Tras el fallo de la Corte que declaró inconstitucional la inclusión del catecismo en la currícula, sectores católicos le exigen alternativas.
No queda claro cómo lo harán. Por lo pronto, la decisión de la Corte vino a corregir una situación de discriminación contra cientos de niños y niñas salteñas que no integran el grupo religioso predominante en el distrito o ningún otro, y que, a partir de la ley provincial de Educación de 2008, sufrían una fuerte estigmatización. Excluidos durante la clase de religión en rigor, catecismo, pues sólo se impartía la enseñanza de la fe católica, la coerción para revelar su pertenencia a tal o cual creencia ya implicaba una grave afectación de sus derechos.
Para Torcuato Sozio, director ejecutivo de la Asociación de Derechos Civiles, que junto con un grupo de padres había presentado en 2010 un amparo colectivo contra el Estado provincial que primero tuvo varios reveses en los tribunales locales, el fallo de la Corte vino a afirmar «la ecuanimidad del Estado frente a las creencias de sus habitantes, que es lo que da sentido al principio de neutralidad religiosa».
Rápido de reflejos, el gobernador Juan Manuel Urtubey ya tenía listo un proyecto de ley alternativo, previendo la sentencia adversa de los cortesanos. Sin que integre los contenidos obligatorios, busca que la enseñanza religiosa se imparta igual en todas las escuelas públicas, aunque fuera del horario de clases, y que los padres opten por dejar a sus hijos una hora más en los colegios.
El subterfugio permitiría mantener la educación católica dentro de los colegios, aunque como materia extra, no dentro del plan de estudios oficial, y esa pérdida de estatus exaspera a los sectores más recalcitrantes de una provincia donde la fe se expresa cada año en multitudinarias procesiones. El fallo de la Corte motivó, por ejemplo, una airada declaración de la Corporación de Abogados Católicos, que lo atribuyó a «la ceguera nacida de la ideología, de la dictadura de una memoria laicista y de la prevalencia del pensamiento único por sobre la justicia». El martes, un grupo de maestros de la Asociación Docente Provincial (ADP) marchó alrededor de la plaza 9 de Julio a favor de la enseñanza religiosa en las escuelas públicas, rechazando que se transforme en una «hora extra».
Marta Oviedo, abogada del gremio, se mostró preocupada por las fuentes de trabajo de los 610 maestros de religión que impartían la materia: «¿Qué papá va a llevar a su hijo a una séptima hora? Sabemos que eso sería un fracaso, al principio iría todo el grupo, después la mitad y, al final, sólo unos cuantos». Con una clase por semana, los docentes no llegarían a cubrir 18 horas semanales, carga requerida para cobrar un sueldo completo. Desde el sector ofrecen una curiosa alternativa: cambiarle el nombre a la asignatura, por ejemplo, Educación en Valores. Un modesto ardid que difícilmente logre mover montañas. «
En este contexto, ha sido una victoria inmensa»
Alejandra Glik es una de las madres que en 2010 presentó el recurso de amparo que derivó en el fallo de la Corte, que ella considera «histórico» para el contexto de la provincia de Salta. «Ya tenían lista una modificación del artículo de la ley provincial cuestionada, o sea que se la veían venir cuenta, pero ahora eso tiene que discutirlo la Legislatura. Nosotros vamos a estar pendientes de que se cumpla el fallo de la Corte. Por lo pronto, sabemos que se convertirá en una materia extracurricular, una séptima hora una vez a la semana, y que el que quiera, se quedará. De ese modo siguen en sus tareas los profesores de religión. Los obispos de Salta están incitando a las familias a no dejar de asistir a la materia, lo que prueba nuestra posición, que se trataba de catecismo».
«No va a ser fácil, porque además de la materia, lo que hay aquí es una serie de prácticas religiosas durante la jornada escolar, rezos, y dudo que todo eso desaparezca de un día para el otro. Antes del fallo de la Corte, la provincia mandó circulares desalentando los rezos, pero nadie les dio mucha bolilla. Hay que entender que esto es Salta, y en este contexto esto es una victoria inmensa, un fallo histórico, y que pone en blanco sobre negro el nulo papel del Estado en la responsabilidad de generar contenidos para una materia curricular que, en realidad, siempre estuvieron en manos de la Curia.
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