Los recientes femicidios de Guadalupe Curual, de 21 años, y Úrsula Bahillo, de 18, evidenciaron la peor cara de la cultura patriarcal y la incapacidad de todos los dispositivos del Estado para prevenirlos. Las dos chicas habían recurrido varias veces a la justicia que, indudablemente, no hizo lo suficiente. Este viernes, 55 postulantes rindieron examen para ocupar dos cargos vacantes en la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital. Unos días antes, un colectivo de abogadas feministas había impugnado a un tercio de los postulantes por no haber realizado capacitaciones en perspectiva de género, lo que les daría a los funcionarios judiciales una herramienta clave para entender el fenómeno y obrar en consecuencia.

El lunes pasado, la Asociación de Abogadas Feministas de la Argentina (ABOFEM Argentina) impugnó ante el Consejo de la Magistratura, el organismo que elige a los jueces de primera y segunda instancia, a 52 de los 138 secretarios, fiscales y abogados que se habían postulado al concurso público N°461 para ocupar los espacios de Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi.

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“El reglamento interno del Consejo estipula en sus artículos 7, 10 y 11 que los nuevos jueces deberán tener formación en género, en forma obligatoria, lo cual está vigente desde 2019. Y se plantea que la capacitación se da en tres instancias: en la oficina de la Mujer de la Corte Suprema; en las universidades nacionales; y en la escuela judicial del Consejo de la Magistratura”, explicó Melisa García, presidenta de ABOFEM, en diálogo con el podcast feminista Ojos Bien Abiertos.

Los postulantes que fueron objetados “no contaban con la formación específica que establece el reglamento. Ahora, el Consejo de la Magistratura tendrá que resolver esa impugnación teniendo en cuenta que es un requisito ineludible y va a tener que decidir si siguen en concurso estos magistrados o si son eliminados por incumplir este requisito formal”, agregó la abogada, en cuya presentación formal alude a la Resolución 269/2019.

Tiempo pudo saber que hasta última hora del jueves habían confirmado su presencia en el examen unos 120 de los 138 postulantes. Finalmente, el viernes se presentaron 55 aspirantes a juez, entre los cuales se encontraban varios de los impugnados. Dicho de otra manera, por el momento el Consejo no tomó ninguna medida al respecto, sino que por el contrario y de manera diligente respondió la impugnación del colectivo feminista.

Desde el organismo indicaron que los consejeros habían acordado a la hora de modificar el reglamento “la introducción de una cláusula transitoria que estableció que el nuevo requisito de inscripción sería obligatorio a partir de los 36 meses de su entrada en vigencia, entre otras especificaciones. Es decir, que tal condición no es exigible hasta el 10 de octubre de 2022; sin perjuicio de lo cual, se deberá acreditar durante el desarrollo del concurso la participación en cursos de capacitación”.

“Más allá de este tecnicismo, nunca se hizo tanto desde el Consejo en esta materia como en los últimos años”, se defendió una fuente del Consejo consultada por este diario, quien precisó el derrotero que tendrán los postulantes: “La semana que viene se tratará la impugnación y en un mes estarán los resultados de los exámenes. Se darán las notas y luego los consejeros otorgarán otro puntaje a los antecedentes académicos y la carrera judicial de cada uno. Todo eso se cruza, y quienes resulten primeros pasan a las entrevistas, en donde una parte importante del cuestionario es abordado insidiosamente con perspectiva de género”.

En el 31% de los femicidios hubo al menos una denuncia previa

Las circunstancias del asesinato de Guadalupe Curual (foto), en Villa La Angostura, no constituyen un caso aislado. Al menos el 31% de las víctimas de femicidios había denunciado previamente a sus asesinos. Así se desprende de un informe inédito llevado adelante por el Registro Nacional de Femicidios de la Justicia Argentina. Los datos corresponden a todos los casos relevados entre los años 2017 y 2019 por la Oficina de la Mujer y la Oficina de Violencia Doméstica (OVD), ambas a cargo de la vicepresidenta de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la jueza Elena Highton de Nolasco.

Según desglosa el informe, en todo el país “hubo (en ese período) 821 víctimas letales de violencia de género: 757 fueron víctimas de femicidios directo y 64 de femicidios vinculados. Entre las víctimas de femicidio directo, 743 eran mujeres cis y 14 eran mujeres trans/travesti, mientras que las víctimas de femicidio vinculado fueron 33 mujeres cis y 31 varones”.

El Registro precisa la existencia de 272 hechos previos de violencia de género de los agresores hacia las víctimas de femicidio, de los cuales 121 fueron denunciados formalmente, mientras que los 151 restantes “fueron informados a partir de otros medios de prueba agregados a la causa como testimonios, actas e informes médicos, entre otros”.

“Esto representa que al menos en el 31% de los casos ocurrieron hechos previos de violencia de género, siendo éste un piso mínimo en función de la elevada cantidad de casos sin datos al respecto”, describe el informe, y añade que se puede inferir que en “uno de cada tres vínculos, había habido hechos de violencia de género antes del femicidio”.

La provincia de Buenos Aires registró el peor número de casos con 332 femicidios, de los cuales por lo menos en 108 había una denuncia previa; le sigue la provincia de Santa Fe con 77 femicidios y 35 denuncias; y Córdoba, con 65 femicidios y 24 denuncias.

“La investigación busca contribuir al diseño de políticas públicas que faciliten el acceso a justicia, eviten la revictimización y prevengan desenlaces fatales. Además, se busca evaluar el cumplimiento de la debida diligencia desde el inicio de las denuncias hasta la resolución de las causas judiciales”, sostiene el trabajo.