El reclamo no es nuevo. Pero el incremento en las demoras de pagos que ya de por sí suelen ser tardíos colmó la paciencia de trabajadores y trabajadoras de la salud y la educación abocados a tratamientos de personas con discapacidad, que por consecuencia ven cercenados sus derechos. Desde el Gobierno Nacional negaron un ajuste sobre el sector, en el tercer día de protestas en distintos puntos del país y con acampe en Plaza de Mayo.

El Colectivo de Discapacidad, integrado por prestadores de servicios de salud, ONG’s familias y pacientes, decidió un acampe frente a Casa Rosada ante el atraso en los pagos de las prestaciones específicas del sector. Anunciaron que lo mantendrían hasta la noche de este miércoles. Desde la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) admitieron un retraso en los pagos por “inconvenientes administrativos”, pero aseguraron en diálogo con Página 12 que desde este lunes comenzó a regularizarse la situación.

En tanto, el Gobierno nacional ratificó que “no hay ningún recorte presupuestario” en el área que atiende a personas con discapacidad y precisó –según consignó la agencia Télam- que “hubo un retraso de pocos días en las partidas” presupuestarias designadas para ese sector, pero que actualmente “el tema se encuentra solucionado”.

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Luego de la reunión de Gabinete realizada esta mañana en Casa Rosada, el canciller Santiago Cafiero, el ministro de Ciencia, Daniel Filmus y el secretario de Medios Públicos, Juan Ross, afirmaron que no existen recortes presupuestarios en la administración nacional que afecten la atención de personas con discapacidad, ni tampoco en Educación o en Salud.

“Lo que debe existir es una tensión sobre la asignación de recursos internamente en el área, puede ser, es parte del trabajo cotidiano que tenemos con cada una de las áreas”, dijo el titular del Palacio San Martín. Mediante un comunicado, el Palacio de Hacienda había informado “que las modificaciones administrativas tomadas por subejecución presupuestaria en algunos sectores no afectan” a las prestaciones mencionadas. Filmus explicó que la reasignación de partidas es una práctica habitual en la administración central cuando se acerca el último trimestre del año.

Previamente, la Agencia Nacional de Discapacidad había comunicado que “se encuentran en análisis medidas que apuntan a sanear el financiamiento del Sistema de Prestaciones Básicas de Discapacidad, y a su vez, garantizar que las obras sociales sigan cumpliendo con la Ley 24.901”.

“Las propuestas tienen como norte dar un mayor seguimiento a la calidad de las prestaciones que, no obstante ello, seguirán siendo brindadas a través de las obras sociales, siempre beneficiando a las personas con discapacidad que son afiliadas a las mismas”, aclararon desde la Andis, organismo conducido por Fernando Galarraga.

«Estamos hartos»

Entre trabajadores y trabajadoras que asisten a pacientes con discapacidad, sin embargo, la mirada es otra. “Ya estamos hartos. Todos los años aceptamos la demora en los pagos. Esperamos de 60 a 90 días para cobrar la prestación que hacemos. Pero en agosto aún no recibimos los honorarios pertenecientes a mayo. Directamente no nos pagaron. Al consultar a las obras sociales, nos dijeron que la Superintendencia de Servicios de Salud no envió los fondos correspondientes a los subsidios por discapacidad. No hay plata para pagarnos”, lamentó Juliana Godoy, profesora de educación especial en San Nicolás de los Arroyos, al norte de la provincia de Buenos Aires. Solo en esa localidad, unas 500 personas se movilizaron el martes por este tema, entre familias y profesionales.

“Es una vergüenza. Aceptamos cobrar tarde, trabajamos con vocación, todos los días. Pero de vocación no se vive. Tenemos que pagar alquileres, tenemos familias, hay compañeras con hijos y ya no tienen para darles de comer. Y no hay respuestas”, se quejó Godoy, en diálogo con Tiempo. Y agregó: “Desde la Superintendencia dicen que está todo normal, que no hay ajuste, que no hay demora, pero no nos están pagando”.

El reclamo es el mismo que tiene epicentro en Plaza de Mayo y se realiza junto con un paro de actividades. “La carpa es para la concientización. Para que la gente sepa cómo vulneran nuestros derechos. Porque esto pasa hace años. Sea el gobierno que sea, siempre pasó”, contó la trabajadora, que acompaña a una niña con autismo al jardín. Si ella no cobra y no trabaja, la nena no va a clases: “Porque, si tiene una crisis, no hay quién la contenga”.

“Ayer hubo una reunión donde la única respuesta fue que no saben cuándo nos van a pagar, se estima que sea a mediados de septiembre. Pero en agosto no recibimos nuestros honorarios y nos quieren pagar a mediados de septiembre el mes de mayo, es una locura. Una facturación de 46 mil pesos por trabajar de lunes a viernes. Somos monotributistas, no nos pagan vacaciones, aguinaldo, no podemos ahorrar, nada. Pedimos el pago de nuestros honorarios y por los derechos de las personas con discapacidad. Porque si no hay prestaciones no hay derechos. No pueden ir a las terapias. Que se deje de ajustar en discapacidad. Siempre nos ajustan a nosotros, ya estamos cansados”.