La redacción de la nueva Constitución chilena entró en una etapa decisiva. En las últimas semanas se aprobó una batería de normativas que prefiguran la gestación de una institucionalidad altamente disruptiva, un eventual marco político-jurídico que servirá como punto de partida para enterrar la pesada herencia pinochetista y avanzar en las transformaciones reclamadas en el alarido popular de 2019. Pero todavía queda un trecho espinoso, marcado por una feroz campaña de boicot y desinformación que logró deslegitimar el proceso y poner en duda su aprobación final.

La Convención Constitucional se instaló el 4 de julio del año pasado, arropada de un aluvión de expectativas por su impronta y composición: hegemonizada por espacios de izquierda y movimientos sociales, con paridad de género y 17 escaños reservados a los pueblos originarios. Un proceso constituyente inédito en el mundo. Después de una primera etapa de recibir propuestas y definir su funcionamiento, ahora se encuentra debatiendo y votando las normas que serán despachadas el 6 de mayo al borrador final. Luego una comisión armonizadora le dará la forma definitiva y el Dia D será el 4 de septiembre con el “plebiscito de salida”, cuando se vote si se aprueba o no la nueva Carta Magna.

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Sistema político y derechos sociales

Entre los paquetes de artículos aprobados en la última semana se destaca el referido al carácter del Estado y la estructura de sus poderes. Se aprobó definir al país como “un Estado social y democrático de derecho. Plurinacional, intercultural y ecológico». Este punto modifica de raíz el espíritu de la actual Constitución -impuesta a sangre y fuego en 1980- que otorgó implícitamente al Estado un rol subsidiario dando vía libre al desenfrenado lucro empresarial. Es decir, ataca el corazón del modelo neoliberal que fuera impugnado masivamente durante el estallido social.

Otro aspecto crucial, que generó escozor en el establishment, fue la aprobación de sustituir al Senado por una “Cámara de las regiones”, un órgano alternativo cuyas atribuciones aún están por definir pero que implicaría transitar hacia un Estado con mayor poder y autonomía para las regiones, reconociendo explícitamente “la plurinacionalidad y la interculturalidad”.

También por estos días se dio el visto bueno a un combo de artículos sobre los derechos sociales que consagrará la futura Constitución. Se establece el derecho a la salud y la creación de un Sistema Nacional de Salud “universal, público e integrado”; se consagra el derecho a la vivienda estableciendo que “toda persona tiene el derecho a una vivienda digna y adecuada”; el Estado deberá asegurar “a todas las personas el derecho a la educación”; y se pondrá fin al tan cuestionado sistema privado de pensiones (las AFP), creando un régimen estatal de seguridad social.

Además, se da un paso fundamental en materia de derechos sexuales y reproductivos, y por primera vez se reconoce el derecho a la identidad de género. En tanto, se votó a favor del derecho a la muerte digna, el derecho a la participación de trabajadores y trabajadoras en las decisiones de las empresas y una batería de artículos de cuidado ambiental y regulación de la actividad minera, como la protección de las fuentes de agua, los glaciares y los humedales.

Por último, otro artículo aprobado reconoce a Chile como “un Estado plurilingüe; su idioma oficial es el castellano y los idiomas de los pueblos indígenas serán oficiales en sus territorios”.

La cancha inclinada

Así y todo, el proceso constituyente atraviesa una zona de turbulencias. Por disputas internas, por la falta de una línea comunicacional unificada y por lo acotado del tiempo disponible. Pero sobre todo por la campaña de deslegitimación impulsada por los sectores conservadores, el poder empresarial y los principales medios, que inundan las pantallas televisivas y virtuales con información distorsionada y noticias falsas.

Recientemente se publicaron cuatro estudios de opinión pública que advierten el creciente desinterés en la Constituyente y el alza de la opción “Rechazo” para el plebiscito de salida. Más allá de posibles manipulaciones, aparece una señal de alarma en el último tramo de un hito cardinal para el futuro del país.

Cada Constitución es hija de su tiempo. Y el tiempo actual está marcado por la idea fuerza del “Chile despertó”, por este carácter transicional donde el viejo orden tira sus últimos zarpazos antes de morir y los dueños de todas las cosas se resisten a perder sus privilegios. La estocada final a la Constitución pinochetista significaría un duro golpe al sistema político que rigió la inconclusa transición a la democracia: lo que está en juego es, nada menos, que la reorganización y redistribución del poder.

Boric y la Convención Constitucional

Gabriel Boric sabe que buena parte de los cambios que proyecta impulsar irán de la mano de un eventual final feliz de la nueva Constitución. Esta semana salió nuevamente a bancar el proceso y pidió “no dejarse guiar por quienes instalan abiertamente mentiras”. E invitó a la población a que «no caigamos en juicios apresurados, evaluemos el texto final».

También en su reciente visita a la Argentina el presidente chileno habló del tema. Al ser consultado sobre el presunto desinterés por la Constituyente, señaló: “Los sondeos de opinión por supuesto que son preocupantes y son un llamado de atención para todos quienes creemos que este proceso es necesario”.

“Mi llamado es buscar la mayor transversalidad y amplitud posible para construir una Constitución que sea un punto de encuentro entre los chilenos y chilenas. Y eso implica que hay que darse espacio para que los acuerdos sean más amplios de lo que han sido hasta ahora, para modificar lo que haya que modificar”, sostuvo.

Sus palabras no cayeron bien en algunos sectores de su propio espacio político, sobre todo esta cuestión de la “transversalidad” que fue interpretada como un llamado a la moderación y a la inclusión de una derecha que es minoría en la Convención.

En su segundo mes de gobierno, Boric transita un escenario minado de dificultades, dudas y contradicciones. Su vínculo con la Constituyente no es la excepción.