México atraviesa un conflictivo escenario en el que están relacionados el gobierno, la prensa y el crimen organizado en un triángulo de violencia y cruces políticos de uno y otro lado de una grieta manifiesta. Mientras se registra un incremento preocupante de secuestros extorsivos y otros crímenes, el país se mantiene en el trágico podio de naciones más peligrosas para ejercer el periodismo. En lo que va de 2022 ya fueron asesinados seis periodistas, que engrosan la lista de 150 víctimas fatales pertenecientes a medios de todos los Estados del país en los últimos 22 años.

El presidente Andrés Manuel López Obrador debió enfrentarse así a los reclamos directos de hombres y mujeres de prensa a quienes aseguró que “no están solos” y pidió “confiar” en las investigaciones, en un país en que más de 90% de los homicidios de reporteros permanecen impunes, según organizaciones defensoras de la libertad de expresión. Todo en medio de una dura disputa que mantiene con un famoso conductor de línea opositora, que involucra a instituciones oficiales y aviva la grieta entre oficialistas y opositores que se cruzaron incluso en las clásicas conferencias matutinas del presidente.

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«Aquí, desde Tijuana, donde enterramos a dos de nuestros colegas, Margarito Martínez y Lourdes Maldonado, en menos de una semana, no dejaremos de exigir justicia», le dijo al presidente la periodista Sonia de Anda, en el encuentro con los medios del jueves, en Baja California. Además de los mencionados, Heber López, Marco Ernesto Islas, Luis Gamboa y Roberto Toledo completan la trágica lista de asesinados en distintos Estados de México en lo que va del año, apenas inferior a la de todo el año pasado, que es de siete, según el relevamiento de Reporteros sin Fronteras (RSF), organización que hace años califica a México como el «país más mortífero para la prensa».

Esta semana hubo manifestaciones en varias ciudades de México contra la ola de violencia. Reporteros, fotógrafos y camarógrafos se manifestaron también en el parlamento  y en el salón del palacio presidencial donde AMLO realiza habitualmente sus conferencias matutinas. En Ciudad de México colocaron fotografías de los reporteros asesinados este año junto con velas. También mostraron pancartas con las leyendas «El Estado no me cuida, me mata» y «la precarización de las y los periodistas también es violencia».

El legítimo reclamo cobró un tono político cuando medios opositores incrementaron su crítica al presidente. Discusión que se trasladó a las mismas conferencias de López Obrador, donde hubo cruces, incluso, entre periodistas oficialistas, que mencionaron la existencia de un “golpe blando”, mientras que opositores se negaban a seguir participando de la conferencia, como relató la periodista Cecilia González en un artículo en RT. Por su parte, el presidente pidió no utilizar la muerte y el dolor ajeno. “Eso es una manipulación”, afirmó. Además respondió a los mensajes leídos en las manifestaciones. “Nosotros no mandamos aniquilar a nadie; todo nuestro apoyo, nuestra solidaridad, a los periodistas. Hay que proteger a todos: ricos, pobres, periodistas honestos y mercenarios, a todos”, dijo.

Esto último está directamente relacionado con la disputa que mantiene el presidente con algunos periodistas y dueños de medios, pero principalmente con Carlos Loret de Mola, actual presentador de Televisa y columnista del Washington Post. Loret de Mola publicó en el sitio Latinus.us un informe sobre el hijo de López Obrador, en que asegura que su estilo de vida aparentemente lujoso contrasta con la personalidad pública humilde que promueve el presidente. Como respuesta, López Obrador reveló supuestos ingresos de casi 1,7 millones de dólares anuales recibidos por Loret de Mola de parte de multinacionales. Solicitó incluso al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) de México, estatal y autónomo, un informe sobre el origen de los bienes de ese profesional, lo que fue rechazado por el organismo al considerar que se vulneraría la privacidad y los datos personales protegidos por ley. El INAI sugirió a su vez a AMLO requerir información los organismos tributarios y de registros públicos de la propiedad.

En medio de la ola de asesinatos, las acusaciones del presidente produjeron una defensa cerrada de varios medios corporativos y periodistas que se declararon blanco del ataque oficial. Organizaciones internacionales como el Comité de Protección a Periodistas y Human Rights Watch se sumaron a las críticas. También lo hizo el ultraconservador senador de origen latino, Ted Cruz, quien afirmó que en México existe «una profundización de la agitación civil» y le pidió al presidente Joe Biden presionar a su homólogo mexicano para frenar la violencia contra periodistas. «Si él me alabara, si él hablara bien de mí, a lo mejor me pondría yo a pensar que no estamos haciendo bien las cosas, pero si él dice que estamos mal, pues la verdad sí me produce orgullo», fue la respuesta del mexicano.