Un plan maestro; por Adrián Murano

La reforma educativa que se propone imponer el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y que desató una ola de tomas en los colegios porteños, forma parte de un proyecto mayor, un Plan Maestro, como fue bautizado con pompa por el gobierno de los CEO. 

El plan fue presentado en 2016 por el entonces ministro de Educación y hoy candidato a senador por la provincia de Buenos Aires, Esteban Bullrich. El proyecto -que también se difundió bajo el nombre de fantasía “Plan Estratégico Nacional 2016-2021 ‘Argentina Enseña y Aprende’”- pasó casi inadvertido para el gran público, pero puede consultarse en la página de la cartera educativa. El punto 1.5.2 expone, como parte de sus objetivos centrales, el “Fortalecimiento y ampliación de la práctica profesionalizante”. En criollo: convertir a los chicos en mano de obra gratuita como parte de su formación escolar.  

Tiene lógica que la ciudad opere como punta de lanza de la reforma que el gobierno pretende aplicar en todo el país. Capital nacional del PRO, al macrismo le sobra espalda política, económica y mediática para imponer su punto de vista. Basta repasar el tratamiento que los principales medios porteños realizan de las tomas para comprobarlo: la cobertura va del ataque al desprecio de los “párvulos” (Jorge Lanata dixit), a quienes se los acusa de ser “idiotas útiles” de partidos políticos, “vagos que no quieren estudiar” y “delincuentes que toman edificios públicos”. Omiten un detalle. La Ley de Educación exige que las reformas sean evaluadas en conjunto por la autoridades, docentes, padres y estudiantes. Eso es, precisamente, lo que piden los alumnos: que el gobierno habilite un debate en serio -no la farsa símil TED que montó esta semana la ministra Soledad Acuña- sobre un área que involucra al conjunto de la sociedad. O sea: los pibes quieren que los adultos cumplan con la ley. Pero en la Argentina, se sabe, eso es mucho pedir.

La lluvia de barbaridades que periodistas y funcionarios descargan sobre los estudiantes en lucha es proporcional al uso político que el gobierno realiza del conflicto social. Como ocurrió con la muerte de Nisman y la desaparición de Santiago Maldonado, el oficialismo logró meter al reclamo estudiantil en “la grieta”, una ciénaga de intolerancia política donde la acusación, la chicana y la sospecha es más importante que la verdad. Así estamos. «