Son casi las 23 horas del lunes 18 de abril. En el lapso de media hora, la policía de Rosario encuentra a cuatro personas asesinadas. Dos de ellas calcinadas en un auto. El miércoles, la comunidad educativa de la escuela Islas Malvinas llegó a una nueva jornada que debió suspenderse: encontraron 46 vainas en el piso y una carta amenazando a las docentes.
Es solo una muestra de la escalada de violencia en Rosario que enciende todas las alertas. Los números hablan: 85 homicidios en lo que va del año (15 en los últimos diez días). Un asesinato cada 31 horas. La mitad, jóvenes. Y 15 víctimas fatales fueron mujeres. La crecida es evidente si se compara con los 77 registrados en el mismo período del año pasado. La situación generó el noveno cambio de jefe de la Unidad Regional II de la Policía provincial, junto con los reclamos a Nación por el envío de mil gendarmes y a la Justicia Federal por la reestructuración del sistema local.
Las cifras cotidianas corren el riesgo de naturalizarse en el departamento más poblado de Santa Fe, con casi 1,2 millones de habitantes. Pero hay un contexto y antecedentes para este fenómeno complejo. El pico máximo de víctimas fatales se alcanzó en 2013 con 264 homicidios, la mayoría producto de los enfrentamientos de bandas que intentaban expandir su territorio para el redituable narcomenudeo que, por un lado, consume el producto y blanquea sus ganancias en el mercado financiero del centro y, por el otro, despliega toda su violencia en los barrios populares con la connivencia policial. Una problemática que a lo largo de una década ningún nivel del Estado pudo solucionar.
En estos casi cuatro meses de 2022, la mitad de los crímenes tuvieron como blanco a varones jóvenes de entre 15 y 29 años y se cometieron en la vía pública. Casi la mitad estuvo relacionada a organizaciones criminales y economías ilegales, según datos del Observatorio de Seguridad Pública del Ministerio de Seguridad de Santa Fe.
En ocho de cada diez asesinatos se emplearon armas de fuego. Hay casos testigo como la imputación a Uriel Luciano «Lucho» Cantero –hijo del líder de Los Monos, Claudio «Pájaro» Cantero, asesinado en 2013– a fines de enero, por el acopio de 24 pistolas valuadas en 20 mil dólares y por instigar un asesinato, reflejando la realidad del mercado ilegal de las armas de fuego y cómo las bandas financian la compra de ellas, algunas valuadas en 1500 dólares.
Un eje es la relación de estas organizaciones con financieras que operan en la city rosarina, evidenciado en dos causas: una fue el procesamiento en la Justicia federal del empresario Gustavo Shanahan, extitular de Terminal Puerto Rosario, como integrante de la banda del piloto de avión peruano ligado a Los Monos, Julio Rodríguez Granthon. El empresario tenía una cueva financiera en el microcentro donde cambiaba los pesos que dejaban como ganancia los búnkeres de Villa Banana por dólares con los que Rodríguez Granthon pagaba los cargamentos de cocaína de máxima pureza de Bolivia. La otra es la imputación a tres directivos y un asesor de la financiera Cofyrco por vender unos 17 mil dólares al barra de Newell’s Marcelo «Coto» Medrano. La transacción se hizo la tarde del 10 de septiembre de 2020 horas antes de que Coto fuera asesinado a sangre fría en Granadero Baigorria. Quedó registrada en su celular.
«Rosario es un caso único en la Argentina. Las organizaciones controlan sectores de la Policía y dan órdenes. Los policías están subordinados a los líderes de las bandas criminales, no establecen las reglas del juego», fue una de las frases que dejó el exministro de Seguridad Marcelo Sain el pasado 1 de abril, cuando declaró como testigo en el juicio a la banda de Esteban Alvarado, en el que siete uniformados ya reconocieron ser miembros.
Esta semana también se conoció la confirmación de la pena a diez años de prisión para el exjefe Antidrogas de la Policía provincial, Alejandro Druetta, por haber pactado con el narco Ignacio Actis Caporale intercambiando información de sus competidores: así podía detenerlos y lograr ascensos. A cambio, Caporale seguía con la venta de estupefacientes sin ser molestado.
La mayoría de los jefes de las bandas más importantes y sus segundas líneas están detenidos. Sin embargo, el complejo entramado de actividades delictivas que consiguieron en estos años bajo el amparo de un sector de las fuerzas de seguridad hace que sigan ordenando desde las cárceles federales o provinciales a las terceras y cuartas líneas, mucho más violentas y desorganizadas. De los 85 homicidios, en el 71% de los casos hubo planificación previa y casi la mitad fue ordenada por terceros.
Desde el Observatorio de Seguridad Pública alertaron que se ve una mayor presencia de mujeres sobre el total de víctimas: «Entre 2015 y 2021 este indicador se mantuvo relativamente estable en torno al 10%, mientras que en lo que va de 2022 se alza por encima del 20 por ciento».
En estos años los gobiernos locales implementaron políticas públicas para el abordaje de las violencias que afectan principalmente a los barrios y jóvenes de sectores vulnerables. Una de ellas fue el programa Nueva Oportunidad que tuvo su experiencia a nivel provincial entre 2013 y 2019. Ahora está bajo la órbita del municipio de Rosario. En diálogo con Tiempo, su director Luciano Vigoni remarcó que para hablar de violencia hay que hablar de desigualdad: «Hay un sistema productivo implementado desde la dictadura que lleva a un deterioro en las relaciones laborales, vecinales, los clubes y los sindicatos que históricamente constituían un sujeto social en donde lo colectivo, el bien común, la comunidad, estaban en el centro. La pandemia vino a reforzar los niveles de desigualdad y el Estado necesita reconfigurar sus prácticas, no achicarse, sino ampliarse viendo otras experiencias».
Advierte que «las grandes bandas perduran en el tiempo y siguen sumando conocimiento para reproducirse» y que las políticas públicas deben llegar «a la mayor cantidad de pibes y así disputarlos a las bandas». En esta nueva etapa, el programa trabaja con derivaciones de adolescentes que están en la Justicia Penal Juvenil y también con menores no punibles que pasaron por alguna institucionalidad. «En este último tiempo se vio una fragmentación dentro del sector popular, la violencia penetró en todo, junto con la necesidad del consumo material y social porque con esto buscamos ser parte de una sociedad. Les brindamos un abordaje multidimensional desde lo colectivo con propuestas sociodeportivas y culturales. Lo que buscamos es salir de la lógica del expediente, de lo que aconteció en el sistema penal, y abordarlo de manera integral».
Una clave es la articulación pública entre las organizaciones sociales, religiosas y políticas para romper con la dinámica de los derechos vulnerados. «Cuando se discuten más o menos penas no se tiene en cuenta el recorrido vital en el pibe, en qué condiciones nació, para pensar un recorrido que permita un quiebre –completó–. Se tiene que hacer responsable pero también tiene que poder salir de esa lógica por la que entró». «
Un juicio paradigmático
Un juicio icónico del mundo narcocriminal se desarrolla en Rosario. Esteban Lindor Alvarado, sindicado jefe de las mayores organizaciones, está siendo juzgado por el homicidio de un prestamista y por liderar una compleja asociación ilícita. También están en el banquillo cuatro de sus laderos, pero gran parte de su banda ya aceptó su responsabilidad con penas en juicios abreviados, entre ellos siete policías que le brindaron cobertura entre 2012 y 2019, para que se disputara el territorio con otro poderoso clan: Los Monos.
Alvarado, de 45 años, ya cumplió una condena de seis años por robo de autos en el Gran Buenos Aires y según la acusación de los fiscales Matías Edery y Luis Schiappa Pietra, «desde su lugar de detención construyó un emporio de empresas y puso en funcionamiento una red de negocios que le permitieron crecer económicamente al ritmo que sostenía con ello su estructura criminal». La Fiscalía describió que tenía tres estamentos: uno encargado de lo operativo y logístico, otro que administraba los bienes en un entramado de sociedades legales y el tercero, la pata policial por la que están identificados ocho uniformados.
«A veces da la sensación de ser una ciudad tomada»
El Padre Fabián Belay, referente de la Pastoral de Drogadependencia de la Arquidiócesis de Rosario, analizó en diálogo con Tiempo la situación de las violencias desde dos problemáticas: la crisis del Estado y la crisis cultural que atraviesa toda la sociedad. «Hay una gran deuda histórica, la falta de inversión en los barrios vulnerables. No solo en Rosario, sino en el país. En espacios de recreación, en la escuela que no está aggiornada a la realidad de los barrios vulnerables».
Para el sacerdote, se produjo un debilitamiento en lo simbólico del rol de la política que lleva a que no haya una autoridad legitimada, y a esto se suma un desprestigio de la policía: «Eso genera una anomia. Entonces, aparecen otras figuras de poder, como las estructuras mafiosas que están presentes en toda la sociedad y en todas las clases sociales».
Para Belay, la pandemia agudizó el debilitamiento del entramado social que ya venía ocurriendo: «Estamos viviendo en un individualismo y consumismo que lleva a un sálvense quien pueda. La clave para revertir esto es fortalecer y empoderar a los líderes positivos, es el gran desafío porque hoy se nos exige estar a la altura de una situación que es muy crítica, y se nos interpela a todos: el Estado, la Iglesia, las organizaciones y la gente de a pie». Y concluyó que se necesitan políticas públicas a largo plazo: «No puede ser que se organicen por cuatro años mientras las estructuras mafiosas son estables y atraviesan las clases altas, medias y más vulnerables, ya sea por el consumo o por los negocios de los eslabones criminales. Las políticas del Estado son fluctuantes. A veces da la sensación de que Rosario es una ciudad tomada».
