La asonada jurídica de Horacio Rodríguez Larreta, desconociendo el fallo de la justicia federal que lo obliga a suspender las clases presenciales, no sólo suma riesgo epidemiológico a la población porteña en el peor momento de la pandemia; también suma confusión.

Entonces, ¿hay clases o no? Esa pregunta resonó al cabo de cada jornada en todos los chats de padres y madres, y más allá de que la “grieta” empuje a muchas familias a decidir sin atender las decisiones de los tribunales, el gobierno nacional viene desplegando herramientas que pongan coto a una situación que, a partir del no acatamiento del Ejecutivo porteño, puede generar un descontrol sanitario.

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En este caso, una carta firmada en conjunto por los ministros de Educación, Nicolás Trotta, y de Justicia y Derechos Humanos, Martín Soria, procura hacer comprensibles los fundamentos de la medida a uno de los sectores que se han mostrado menos receptivos al respecto, que es el de los colegios privados.

La carta está dirigida al Dr. Rodolfo De Vicenzi, titular de la Confederación Argentina de Instituciones de Enseñanza Privada (CAIEP), y pone de manifiesto “nuestra vocación de acompañar la tarea educativa en este difícil momento en el cual el crecimiento de la curva de contagios por Covid-19 se ha acentuado en forma muy preocupante, a lo que se ha sumado una situación de incertidumbre y confusión ajena a la comunidad educativa”.

Los ministros puntualizan que buscan “aportar claridad y serenidad”, y procuran explicar la anomalía jurídica que generó la actitud del gobierno porteño. “Le queremos hacer saber que el Decreto N° 241/2021 es una norma federal que se encuentra vigente, por lo cual corresponde sostener la continuidad educativa no presencial o en contexto virtual hasta el 30 de abril de 2021 en todos los niveles y en todas sus modalidades en el aglomerado del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). El mencionado decreto dispone medidas sanitarias que dan cuenta del severo riesgo epidemiológico para la población, causado por la velocidad en el aumento de la curva de contagios, particularmente en la zona del AMBA”.

“No desconocemos la confusión que ha generado el dictado de una medida cautelar para continuar con las clases presenciales suspendidas por la norma federal citada, que fuera dispuesta por un tribunal local de la Ciudad de Buenos Aires sin competencia para adoptar esa decisión”, dicen, y agregan: “Lamentamos que, en el momento de mayor riesgo sanitario y ante la evidencia del crecimiento sostenido de casos de Covid-19, se genere una situación de incertidumbre que sin dudas aqueja a la ciudadanía y a la comunidad educativa toda, cuando no se respetan las normas federales dispuestas en el marco de una pandemia para cuidar la vida y la salud de la población, y las autoridades que desconocen un mandato de la autoridad judicial competente demuestran una actitud política y jurídica irresponsable”.

La misiva resalta “la disposición para acompañarlos en el esfuerzo educativo que desarrollan en condiciones tan adversas”, e invita a que no se computen las inasistencias ni se adopten medidas compulsivas.

Mientras desde la cartera que comanda Trotta exploran alternativas para desplegar una metodología de “presencialidad administrada” que permita controlar la circulación en las zonas de mayor epidemiológico, su firma y la de Soria intentan poner en conocimiento de las autoridades de los colegios privados la real magnitud del desafío de Larreta a la justicia federal: por un lado, la que hace al riesgo jurídico; por el otro, como si fuera necesario repetirlo luego de una jornada con más de 29 mil nuevos contagios confirmados, la que intensifica, sin ninguna lógica, el riesgo sanitario.

La carta se conoció luego de que este miércoles el presidente de la Nación, Alberto Fernández, recibiera a Trotta para “analizar la situación de la presencialidad cuidada en todo el territorio argentino”, según informaron fuentes oficiales. Fue el segundo encuentro entre el ministro y el presidente luego de que, a pesar de las recomendaciones de Trotta de mantener la presencialidad, el presidente decretara la virtualidad para el AMBA por 15 días.

Tras esa decisión, y en medio de intentos por parte de otros sectores del Frente de Todos de querer ocupar el sillón de Trotta, el presidente se mostró con el ministro. “Evaluaron la realidad de las clases presenciales en cada provincia y abordaron la situación metropolitana ante el incumplimiento del fallo de la Justicia Federal por parte de la Ciudad de Buenos Aires”, informaron desde el gobierno nacional.

Asimismo, Trotta expuso las alternativas que viene desarrollando la cartera educativa para desplegar una agenda de presencialidad administrada que permita reducir la circulación en aquellas zonas que presenten mayor riesgo epidemiológico debido al crecimiento exponencial de casos, como es el AMBA.

Si bien la atención estuvo puesta en las idas y vueltas judiciales en la ciudad de Buenos Aires, lo que alteró la vida de las familias porteñas tras el desacato de Rodríguez Larreta al decreto presidencial, el resto de las provincias también muestra zonas de alta circulación del virus. Es por eso que el encuentro entre el jefe de Estado y el ministro se centró en el análisis de la circulación en todo el territorio nacional, que es donde luego se replican los números del AMBA.