A menos de una semana de que la Ley 26.160 perdiera vigencia, desde el gobierno adelantaron que el presidente Alberto Fernández firmará en los próximos días un DNU para extender el plazo de la norma y evitar así desalojos judiciales sobre territorios pretendidos por pueblos originarios, hasta tanto y en cuanto no finalice el censo de las comunidades de todo el país.
Así lo aseguró este martes la vocera presidencial, Gabriela Cerruti, quien explicó que “esta noche se publica en el Boletín Oficial la prórroga de Sesiones Ordinarias hasta el 31 de diciembre para que las fuerzas políticas en el Congreso fijen su propio temario, sus prioridades y sigan el trabajo normal”.
De la misma manera, aclaró que “en los próximos día el presidente va a firmar el DNU que prorroga también la ley vinculada con el censo indígena que como todos sabemos se prorroga todos los años porque es un censo que aún no se terminó de hacer”.
La funcionaria se refiere a la extensión de la Ley 26.160 que ya contaba desde octubre con media sanción del Senado. En esa oportunidad, la prórroga por cuatro años fue votada por 43 votos afirmativos, dos negativos y siete abstenciones.
El proyecto “tiene despacho en Comisión de Diputados pero aún no hubo tiempo de tratarlo porque se vence el 23 y no llegamos a votarla antes”, sumó Cerruti.
El texto aprobado prorroga los plazos de los artículos 1, 2 y 3 de la ley 26.160 hasta el 23 de noviembre de 2025, que declaran la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas originarias del país, suspenden los desalojos y disponen el relevamiento catastral de las tierras.
También se dispone la asignación, para los cuatro ejercicios presupuestarios que se aprueben con posterioridad a la sanción de esta ley, de un crédito de 290 millones de pesos destinados al fondo especial creado por la citada ley de comunidades indígenas.
El Instituto Nacional de Asuntos Indígenas deberá presentar un informe anual que detalle el estado de avance de estados catastrales.
La autora de la propuesta, la senadora del Frente de Todos por Salta, Nora Giménez, consideró que se trata de «una deuda histórica y una responsabilidad como política de Estado» así como «una herramienta de pacificación» para evitar conflictos por tierras.
La legisladora explicó que se trata de «una responsabilidad garantizar la paz social y que no se reabran estos conflictos (por las tierras) a lo largo y ancho del país y que esta sea la última prórroga que se otorga».
