La comunidad de Cueva del Inca protestaba por el daño a su medioambiente producido por la explotación minera y por una cautelar sobre su reclamo territorial que les impide llevar adelante mejoras en sus condiciones de vida. La policía provincial reprimió y detuvo a seis personas, incluido una menor de edad y un anciano.
Miembros de la Comunidad Aborigen Cueva del Inca fueron reprimidos por la policía provincial y por infantería cuando realizaban un corte parcial en la Ruta Nacional Nº 9 en la localidad de Tilcara. Alcira Mamaní, miembro de la comunidad, habló con Tiempo y denunció que se llevaron seis personas detenidas, incluyendo una niña menor de edad y una persona mayor de edad con problemas de salud. Además cuenta que los uniformados abrieron fuego con postas de goma a corta distancia por lo que hay personas con heridas muy profundas que aún se encuentran en el hospital.
El corte de ruta se hizo de manera simultánea con la comunidad de Laguna de los Pozuelos. Mamaní declaró que se encuentran protestando por dos motivos: “Uno es la minería de Chinchillas, que está haciendo desastres con la laguna y la cuenca de Pozuelos. Este es un lugar desértico de por sí pero con esto ya hay mucha contaminación, los animales que beben la poca agua, mueren envenenados y en el suelo ya se nota el veneno de la minería”. Desde Tilcara, donde estaba lloviendo y había un fuerte viento, Mamaní enfatizaba el peligro de la minería de Chinchillas para la Quebrada, «porque el agua llega con el río Grande».
La policía y la infantería llegaron exhibiendo armas largas cerca del mediodía para “despejar la ruta” sin orden judicial y sin intención de entablar una mediación como es habitual en estos casos, «vinieron directamente a reprimir, y ni estábamos impidiendo el tránsito, porque era un corte parcial, pacífico y formado mayormente por un grupo de mujeres». Mamaní explica que el reclamo también se debe a una cautelar que impide a varias familias de la comunidad acceder al agua potable, luz, baño, condiciones de vida digna. “Responsabilizamos al gobierno provincial por todo el daño causado a los integrantes de la comunidad, con la intervención de la policía”, advierte.
Los manifestantes denunciaron que con “extrema violencia policías sin identificación robaron teléfonos con los que las mujeres grababan la feroz golpiza que recibían los integrantes de la comunidad que luego fueron arrestados”.
Antes del corte, desde la comunidad, denunciaban: “El hostigamiento a la comunidad de Cueva del Inca impide a las familias vivir dignamente en su territorio. Esta comunidad viene atravesando desde marzo 2015 una grave situación judicial, porque el juez Sebastián Cabana impuso una medida de prohibición de innovar que no permite el acceso a los servicios básicos sanitarios, de luz y agua potable. Impide trabajar en el circuito turístico de su territorio. Asimismo, en estas últimas semanas se agudizó el hostigamiento con la sentencia de la multa de más de un 1.000.000.de pesos”.
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