Dos funcionarios de Morón debieron rendir cuentas ante el Concejo Deliberante por la implementación del Servicio de Alimentación Escolar en el distrito. Semanas atrás, los concejales de la oposición habían denunciado presuntas irregularidades en la contratación de cuatro empresas porteñas, en desmedro de Pymes de la zona que habitualmente proveían el servicio. Además, para completar la maniobra, el gobierno de Ramiro Tagliaferro, el ex marido de la gobernadora María Eugenia Vidal, desdobló el monto total del fondo para evitar una licitación pública.

Desde fines de enero, Morón se convirtió en uno de los doce distritos del Conurbano que municipalizó la administración de estos recursos. Se trata de una prueba piloto impulsada por la Provincia que busca evitar la participación de los Consejos Escolares locales, que también dependen de La Plata. Esta iniciativa fue declarada inconstitucional por el juez Luis Arias, pero la medida fue apelada.

En Morón, Leandro Tagliaferro, el hermano del intendente y ex cuñado de la gobernadora, se encargó personalmente de las negociaciones con las cooperadoras y las autoridades de las escuelas tras interiorizarse sobre las necesidades de los comedores escolares.

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Ante la falta de información y un gran hermetismo por parte del oficialismo, los concejales del Frente para la Victoria, del Partido Socialista y del Frente Renovador promovieron la interpelación del intendente.

El Ejecutivo dilató la realización de esta sesión hasta que finalmente el viernes pasado, el secretario interino de Economía y Finanzas, Jorge Álvarez Holmberg, y el subsecretario de Legal y Técnica, Cristian Herrera, asistieron al recinto. Primero, ambos funcionarios aclararon que desde la Provincia se había duplicado el presupuesto destinado a los comedores de las escuelas estatales y que un equipo de nutricionistas había confeccionado un menú de mayor calidad y con más proteínas para los alumnos. Luego, el debate giró en torno a las empresas proveedoras.

«El gobierno de Tagliaferro dividió las órdenes de compra y, de modo absolutamente discrecional, le adjudicó a empresas con domicilio en Capital el servicio a través de una licitación privada. Violaron el procedimiento administrativo de contrataciones», dijo el presidente del bloque de concejales del FPV, Hernán Sabbatella, quien continuó: “Desde el propio oficialismo ya habían admitido que fraccionaron las compras de los alimentos destinados a las escuelas para evitar la licitación pública. El secretario interino de Economía señaló que hizo una consulta “informal” con el Tribunal de Cuentas, quien lo autorizó a partir las compras».

De esta manera, según Sabbatella, se desplazaron a los históricos proveedores locales para favorecer a Bagala S.A, Teylem S.A, Equis Quince y Compañía Integral de Alimentos S.A. «Se descubrió que las empresas adjudicatarias tienen vínculos societarios entre sí y que una de ellas ya había sido denunciada en el año 2012 por entregar yogures en mal estado a escuelas porteñas», agregó.

El subsecretario de Legal y Técnica, Herrera, argumentó que “el traspaso del servicio se dio el 31 de enero y las clases comenzaron el 6 de marzo por lo que era imposible encarar una licitación pública”. De acuerdo a esta versión, el funcionario aseguró que “había dos formas de hacer este proceso: una era agrupar los establecimientos y realizar una licitación en forma privada y, la otra, hacer una contratación directa y, de acuerdo con el artículo 156 de la Ley Orgánica de las Municipalidades, seguiríamos cumpliendo la normativa. Elegimos la primera opción para evitar la contratación directa”.

Tras varias horas de debate, los cinco concejales del Frente Renovador y el edil del Partido Socialista se levantaron de sus bancas y abandonaron el recinto por lo que consideraron “una discusión estéril entre Cambiemos y el FPV. Vinimos a saber más sobre este convenio y las posibles irregularidades del proceso licitatorio, de la prestación del servicio y la calidad de los alimentos y terminamos escuchando entre esos sectores decirse quién de los dos era más corrupto. Esto demuestra que son lo mismo”, se quejó el concejal Martín Marinucci, líder del massismo local.

Ahora, los concejales de la oposición esperan que el convenio firmado entre el Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia de Buenos Aires y el Municipio de Morón sea tratado “con carácter de urgencia” en el Concejo Deliberante.