La hermana del rey Felipe VI y su esposo estan involucrados en malversación de fondos y se fueron a vivir a Ginebra
La justicia absolvió a la infanta Cristina, hermana del rey Felipe VI, y condenó a su marido a seis años y tres meses de prisión por un escándalo de malversación que hizo tambalear a la monarquía española.
La sentencia del tribunal de Palma de Mallorca (Islas Baleares), que puede ser recurrida al Tribunal Supremo, exculpa a Cristina de Borbón un año después de convertirse en el primer miembro de la familia del rey en sentarse en el banquillo de los acusados.
«Debemos absolver y absolvemos a doña Cristina Federica de Borbón y Grecia de los delitos contra la hacienda pública», reza la sentencia emitida siete meses después de que el juicio fuera visto para sentencia.
Su marido corrió menos suerte: fue condenado a seis años y tres meses de prisión y a una multa de 512.000 euros por haber malversado junto a un exsocio varios millones de euros entre 2004 y 2006 a través del Instituto Nóos, una fundación sin ánimo de lucro que presidía.
Ahora el fiscal debe decidir si reclama su envío a prisión inmediato.
Él y su socio Diego Torres, condenado a ocho años y medio de cárcel, habrían inflado contratos públicos firmados con los gobiernos regionales de Baleares y Valencia, entonces dirigidos por el conservador Partido Popular del ahora jefe de gobierno Mariano Rajoy.
Exculpada de fraude fiscal, la infanta Cristina, de 51 años, fue multada con 265.000 euros por su responsabilidad civil como beneficiaria de las ganancias obtenidas por su marido, una suma ya restituida durante el procedimiento.
Satisfacción y disgusto
Según la prensa, Cristina e Iñaki conocieron la sentencia desde Ginebra, donde viven desde 2013 con sus cuatro hijos.
En Barcelona, el abogado de la infanta, Miquel Roca, declaró a la prensa que su clienta recibió el fallo «con satisfacción pero también (…) con el disgusto de compartir una condena para su marido que ella considera injusta porque creyó, cree y seguirá creyendo en la inocencia de su esposo».
En todo momento, Cristina negó conocer las actividades de su marido y explicó haber actuado con total confianza hacia este exjugador olímpico de balonmano con quien se casó en 1997.
El juicio oral, con 17 acusados, se desarrolló entre enero y junio de 2015 bajo una fuerte expectación mediática, con numerosos medios difundiéndolo en directo por internet.
El escándalo estalló a finales de 2011 y causó un profundo malestar entre la sociedad española, golpeada por una de las peores crisis económicas de las últimas décadas.
El escándalo acabó precipitando la abdicación en junio de 2014 del rey Juan Carlos I y la llegada al trono de su hijo Felipe VI con la intención de restaurar la imagen de la monarquía.
El nuevo monarca no sólo mantuvo al matrimonio alejado de los actos oficiales, como ya había hecho su padre, sino que incluso les retiró el título de duques de Palma que recibieron al casarse.
Desde la Casa Real evitaron comentar la noticia este viernes. Un portavoz se limitó a expresar el «máximo respeto a la independencia judicial» mientras Felipe y su esposa inauguraban sonrientes una exposición en un museo de Madrid.
Acusación controvertida
Las juezas del tribunal fueron menos severas que la fiscalía que reclamaba 19 años y seis meses de prisión para Urdangarin y una sanción de 980.000 euros.
En cambio, el fiscal Pedro Horrach defendió en todo momento la inocencia de Cristina, copropietaria junto a su esposa de una sociedad que recibía fondos del Instituto Nóos.
Sin embargo, la infanta fue finalmente juzgada por la denuncia de una controvertida asociación anticorrupción, Manos Limpias, cercana a la extrema derecha.
En medio del proceso, el dirigente de esta organización fue encarcelado acusado de codirigir una red de extorsión y de haber chantajeado a los abogados de la infanta.
La sentencia también salpica al partido de Mariano Rajoy: Jaume Matas, exministro (2000-2003) del gobierno conservador de José María Aznar, fue condenado a tres años y ocho meses de prisión como expresidente regional de las Baleares.
Matas admitió haber atribuido contratos a Nóos sin concurso previo porque Urdangarin era el yerno del rey.
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