alerta. Porque un nuevo fallo de la Corte Suprema declaró inconstitucional un artículo de la Ley 7722, considerada por ambientalistas y comunidades como “guardiana del agua”, y deja abierta la posibilidad de que se utilicen sustancias tanto o más nocivas como las específicamente mencionadas en la normativa.

“Al sacar (del cuerpo de la ley) ‘y otras sustancias toxicas similares’ por ser ambiguo, se abre una especie de caja de pandora porque tanto el xantato como la poliacrilamida son tanto o más contaminantes como las mencionadas expresamente en la ley: mercurio, ácido sulfúrico y cianuro”, explica a Tiempo Rubén Esper Ader, coordinador del Foro Socio Ambiental Mendoza.

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La modificación surgió a partir de una apelación de la Minera San Jorge a la Ley 7722. La Corte avaló la normativa en su conjunto, pero rechazó por “indeterminación” el artículo referido al uso de sustancias tóxicas en general. “La norma tiene cuatro artículos, es concreta y contundente y prohíbe el uso de sustancias tóxicas. Nos parece que esta apertura de puertas empieza a burlar la ley”, advierte Esper Ader. “Venimos hace casi 20 años en el ambientalismo de Mendoza y en el seguimiento de todos y cada uno de los intentos de los mineros y gobiernos y grupos económicos: uno va poniéndose ducho en este tema, y entendemos que no va al fondo de la cuestión la apreciación de este fallo”, consideró en relación al lobby minero.

“La única herramienta que tenemos como pueblo de Mendoza, y la historia lo avala, es la movilización. En 2007 los pueblos de San Carlos y General Alvear salieron a la calle, cerraron comercios y escuelas y se concentraron en plazas y calles. Eso tuvo eco provincial empujó la 7722. En 2019, cuando consideramos que se estaba burlando la ley a nivel judicial y legislativo, una manifestación considerada la marcha más larga de la historia en Mendoza logró que el gobernador en 10 días diera marcha atrás y devolvieran la ley. La experiencia q tenemos es esa. No negamos los derechos constitucionales a ejercer toda industria lícita ni somos extremistas en lo que son las actividades humanas y la minería, pero estamos hablando de megaminería metalífera y del extractivismo como concepción económica”, enfatizó.

“La 7722 no se toca” es una de las premisas de las asambleas por el agua organizadas en distintos distritos de Mendoza y nucleadas en una lucha común. En esa provincia llevan años en lucha en defensa del agua, en contra de una actividad que la usa en demasía y la contamina. En 2017, ante uno de los embates del lobby megaminero, las y los asambleístas decían: “La 7722 tiene la particularidad de ser una ley popular y por eso la odian. Su sanción fue un evento de democracia directa. Se rompió la lógica de representación y tuvieron que hacer lo que quisieron las bases. Están pisando el acelerador, pero están locos si piensan que van a poder voltear la ley. Se les va a prender fuego la provincia”.

Por estos días, además del rechazo al nuevo fallo de la Corte, la militancia por el agua apunta a la creación del “Área Natural Protegida Uspallata-Polvaredas”. “Este proyecto es la única herramienta probadamente efectiva con que contamos hoy para terminar de manera definitiva con el plan devastador de Minera San Jorge, que amenaza las fuentes de agua de nuestro Valle y de todo el Oasis Norte donde vive la mayor parte de la población de Mendoza”, difundió la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Uspallata.