Las trabajadoras sexuales nucleadas en la Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina (AMMAR) marcharon este lunes para denunciar ante el gobierno de la Ciudad «la agudización de la violencia policial durante la cuarentena» y reclamar «políticas públicas que mejoren sus condiciones de vida durante la crisis sanitaria.

La movilización salió a las 15 desde la Casa Roja, en Santiago del Estero 1399, del barrio porteño de Constitución hacia el Ministerio de Justicia y Seguridad porteño.

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La pandemia las dejó sin ahorros, con deudas impagables y a muchas en la calle o al borde del desalojo por no poder pagar un alquiler. A esto se sumó el aumento de la violencia policial.

«La crisis económica y la falta de apoyos estatales ha generado que muchas trabajadoras sexuales, principalmente del colectivo travesti trans, salgan a ofertar servicios sexuales en la vía pública: esta situación las enfrenta a múltiples hechos de violencia policial por incumplimiento del aislamiento social obligatorio», dijeron.

“Sufrimos un constante hostigamiento por parte de la policía, no solo debemos soportar el maltrato físico sino lo que es más aberrante es la homofobia, no nos tratan como chicas trans que somos, nos tratan de masculinos”, denunció en diálogo con Tiempo Dayana, trabajadora sexual de Constitución quien camina la calles hace catorce años.

 “Vine a la Argentina con la ayuda de una compañera con la intención de progresar ya que en mi país, Perú, no podés ejercer tu vida libremente. Decidí ser trabajadora sexual por necesidad no es porque me guste y me encante esta vida. Estamos expuestas a muchísimo peligro en la calle y si tuviera otra posibilidad de sustento dejaría la calle sin dudarlo”, explicó y destacó en ese sentido el cupo laboral tras en la gestión público y en el Senado. “Hace años que venimos luchando porque se nos reconozca como trabajadoras y que se establezca el cupo laboral es una victoria, todas las compañeras estamos realizando nuestros currículum, porque queremos dejar esta vida”, agregó.

En este contexto de crisis económica y sanitaria, desde AMMAR reclaman políticas públicas que mejoren las condiciones de vida de las trabajadoras sexuales. “La Organización creó un Fondo Nacional de Emergencia para atender los casos más críticos pero son demasiados los pedidos de ayuda y no puede dar respuesta» a todos, afirmaron.

«En Constitución, por ejemplo, el 90% de trabajadoras sexuales vive en hoteles de familia y más de 200 adeudan entre 40.000 y 60.000 pesos de alquiler desde el inicio de la cuarentena: al no tener contratos formales, los dueños o administradores, amenazan constantemente con desalojarlas y están en constante riesgo de quedar en situación de calle», agregaron.