Luisa Cienfuego tenía 49 años. Murió en la unidad Nº8 de Los Hornos, en La Plata. La versión oficial, la del propio Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), asegura que sufrió un infarto. En cambio, familiares y organizaciones sociales denuncian que fue un crimen.
Desde el Frente Nacional de Liberados sostienen una versión de los hechos muy diferente a la del SPB: Desde la cárcel le habían dicho por teléfono a los parientes de la mujer, que estaba viva cuando ya no lo estaba. Denuncian que la muerte fue un hecho de violencia institucional, producto de la precariedad del sistema punitivo de encierro.
Según el relato de los familiares y las compañeras de pabellón de Luisa, el miércoles 12 de julio, la mujer fue atendida en el área de sanidad (el hospital de la cárcel) por un cuadro de presión alta. El sábado 15 recibió a su visita, a las 9: sus familiares notaron que se sentía mal de salud. En eso momento, las compañeras de Luisa le exigieron a los funcionarios del SPB, que fuera atendida, y debieron insistir hasta que la llevaron a la sanidad. Allí la medicaron con un analgésico, dos pastillas chiquitas y dos inyecciones que habrían sido para la presión y la llevaron nuevamente al salón de visita.
La familia notó que Luisa no los reconoce, que estaba perdida, que le hablaba a las paredes. Volvieron a exigir que la atiendan. El SPB le pidió a la familia que se retirara, pero ellos, viendo el estado de Luisa, no querían irse. A las 12:10 logran que la trasladen a la Unidad de Pronta Atención (UPA) de Los Hornos. La directora ese lugar, Norma Díaz, se acercó a la familia y quedó en contacto. En una comunicación telefónica a las 13:10, Díaz les comunicó que Luisa fue internada y que se encontraba estable. A las 15:30, en una nueva comunicación telefónica, la directora del penal les avisó que Luisa había fallecido. La familia se dirigió a la Unidad y un médico les precisó que Luisa ingresó a las 12:10 y que falleció a las 12.45. Es decir, desde la cárcel habían dicho por teléfono a los parientes, que mujer estaba viva cuando ya no lo estaba, relató minuciosamente a Tiempo, una fuente del Frente Nacional de Liberados.
A raíz de la muerte de Luisa, sus compañeras de encierro iniciaron un reclamo. Sin embargo la respuesta del SPB fue de represión, incluso a mujeres mayores, y el traslado de unas 14 detenidas hacia los penales de Romero y Magdalena, donde semanas atrás familiares y presos denunciaron varios hechos de similares características.
Desde el Frente, reclaman: Exigimos que se investigue, en forma exhaustiva, el motivo de la muerte de Luisa y al cuerpo médico que estuvo de turno cuando sucedieron los hechos, considerando la falta de medidas de prevención y atención médica adecuadas durante su estadía en el penal. Denunciamos la mala atención que reciben las presas en la unidad Nº 8, lo cual no solo vulnera el derecho a la salud sino que es la causa de muertes evitables.
Y finalizan: Repudiamos la brutal represión a las compañeras que reclamaban condiciones sanitarias y lo traslados arbitrarios que hubo, porque no son una medida del protocolo de seguridad, tal como aduce el SPB en los medios de comunicación, sino una forma de castigo. Las cárceles llevan a cabo un exterminio silencioso de la clase más pobre de la sociedad, son una deuda de la democracia».
