Las personas padecían aislamiento extremo, no las dejaban que se comuniquen con sus familiares, había retraso en la entrega de la comida, falta de atención médica, las obligaban a orinar en botellas plásticas y a defecar en bolsas de nylon.
Los uniformados están acusados de haber cometido graves violaciones de Derechos Humanos. Estos terribles delitos ocurrieron entre septiembre de 2019 y enero de 2020; la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) denunció lo ocurrido. Además, patrocina a 17 de las 28 mujeres y trans que resultaron víctimas.
“Todas estas personas sufrieron distintas violencias, vejaciones y abusos sexuales”, denunció Roberto Cipriano García, abogado y secretario ejecutivo de este organismo provincial, en diálogo con Tiempo. Continuó asegurando que “nosotros sabemos que estas prácticas fueron sistemáticas violando todo el tiempo los derechos de las detenidas”.
“Además de atentar contra la integridad física de las mujeres, durante la investigación se pudo comprobar que todas ellas eran sometidas a castigos abusivos frecuentemente”, señaló el abogado. Detalló que las cautivas padecían “aislamiento extremo, no las dejaban que se comuniquen con sus familias, retraso prolongado de la entrega de la comida, falta de atención médica, las obligaban a orinar en botellas plásticas y a defecar en bolsas de nylon”.
Cabe destacar que esta causa se inició porque el fallecido defensor Mario Coriolano alertó sobre la grave situación en la que se encontraban estas mujeres y trans. Cuando la CPM tomó conocimiento -el 21 de enero de 2020- hizo la denuncia. También inspeccionó la comisaría 3ra de La Tablada, donde constató agravamientos en las condiciones materiales de detención de las detenidas.
“Allí, a partir del testimonio de las mujeres y trans privadas de la libertad, tomamos conocimiento de las graves violaciones a los Derechos Humanos que padecían”, recordó el secretario ejecutivo. Continuó puntualizando que todo esto sucedió “en forma sistemática durante meses y se agudizaron desde la asunción del subcomisario Lionel Maximiliano Gómez, que estaba a cargo de la dependencia”.
La Fiscalía de Gravedad Institucional de La Matanza a cargo de Julia Panzoni y Fernando López, realizó la instrucción de la causa cuando la CPM hizo la denuncia. En ese momento, la y el magistrado pudieron constatar que la violencia contra las detenidas también implicaba un castigo moral, humillante, degradante por ser mujeres y trans.
“Nosotros como patrocinante de la mayoría de las víctimas reclamamos que la violencia contra las detenidas fuera considerada como una grave violación a los Derechos Humanos, porque les vulneraron la dignidad, la integridad y la seguridad de las mujeres”, remarcó García. Sin embargo, en la causa penal estos delitos se califican “como severidades, por su sistematicidad, por el sufrimiento y daño que causaron en las víctimas que hasta hoy tiene secuela por todo lo que sufrieron”, finalizó.
Hay quince policías imputados: el subcomisario Lionel Maximiliano Gómez, las y los agentes Silvina Eva Suárez, Maida Celeste Ruiz, Ángel Ariel Reales, Javier Ramón González, Cristian Andrés Aliaga, Johanna Elizabeth Romero, Ariel Hernán Pasquale, Leandro Fabio Maidan, Valeria Alejandra Suárez, Hernán Federico Garzón, Silvia Viviana Solari, Yanina Ester Vargas, Franco Hinojosa y Lara de las Nieves Taramazzolos. La causa penal tenía otros seis policías, integrantes del Grupo de Apoyo Departamental (GAD), acusados por el encubrimiento de estos hechos, de los cuales cinco firmaron un juicio abreviado.
El debate oral y público se realizó durante esta semana y la sentencia del TOC N° 4 de La Matanza se conocerá en los próximos días. Se presentaron en el mismo, varios organismos de Derechos Humanos, distintos colectivos que trabajan cuestiones de género y organizaciones de esa región, entre ellas H.I.J.O.S. La Matanza, la distrital de SUTEBA y el Instituto de Derechos Humanos del Colegio de Abogados de La Matanza.
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