La Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN) presentó un nuevo informe sobre la situación de la salud en cárceles federales, que empeoró durante la pandemia declarada por el Covid-19. Esta problemática estructural es la causal número uno de muertes en el encierro punitivo. Las directoras de la investigación ahondan en el diagnóstico y detallan las recomendaciones.

El trabajo se realizó durante 2019 y fue financiado por el Fondo Especial del OPCAT, de Naciones Unidas. Las académicas parten del cálculo que brindó el Subcomité de Prevención Contra la Tortura durante su visita a este país. “Este organismo hizo un informe en 2013, e indicó que había que garantizar la salud los siete días por semana y las veintitrés horas por día”, explicó a Tiempo Argentino, Marta Monclús Masó, directora del Observatorio de Cárceles Federales de la PPN.

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Además, el Subcomité agregó que se deben hacer exámenes médicos independientes siguiendo los lineamientos del Protocolo de Estambul. Y recomendó que la atención a la salud en cárceles tiene que ser garantizada por el Ministerio de Salud de la Nación y no por el Servicio Penitenciario Federal (SPF). La investigadora explicó que “entonces partimos de este presupuesto e hicimos el trabajo y nos dejó como resultado serias deficiencias en la atención médica”.

Monclús Masó continúo relatando y puntualizando: “El SPF está orientado a la custodia y seguridad de las personas detenidas, su misión no es la promoción de la salud. Por lo cual pasa a estar supeditada a otras prioridades que tienen los establecimientos penitenciarios. En la investigación queda al descubierto que es deficiente, irregular, y que no hay un plan de medicina preventiva”. También agregó que las personas que padecen el encierro punitivo “no saben cuándo van a ser atendidas y cuándo les realizan algún tipo de estudio no les brindan los resultados”.

En diálogo con este diario, la experta continuó contando que en base a esta investigación, “datos que recolectamos, entrevistas que hicimos a personas detenidas y también a médicos de SPF hacemos una serie de recomendaciones”.

La investigación coincide con los resultados ya antes producidos por el Subcomité de Prevención Contra la Tortura: “Que las cuestiones de salubridad pasen a depender del Ministerio de Salud de la Nación. De este modo, se puede lograr que el estándar de atención médica en las cárceles sea equivalente a la que se brinda en la comunidad”, subrayó y enfatizó, Monclús Masó.

También explicó que para mejorar la relación entre médico y paciente ambos sistemas deben funcionar de manera independiente. Porque al estar los profesionales de la salud insertos en la estructura militarizada del servicio penitenciario, “tienen una doble lealtad, que es cumplir las órdenes del director del penal. Esto genera que no se pueda construir la adecuada confianza entre las personas presas y los médicos”.

Otra recomendación es sobre los profesionales de la salud mental. Los psicólogos tienen que ser independientes, no deben estar bajo la estructura jerárquica de los penitenciarios. “Tampoco deben tener funciones de calificación de conducta y conceptos sobre las personas privadas de la libertad. No pueden estar evaluando el tratamiento de esta fuerza y a la vez uno terapéutico. Porque de este modo se pierde la confianza entre el profesional y el paciente”, aseveró Monclús Masó. Cerró aconsejando que los psicólogos y médicos deben realizar “capacitaciones específicas para atender en contextos de encierro”.

Cabe destacar que el análisis realizado indica que el 60% de las personas privadas de libertad se autoperciben enfermas y que el 31% de las entrevistadas cuentan que esas dolencias o afecciones fueron adquiridas mientras padecen el cautiverio.

Andrea Triolo es directora general de Protección a los Derechos Humanos de la PPN. En diálogo con este diario explicó que “es contradictorio pensar la salud en las cárceles. Porque son espacios hacinados, en malas condiciones de habitabilidad, en situaciones de violencia y malos tratos con una deficiente atención médica”.

También contó que utilizaron la experiencia acumulada de la PPN en diferentes abordajes que hizo en distintas áreas focalizadas, como ser, en casos de fallecimiento y torturas. “Este trabajo nos dio un importante conocimiento y nos mostró lo negativo vinculado a las cuestiones de salud”.

“Nuestra investigación tuvo dos pilares. Por un lado, aplicar las recomendaciones del Protocolo de Estambul, que orientan a la atención médica en contexto de encierro y recomienda la salud independiente”, explicó Triolo. Agregó. “El otro eje es la voz de las personas detenidas respecto a las percepciones que tienen sobre la atención que reciben”.

Desde el organismo hicieron talleres para aplicar las herramientas que se construyeron. Fueron dictados en las distintas delegaciones de la PPN a lo largo del país y lo hicieron en articulación con los organismos nacionales y locales de la prevención contra la tortura. “Realizamos encuentros en Mendoza, Chaco, Misiones y en la Academia Nacional de Medicina de la Ciudad de Buenos Aires”, especificó la directora.

“Estos cursos nos dejaron saldos muy positivos y nos mostraron la necesidad de generar puentes con el Poder Judicial, el cuerpo médico forense y los organismos de protección de Derechos Humanos que trabajan específicamente en esta temática”, finalizó.