El 5 de octubre, el etiquetado frontal pasó a estar en boca de toda la Argentina. El proyecto iba a ser tratado por el Congreso de la Nación en una sesión extraordinaria convocada por el presidente de bloque del Frente de Todxs, Maximo Kirchner, pero el bloque opositor, Juntxs por el Cambio, negó el quórum necesario para sesionar y la ley perdió una oportunidad de ser tratada luego de 10 meses de espera. La iniciativa cuenta con media sanción en el Senado y  tendrá una nueva oportunidad de convertirse en ley este martes 26 de octubre.

¿Qué impacto tendrá su aprobación en la vida de las personas de menores ingresos?

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La Ley de Promoción de la Alimentación Saludable, más conocida como Ley de Etiquetado Frontal, tiene tres pilares fundamentales: el derecho a la información, el derecho a la salud y el derecho a una alimentación adecuada. Elobjetivo es acercar información nutricional simple y comprensible, que advierta a lxs consumidorxs sobre aquellos productos envasados que contengan un exceso de nutrientes críticos —como sodio, azúcares y grasas—, cuyo consumo se encuentra entre las principales causas de una pandemia silenciosa que ataca al mundo entero: las enfermedades crónicas no transmisibles (ECNT). Según la 4° Encuesta Nacional de Factores de Riesgo, las ECNT como diabetes, cáncer, y enfermedades cardio y cerebrovasculares son responsables del 73,4% de las muertes en la Argentina y constituyen la principal amenaza para la salud humana.

La advertencia a lxs consumidorxs se realizaría en forma gráfica, a través de un sello en forma de octógono en color negro con una leyenda que advierta sobre el exceso de estos nutrientes críticos. Los alimentos y bebidas que contengan al menos un sello de advertencia no podrán ser ofrecidos o patrocinados en los establecimientos del nivel inicial, primario y secundario del sistema educativo nacional. Además, la ley establece para estos productos la prohibición de toda forma de publicidad, promoción o patrocinio que esté dirigida a las infancias y adolescentes. 

El termómetro de los barrios

Según el informe de incidencia de la pobreza y la indigencia en aglomerados urbanos, elaborado por el INDEC, durante el primer semestre de 2021 se registró que el 40,6% de lxs argentinxs vive en la pobreza, es decir que no tienen ingresos suficientes para cubrir sus necesidades básicas, entre ellas una alimentación adecuada.

El aislamiento social, preventivo y obligatorio (ASPO) decretado en el marco de la pandemia de COVID-19 significó para muchxs trabajadorxs informales perder la única entrada económica que sostenía sus economías. Es así que los bolsones de asistencia alimentaria se tornaron vitales para la subsistencia en los barrios populares.

Gabriela Rodríguez vive en el municipio de Lanús, en la provincia de Buenos Aires, y es referente de la Unión Vecinal Barrio 9 de Julio en Villa Caraza. Junto con sus vecinos y vecinas realiza asambleas para dar solución a los conflictos del barrio. “Cuando nos enteramos de la resolución de la Provincia nos comenzamos a informar y organizar para que a ningún pibe le falte el bolsón de alimentos”, cuenta Gabriela en referencia a la resolución bonaerense  573/2020 que estableció la entrega de un bolsón de emergencia de productos alimenticios destinado a niñas, niños y adolescentes en edad escolar. El servicio alimentario escolar estaría a cargo de esta gestión y serían los municipios quienes coordinarían las entregas en las diferentes escuelas. “Parecía una cargada, que la única forma para registrarse para el bolsón sea mediante un formulario por internet, si parte de nuestros reclamos era la falta de conectividad en el barrio”.

Cuando los bolsones entregados por el municipio de Lanús llegaron, los reclamos no tardaron en aparecer. “La resolución de provincia indicaba la cantidad y la calidad de los productos que debíamos recibir, pero lo que entregó el municipio era muy diferente. El aceite tenía que ser de girasol pero nos entregaron aceite mezcla y de muy mala calidad, los fideos se deshacían cuando los ponías en el agua, era una humillación”, recuerda Gabriela.

La ley de etiquetado frontal establece en su artículo 10 que aquellos productos que contengan al menos un sello de advertencia tendrán prohibida su promoción o entrega a título gratuito. Esto incluiría a los bolsones de asistencia alimentaria destinados a los sectores de mayor vulnerabilidad social, obligando incluso al Estado a reformular los programas de asistencia alimentaria. ¿Cómo están compuestos los bolsones de asistencia alimentaria hoy en día? ¿Qué calidad de alimentación garantizan? ¿Quiénes están a cargo de su diagramación?

Los alimentos sanos, seguros y soberanos no deberían ser un privilegio. Mientras que un sector de la sociedad encarga online un bolsón de productos orgánicos y lo espera cómodamente en su en casa, hay otro que ruega tener datos móviles para poder anotarse para recibir bolsones de alimentos de baja calidad.

Según la Organización Panamericana de la Salud, la Argentina es el tercer país en América Latina que mayor cantidad de ultraprocesados consume, y esto sucede en detrimento de alimentos frescos, frutas y verduras. Actualmente solo el 6% de la población consume las 5 porciones de frutas o verduras recomendadas (4° Encuesta Nacional de Factores de Riesgo). ¿Por qué los bolsones de asistencia alimentaria no contemplan estas cifras y sus impactos en la salud? ¿Quiénes acceden a los alimentos de buena calidad en el país?

Esto es sólo el comienzo

En el mejor de los escenarios, el martes 26 de octubre Argentina se convertirá en un país de avanzada respecto al rotulado advertencia de alimentos, ya que la ley que espera ser tratada por la Cámara de Diputadxs cuenta con la mejor evidencia científica disponible en la región. Y es que al ser uno de los últimos países en regular el etiquetado frontal, nuestro país tuvo la oportunidad de observar las experiencias y falencias de los países vecinos como Chile o Uruguay. Para que la ley sea eficiente debe ser aprobada sin modificaciones, ya que cualquier cambio implicaría su regreso al Senado y la posibilidad de una legislación más laxa para las empresas alimenticias.

Quienes se oponen a la ley argumentan que “no es urgente”, pero la salud de 44 millones de argentinxs no puede seguir esperando. Una vez más: que sea ley.