Lourdes Hidalgo no es la misma desde el 30 de marzo 2006. Ni lo será. A los 50 años, lleva desde aquel día secuelas imborrables en el alma, en la piel y en los pulmones. Es una de las sobrevivientes del peor incendio registrado en un taller clandestino en la Argentina, en el que murieron seis personas, cinco de ellas niños. Ahora, Lourdes debe lamentar que la Justicia haya devuelto el inmueble de Flores a sus dueños, aquellos a quienes considera los máximos responsables de la tragedia. Las víctimas y sus allegados quieren que el lugar se convierta en un espacio de memoria y concientización sobre el trabajo esclavo y sus consecuencias.

«Quebraron mi salud pero mi fuerza de la voluntad no la van a poder quebrar, porque ahí murieron mis compañeros y sus hijos, quemados por coser la ropa que usamos, que está manchada de sangre», advierte la mujer, y asegura que peleará hasta las últimas consecuencias para que se revierta la decisión judicial del pasado 9 de octubre, por la que el juez Julio Alberto Baños restableció la propiedad de Luis Viale 1269 a Daniel Alberto Fischberg y Jaime Geiler.

Estos dos hombres habían sido sobreseidos en un escandaloso fallo en mayo pasado por el mismo juez. Vale decir que a mediados de 2016, un tribunal ya había condenado a Luis Sillerico y Juan Manuel Correa a 13 años de prisión por considerarlos culpables de reducción a la servidumbre. En esa resolución se ordenó investigar a los dueños del inmueble, pero la Justicia no pudo establecer que tuvieran conocimiento de las condiciones, a pesar de ser los dueños del lugar, de las máquinas y de la marca que allí se producía.

Lourdes llegó de Bolivia hace 14 años. El primer año estuvo en otro taller textil y luego entró al de la calle Viale. Al mes ya se había dado cuenta del sistema de explotación. «Me quise ir pero me dijeron que pagaban cada tres meses, así que tuve que quedarme», recuerda. Aquel 30 de marzo, fue la penúltima en salir, llevando en brazos al hijo mayor de Fernando y Sara, dos de sus compañeros. El hijo menor de la pareja fue uno de los cinco chicos que dejaron sus vidas allí: Wilfredo Quispe Mendoza, de 15 años; Elías Carbajal Quispe, de 10; Luis Quispe, de 4; Rodrigo Quispe Carvajal, de 4; y Harry Rodríguez, de 3. La sexta víctima fue Juana Vilca, de 25 años y embarazada.

El lugar estaba habilitado desde 2001 para cinco máquinas de coser. Sin embargo, funcionaban 30, y vivían allí 65 personas. El incendio comenzó por el cortocircuito en un cable de un televisor. «Ellos sabían de las malas condiciones del lugar, pero no les importaba, porque hacer mejoras les representaba menos ganancia. Teníamos un solo baño para las 65 personas. Les pedí que hicieran otro y dijeron que, si no me gustaba, que me fuera», recuerda Lourdes.

La sobreviviente señala que, al menos en una oportunidad, «vi entrar a los dos señores, y cuando les pregunté a mis compañeros quiénes eran, me dijeron que eran los dueños. Pero nosotros, como indocumentados y migrantes, cuando entra el patrón tienes que bajar la cabeza y a seguir trabajando».

Reconoce que será difícil convertir el predio en un espacio de memoria: «Hoy hay mucha injusticia para el obrero migrante. Nos persiguen como a delincuentes. Es muy injusto. Las trasnacionales son los verdaderos delincuentes que van de país en país explotando gente; pero a nosotros sí nos pusieron fronteras».

En Ciudad, controles selectivos

Juan Vázquez conoce la problemática de la explotación de los migrantes en los talleres. Es parte del Colectivo Simbiosis Cultural y de la Cooperativa Juana Vilca, en homenaje a una de las víctimas de la calle Viale. «La idea es que ese espacio se convierta en un símbolo de lo que no queremos que siga pasando», explica, y señala que en la ciudad de Buenos Aires sólo hubo controles hace unos años, con la decisión de ir en contra de los talleres que no trabajan con las «marcas cercanas», en alusión a las vinculadas a la familia presidencial. «Hoy, la mirada está puesta en Villa Celina», añade el referente textil.