El martes, finalmente, en días donde salen a subrayarse los nombres y roles de las grandes alimenticias en nuestro devenir cotidiano, la Cámara de Diputados tratará el proyecto de ley de Etiquetado Frontal, que obligará a colocar octógonos negros de advertencia en aquellos productos que superen los niveles máximos de nutrientes estipulados por la OMS, en un país que tiene el 66% de su población con exceso de peso. Además, regulará aspectos como la publicidad y los entornos escolares.

Soledad Barruti, periodista autora de los libros Malcomidos y Malaleche, y directora de Bocado-Investigaciones Comestibles (una red latinoamericana de periodistas dedicada a temas vinculados a la alimentación y los territorios), valora que el proyecto “es de vanguardia, supercompleto, se basa en leyes de otros países pero incorpora muchas mejoras y es muy estricto en límites”, y advierte: “Queda que pongan el gancho los diputados y las diputadas, y propongan un plazo lógico para su implementación”.

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–¿Cuál es la importancia de esta norma?

–La ley es tan importante como cualquiera que garantice derechos que hoy no tenemos. Hay muchos derechos que, amparándose en la necesidad de las marcas de vender lo más posible, no están garantizados, como el derecho a la información, a la salud y a que no avasallen a nuestros hijos o hijas con publicidad.

–¿Qué pensás de la última sesión fallida porque la oposición no dio quórum?

–La Cámara de Diputados fue un ejemplo perfecto de cómo opera el lobby. En Bocado investigamos todos los países de la región donde se intentó hacer etiquetado, y hay un decálogo de las acciones del lobby, similares en todos los casos, porque las marcas y las multinacionales son las mismas que operan en todos lados buscando que la base de su negocio, que es nuestra desinformación, se sostenga. En Diputados encontraron un terreno fértil para que todos los movimientos del lobby sean escuchados y florezcan. El primero y más grande es siempre la dilación. La demora es parte de una estrategia muy profunda de la industria que aplica en todos lados. En estos momentos lo que buscan es que vuelva todo el proceso para atrás, y la grieta cerca de las elecciones es un terreno espectacular.

–¿Imaginás nuevos lobbys para su implementación?

–No solamente en cómo se aplica la ley, sino en los tiempos. Las marcas pueden cambiar un paquete de un día para el otro inventando que le agregan algo al producto o poniendo un personaje por el lanzamiento de una película, sin embargo cuando tienen que poner advertencias nutricionales, en todos los países donde esto se dio pidieron plazos de tres a cinco años. Son expertos en la demora y en encontrar los baches para hacer que esto se aplique lo menos posible. En Chile estuvieron seis años para implementarla. Y luego hay casos escandalosos como el de Uruguay: tenían una ley buenísima y cuando cambió el gobierno le bajaron la calidad por decreto.

–¿Qué otras iniciativas hacen falta para acompañar a leyes como la de Etiquetado?

–Por ejemplo, el acceso a la información sobre qué es lo que hay que comer, para que las personas no cambien un paquete por otro. Que no esté etiquetado no necesariamente vuelve saludable a un alimento. Hacen falta muchas políticas de acceso de los productores familiares a la tierra y la transición hacia la agroecología. Hay una ley que espera su dictamen que otorga microcréditos a trabajadores de la tierra para que puedan acceder a ella. No va a haber alimentación real, sana, limpia y justa si no hay productores y productoras con sus trabajos valorizados. Necesitamos ir reduciendo hasta su desaparición el agronegocio, que destruye territorios, cuerpos y nos da de comer chatarra a base de venenos, quemas, talas, hacinamiento de animales y productos comestibles que emulan ser comida. Pasa que, obviamente, los dos modelos no pueden convivir. No puede haber fumigaciones y decir “pero al mismo tiempo hay agroecología”. Hay que elegir un modelo por otro: el que beneficiaría a toda la sociedad, o al pequeño puñado de empresarios que son en los que hace muchísimo tiempo se deposita la idea y esperanza de salida del desastre en el que estamos, mientras profundizan la pobreza.

–¿Cómo es nuestra alimentación?

–La alimentación en Argentina acompaña un movimiento en todo el mundo que tiene que ver con la transición alimentaria cada vez más profunda de alimentos reales a ultraprocesados; hoy comemos cosas comestibles, y hace unos años comíamos alimentos. Hay personas que solamente comen cosas hechas por las mismas marcas y empresas de la mañana a la noche. Comprás pan en el supermercado y tiene cinco formas de azúcar diferentes, sustancias que nunca jamás tuvo el pan, entre ellas diez aditivos. Está diseñado para que comas más, y no tenés información de lo que te produce lo que estás comiendo. En pandemia se agudizó, desde el aumento de delivery hasta los supermercados que vendieron más snacks, bebidas alcohólicas y azucaradas. Eso sumado al encierro y la falta de ejercicio, nos empeoró muchísimo la salud. Y en nuestro país hubo una sola conferencia que apuntó a atender cómo impacta la alimentación sobre la salud. El Estado no brindó ningún tipo de respuesta para entender que la alimentación es el primer reaseguro que tenemos para garantizar que nuestros cuerpos estén fuertes para enfrentar un virus como este.

–¿Qué producto te sorprendió que te haga decir “no puede existir esto”?

–Sin dudas, el estirador de hamburguesas. «

Las otras leyes que se tratarán

En el Congreso de la Nación de un país como la Argentina, y con las actitudes que últimamente genera la oposición, dando a entender acuerdos y luego rechazando acercamientos, nunca se puede asegurar algo hasta que pase. Pero hasta hoy existe consenso para tratar este martes la Ley de Etiquetado Frontal. Y no es lo único: también se debatirán políticas para personas en situación de calle y beneficios para el sector viñatero. Ambas iniciativas iban a ser tratadas hace más de dos semanas, cuando el macrismo no dio quórum, y exigió otras leyes a cambio.


El martes le sumarían otras normas, como la prórroga de la Ley Ovina y el proyecto enviado por el Senado que autoriza la entrada de tropas extranjeras al territorio nacional y la salida de fuerzas nacionales para participar en los ejercicios del programa de ejercitaciones combinadas que se realizará del 1 de septiembre de 2021 al 31 de agosto de 2022.