De forma “preventiva” sacaron de circulación tres formaciones de la Línea B adquiridas al Metro de Madrid. La decisión fue de Subterráneos de Buenos Aires y Metrovías. Se debe a que se confirmó “la existencia de amianto en dos modelos de tren”, un material prohibido en ambos países por ser cancerígeno.

El comunicado que trascendió explica que el subte “exigió al Metro español que confirme la presencia de este mineral” en las formaciones CAF 5000,  que fueron compradas en 2011 por el Gobierno de la Ciudad, en ese entonces a cargo de Mauricio Macri.

Tanto el organismo del Estado como la empresa concesionaria del Subte porteño afirmaron: “Este componente no representa riesgo para los pasajeros ni para los operarios si no es manipulado”.

También aseguran que al sacar las tres formaciones de seis coches cada una (18 en total) la frecuencia de la línea no se verá afectada. Según afirman, hay otros 24 coches que pueden garantizar el normal servicio en el trayecto entre Leandro N. Alem y Juan Manuel de Rosas.

El portal del diario El Mundo de España publicó el pasado viernes que “la dirección del Metro de Madrid confirmó la existencia de amianto en dos de los modelos de tren que circulan por la red, concretamente por las líneas 1, 6 y 9”.

Desde la empresa reconocieron que dicha sustancia cancerígena se encuentra en el recubrimiento de un pequeño componente eléctrico que está situado en la parte inferior de los vagones al cual los pasajeros no tienen acceso, por lo que no supone ningún peligro. Y como sólo la manipulación de dichos dispositivos representa un riesgo, “se ha informado a los trabajadores para que conozcan esa presencia y sepan cómo actuar”.

La empresa aún no precisó cuántas formaciones, todavía en uso, contienen elementos con amianto, pero sí señala que las dos series afectadas -la 2.000 y la 5.000- “paulatinamente estarán siendo renovadas”.

Sin embargo desde el departamento de Prevención de Riesgos Laborales del Sindicato Unión General de Trabajadores (UGT) advirtieron que los servicios sanitarios de la Comunidad de Madrid confirmaron a final de 2017 un caso de cáncer de pulmón en un trabajador del subterráneo afectado por la exposición prolongada a este material -que fue categorizado como enfermedad profesional- lo que fue confirmado a El Mundo por la propia empresa.