A los productores agroecológicos y a los trigueros comerciales que forman parte del agronegocio los une el espanto. Aunque enfrentados por el modelo de producción –una transición en armonía con la naturaleza versus monocultivos industriales con millones de litros de agrotóxicos–, en el último tiempo coincidieron en presentaciones judiciales y pedidos al gobierno nacional para evitar la liberación del enemigo en común: el trigo transgénico.

A una semana de que la Comisión Técnica de Bioseguridad de Brasil aprobara la comercialización de la harina de trigo HB4 desarrollada por la empresa biotecnológica Bioceres –en colaboración con la Universidad Nacional del Litoral y el Conicet–, en Argentina la que se pronunció fue la justicia federal. El jueves pasado advirtió “la clara necesidad de un amplio ámbito de acceso a toda la información disponible en la materia y de participación pública en el proceso de toma de decisiones” por tratarse del “primero que se autoriza de su especie a nivel mundial”.

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En concreto, el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°3, a cargo de Santiago Carrillo, ordenó al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación a publicar en el término de cinco días, sin restricciones y en su página web, la totalidad de los informes de los que se valió la Resolución 41/2020 que autorizó el potencial cultivo de trigo HB4 (sujeto al interés comercial de Brasil). Lo exhortó, además, a que en el término de veinte días “diseñe, implemente y ponga en funcionamiento un procedimiento de participación ciudadana adecuado a los estándares constitucionales aplicables (Acuerdo de Escazú, ley 27.566) que permita a todo interesado a efectuar presentaciones ante la autoridad de aplicación, las que deberán ser consideradas”.

En paralelo, insta al Instituto Nacional de Semillas (INASE) a que en un plazo de cinco días publique en el Boletín Oficial la Resolución 535/2021 por la cual el INASE da cuenta de los riesgos de la contaminación cruzada que representa el trigo transgénico en contacto con el tradicional.

La orden judicial se dictó en el marco de la causa madre sobre los Organismos Genéticamente Modificados (OGM), en la que el fiscal Fabián Canda, a cargo de la Fiscalía Nº 8 en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo Federal, había acompañado el pedido de suspensión provisional de la autorización para comercializar la semilla, los productos y subproductos derivados del OGM HB4.

“Si bien no hace lugar a la suspensión, la resolución es buena porque reconoce los déficits que presentan los OGM en cuanto a las evaluaciones del riesgo; se cuestiona la validez del sistema de aprobación”, explica Fernando Cabaleiro, de la ONG Naturaleza de Derecho y abogado de los productores agroecológicos y asambleas de pueblos fumigados que recurrieron a la justicia.

“Los planteos en la justicia –agrega– están concentrados en la contaminación genética, los riesgos que representan a la salud, a la afectación de los derechos humanos a la agroecología y a una alimentación adecuada”.

En nuestra mesa

El trigo HB4 es capaz de tolerar situaciones de sequía y es resistente al glufosinato de amonio, un herbicida al que la Organización Mundial de la Salud (OMS) califica como “moderadamente peligroso”.

Para Javier Souza Casadinho, ingeniero agrónomo, docente y coordinador de la Red de Acción en Plaguicidas de América Latina (Rapal) es esperable que suceda lo mismo que con la soja transgénica y el glifosato: “cada año vamos a ver cómo aumenta el uso del glifosinato, cómo se va extendiendo la frontera agrícola y cómo se va a seguir deforestando cada vez más, pero con el agravante de que el trigo, a diferencia de la soja, está todos los días en nuestra mesa”.

Souza Casadinho concluye que se trata de un fenómeno que siempre está atado a los mercados y al interés comercial: “No importa la salud. Llevamos 25 años de transgénicos y nunca cumplieron la promesa de acabar con el hambre y mejorar la calidad de la alimentación”.

Fuerte rechazo social, académico y comercial

Más de 200 organizaciones y 6200 ciudadanos y ciudadanas firmaron el documento ¡Con nuestro pan NO! donde explicitan 20 razones por las cuales no debe liberarse el trigo HB4, el cual ya fue presentado al gobierno para exigir que se revea la decisión. A su vez, más de 1000 científicos del Conicet y de 30 universidades públicas nacionales también expresaron su rechazo en una carta al Ejecutivo nacional.

El sector del agronegocio, sin cuestionar la aprobación desde la perspectiva de la inocuidad alimentaria y seguridad ambiental sino solo desde la mirada económica, manifestó su rechazo a la aprobación comercial del HB4 al considerar que “el daño que produciría al mercado de trigo argentino sería irreparable e irreversible” y “se pondría en riesgo los esfuerzos realizados para consolidar nuevos mercados y expandir fuertemente las exportaciones”.