Lisette Fernández tenía 12 años cuando perdió a su hermana mayor, y 13 cuando se quedó sin mamá. La última vez que vio a su hermana Micaela, por entonces de 14 años, la notó asustada. En cambio, el último recuerdo de Nancy, su madre, la tenía enojada. Mujeres, pobres y pertenecientes a la comunidad qom Yecthakay de Tigre, las Fernández están atravesadas por una trama que incluye drogas, abusos, sospechas de trata de personas y denuncias de femicidios.

En un primer momento, el reclamo de verdad y justicia lo impulsó Eugenio Fernández, padre de Nancy. Pero el anciano falleció en 2017. Tiempo después, apenas alcanzó la mayoría de edad, su nieta Lisette se calzó esa mochila. Organiza rifas para juntar fondos y así poder contratar a un abogado, encabeza movilizaciones para exigir avances judiciales, y se acaba de anotar en la carrera de Derecho, impulsada por su propia historia.

A Micaela Fernández la hallaron muerta de un tiro en la cabeza el 17 de febrero de 2013 en la casa de Dante «Pato» Cenizo, señalado en el barrio tigrense de La Paloma por sus antecedentes como narcotraficante. Desde 2014 se encuentra preso, pero por otra causa relacionada a drogas. El expediente por la muerte de la adolescente, en cambio, fue archivado en El Talar como suicidio. Según fuentes judiciales consultadas por este diario, había elementos claros en ese sentido, como la presencia de pólvora en su mano, pero su familia denunció que estaba «toda golpeada» y con cortes en la cara.

Su mamá, Nancy Fernández, se presentó entonces en la Comisaría 6º de El Talar, donde recibió amenazas y golpes. “India de mierda, callate la boca”, le advirtieron. El 2 de mayo de 2014, también fue hallada muerta. En su casa. Semidesnuda y golpeada, aunque con lesiones de distintos momentos. Según consta en la causa, falleció por broncoaspiración. Hasta hoy nunca esclarecieron los motivos.

La investigación estuvo parada durante años. A tal punto que la Fiscalía General de San Isidro en 2019 la sacó de la órbita tigrense y la derivó a Vicente López. En este momento la tienen a su cago los fiscales Marcela Semería y Gastón Larramendi. Si bien la causa de Micaela ya fue cerrada y archivada, también es materia de análisis. Después de más de un lustro sin movimiento, del fallecimiento de Nancy aún hay pendientes peritajes de celulares y pedidos de ampliación de declaraciones. Tras la derivación de la causa a otra fiscalía se dio intervención también a la Policía Federal: la familia siempre denunció complicidad, o al menos irregularidades, de parte de la policía bonaerense en el distrito.

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“Volví al reclamo de mi mamá y mi abuelo”

“Empecé el año pasado. Anteriormente era menor, no podía hacer nada. Cumplí 18 y volví al reclamo de mi mamá y de mi abuelo”, declaró Lisette Fernández a Tiempo, al repasar el recorrido de su búsqueda de verdad y justicia. Tras la muerte de Micaela, su mamá la envió a vivir a la casa de otra hermana. Temía que le pasara algo. Nunca le habló demasiado del tema. Pero Lisette veía a Nancy denunciando el accionar policial en El Talar. No asustada, enojada.

Su hermana, en cambio, sí estaba con miedo. “A Micaela siempre se la veía asustada. Las pocas veces que la pude volver a ver. A veces se escapaba de la casa de Cenizo –con quien supuestamente tenía una relación– a lo de mi mamá. Pero se iba rápido, decía que se tenía que ir. La última vez que la vimos le contó a mi mamá por qué se tenía que ir, que tenía miedo, que estaba amenazada. Que habían abusado de ella, que la prostituyeron. Pero eso lo supe más adelante”.

A poco más de un año de perder a su hermana, Lisette recibió la noticia de la muerte de Nancy. Para entonces vivía con una tía. “Después de lo de mi mamá iba de un lado a otro. Así viví muchos años”. Su abuelo Eugenio, referente de la comunidad qom en Las Tunas, encabezaba los reclamos y buscaba respuestas, pero sin incluirla, tal vez buscando protegerla. “Nunca me hablaba de nada. Yo me daba cuenta de algunas cosas pero mucho no podía entender, era muy chiquita. Y no hablaba del tema con mi abuelo. No me hablaban a mí de eso. Me fui dando cuenta sola, con los años”.

En septiembre encabezó una movilización a la Fiscalía de Pacheco para reclamar avances en la investigación. Ahí supo que la causa había sido derivada a Munro. Recién entonces accedió al expediente. Cuando vio las fotos del cuerpo de su mamá tuvo una crisis. Sufrió un ataque de pánico y terminó en el hospital, donde le sugirieron comenzar terapia. Aún aguarda la ayuda del área de Género de Tigre, para costear ese tratamiento.

Mientras, tras finalizar recientemente el secundario, se acaba de anotar para estudiar Derecho en la Universidad de José C. Paz:  “Todo este tema con los abogados, viendo tantos casos de trata, de femicidios, de violencia, y tan pocos abogados que quieran ayudar, me llevó a estudiar eso”.

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“Gran guerrera”

“Mi hermana no se suicidó, mi mamá no sufrió una muerte natural, fueron dos femicidios”, denunció Lisette en septiembre, cuando encabezó la movilización para reclamar avances judiciales. Aunque su abuelo no le hablaba del tema, ella retomó sus banderas. Ya en 2014 Eugenio Fernández cuestionaba que la causa del fallecimiento de su nieta estuviese caratulada como suicidio, y archivada por el fiscal Diego Molina Pico: «Los policías decían que Micaela se mató, pero era una piba que nunca pensó en matarse. Dijeron que se había suicidado, pero justo estaba en la casa del Pato», en referencia a Cenizo. En aquel momento, la Secretaría Ejecutiva del Consejo Provincial de Asuntos Indígenas, dependiente de la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires, acompañaba al referente qom. Gabriela Comuzio, titular del área, criticaba que «Molina Pico investigó a la víctima y no al presunto asesino, y archivó la causa». Pese a estos planteos, el expediente no se reabrió. Sólo llegaron a que sea remitida una copia a los fiscales que ahora investigan la muerte de Nancy.

Lisette logró otro avance: que el tema llegue a la política. En diciembre, el Concejo Deliberante de Tigre aprobó un proyecto del edil Javier Chaina Parbst para elevar un pedido de informes a la Fiscalía General de San Isidro sobre el estado de estas causas. Esperan alguna respuesta recién en febrero, después de la feria judicial.

“Es un apoyo a una chica que está muy sola. Es un caso emblemático que quedó ahí, y hay que encontrar una definición para ella”, aseguró a este diario el concejal Parbst, del Frente de Todos. Y recordó: “Nosotros participábamos en las marchas cuando murió la hija, después pasó lo de la madre. Es terrible”. El proyecto solicita informar al Concejo Deliberante “las medidas de prueba ordenadas, la situación procesal, la existencia de imputados y los pasos a seguir para acreditar los hechos denunciados y que los mismos no queden impunes”.

“Lisette no está sola. Acompañamos su reclamo de justicia para su madre y su hermana. No fue suicidio, no fue muerte natural. Es femicidio, es racismo, es genocidio ya que el Estado es cómplice al no actuar y desoír el asesinato de nuestras hermanas”, exclamó a Tiempo Cintia López, cacica de la comunidad qom de Garín y referente de la Unión de Pueblos Originarios de Tigre y Escobar. Remarcó que toda la comunidad exige justicia para las Fernández, y definió a Lisette como una “gran guerrera”, emblema qom de Tigre.

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Otra Micaela con Cenizo

El 24 de enero de 2015, el cuerpo de una joven de 21 años fue hallado semienterrado y golpeado en un descampado del barrio de Las Tunas. Era Tamara Micaela López y llevaba varios días desaparecida cuando dos adolescentes la encontraron por casualidad. Al poco tiempo se abrió una sospecha en torno al vínculo que la víctima tenía con Dante «Pato» Cenizo. Una de las hipótesis que se barajó tenía que ver con que Tamara Micaela debía declarar en una causa por venta de estupefacientes que lo tenía como acusado. Pero el móvil nunca se probó. Y la causa, igual que la de Micaela y Nancy Fernández, permaneció largo tiempo congelada en Tigre. Hasta que fue derivada al mismo grupo de fiscales que retomó las investigaciones por las muertes de las mujeres qom.
Por el momento no hay elementos judiciales que unan la causa de Tamara Micaela con las de madre e hija Fernández. Pero las medidas en curso podrían modificar el escenario tras largo tiempo de letargo: pasados casi seis años del crimen, semanas atrás los elementos de prueba fueron remitidos al nuevo equipo de investigadores.

Una historia de lucha que comenzó en los ’60

Desde hace más de medio siglo en Tigre viven familias de dos comunidades qom: la Yecthakay y la Cacique Ramón Chara. “Vinimos en los años sesenta y nos instalamos en una villa de Béccar. Después, en Benavídez. En ese tiempo se sufrió mucha discriminación. Nos tiraban piedras, nos decían ‘indios’. Con el tiempo, la gente nos empezó a respetar. Ahora nuestra lucha está más visibilizada, hay reclamos en toda América de los pueblos originarios», describió Santiago Chara, de la Unión de Pueblos Originarios de Zona Norte, acerca de la situación de los qom en el distrito. En esa lucha se inscribe también la de Lisette. «Pero hoy mismo –continúa–, todavía a veces se sufre la discriminación. A veces trabajo en los countries y cuando les digo que soy indígena me miran con otra cara. Mucha gente no se muestra como es; yo mismo de chico tuve vergüenza, pero de grande ya no. Me puse a pensar en todo lo que hace y todo lo que hizo nuestra gente, y voy tratando de seguir ese camino”.