El presidente de EE UU está acotado por los demócratas “moderados” y el ala progresista. Unos piden austeridad; los otros, cumplir con las promesas.

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Joe Biden confía en que sus proyectos de Infraestructura y Gastos Sociales puedan ser aprobados en el Congreso estadounidense. “No importa si en seis minutos, seis días o seis semanas, pero lo haremos”, dijo a la salida de un cónclave con sus correligionarios en el Capitolio. Y seguramente logrará atravesar los escollos que se le presentan, lo que no puede garantizar es cómo saldrán esas propuestas que hace algunos meses sonaban a revolucionarias en el marco de la cultura bipartidista conservadora que comanda los destinos del país hace décadas. A Biden le está costando más poner en fila a los propios que lidiar con los contrarios.

El ambicioso plan de Infraestructura presentado en abril pasado bajo el nombre de Build Back Better (Reconstruir mejor) destinaba 2,5 billones de dólares en ocho años para inversiones en carreteras y puentes, vías férreas, servicios de agua, banda ancha en todo el territorio e incentivos para nuevas tecnologías respetuosas del medio ambiente. Un plan “peronista”, lo tildaron algunos.

El primer renuncio en la negociación con los republicanos fue bajar el monto a 1,7 billones en junio. Se podrá decir que la cifra propuesta hace seis meses era para negociar. Lo mismo podría creerse que era la Ley de Gasto Social de 3,5 billones durante una década que tiene como destino la educación, la salud, el bienestar de las familias de menores recursos y el cambio climático que Biden pretende solventar con un incremento en los impuestos a las corporaciones y las élites millonarias.

En un principio se explicó que la Casa Blanca buscaba subir la tasa impositiva para empresas del 21% actual al 28% que tenía en 2017 y que Donald Trump hizo bajar abruptamente. Ahora Biden se conformaría con un 15% sobre los ingresos contables que se reportan a los inversores, según la vocera Jen Psaki, quien aseguró que de todas maneras el mandatario tratará de llegar al 28% porque “piensa que las corporaciones pueden permitirse pagar más”.

Sucede que dentro del Partido Demócrata fue creciendo un ala progresista entre los que descuellan un puñado de legisladoras de origen inmigrante que tienen como faro a la senadora por Massachusetts, Elizabeth Warren, pero fundamentalmente a su par de Vermont, Bernie Sanders, quien lleva la voz cantante. Fue precandidato a presidente y resignó su disputa con Biden en 2020 a cambio de un programa de cambios que ahora pretende que se cumpla.

Sanders, la representante por Washington Pramila Jayapal y la neoyorquina Alexandria Ocasio-Cortez salieron al ruedo para explicar por qué rechazaban la estrategia de la líder demócrata en el Congreso Nancy Pelosi de votar Infraestructura y Gasto Social récord de manera separada. No querían que se tratara el primero si antes no se votaba el segundo, para no caer en viejas trampas legislativas. Parecía una jugada arriesgada, pero así lo explicó el veterano senador, que se declara socialista: “Creo que es absolutamente imperativo que enfrentemos la amenaza existencial del cambio climático, que bajemos el costo de los medicamentos recetados, que nos aseguremos de que las personas mayores puedan masticar sus alimentos porque ampliamos Medicare al cuidado dental, audífonos y anteojos, es inaceptable que tengamos medio millón de personas durmiendo en las calles de Estados Unidos porque tenemos una gran crisis de vivienda”.

Dentro del partido hay un ala que los medios denominan “moderada” y que en este caso se expresa a través de los senadores Kristen Sinema y Joe Manchin. Ella, de Arizona; él, de Virginia Occidental. Manchin dice que se opone al plan de 3,5 billones porque está en contra de la “mentalidad de asistencialismo”. Sinema también muestra “preocupación” porque considera que los gastos sociales son “exorbitantes” y que conllevan un crecimiento de la inflación. “Estoy con 1,5 billones en gastos” se plantó Manchin.

El paquete debía votarse este viernes en la Cámara Baja –en Senadores fue aprobado con algunas reformas–, como pretendía Pelosi, pero tuvieron que bajarla del debate para no sacar los trapos sucios a relucir en un momento en que, además, la imagen de Biden viene en picada tras la desastrosa salida de Afganistán.

Por otro lado, esta semana la Casa Blanca enfrentaba otro desafío como la posibilidad de un cierre de la administración por falta de presupuesto. Contrarreloj –”cortando clavos se diría en estos lares”–, el oficialismo logró aprobar un aumento en el techo de la deuda hasta diciembre y “vamos viendo”. Los republicanos, en tanto, disfrutan desde las gradas cómo los demócratas se cuecen en su salsa.