La huelga lleva ya tres semanas. Sigue la violencia "para sembrar el terror y miedo" de grupos que responden a Camacho.
El viernes se vivieron las escenas de mayor violencia con el incendio de la Federación Sindical de Campesinos y enfrentamientos callejeros, tras lo cual el gobierno denunció que «el escenario que está buscando la Gobernación y el Comité Interinstitucional pasa por un espacio de mucha violencia, para que ellos puedan encontrar una salida digna a un paro que no tiene sentido. La gente ha salido a las calles para sembrar terror y el miedo, para poder mantener una medida y decir después que pueden negociar algo, terminen con aquello», dijo el vocero presidencial Jorge Richter.
En contraposición, Camacho afirmó que «la policía y el MAS generaron zozobra y dispararon gases lacrimógenos a la gente que solo exige censo 2023». Para sectores oficialistas, en cambio, hubo «mandos policiales» que permitieron «masacres y violaciones a Derechos Humanos por parte de grupos paramilitares armados del Comité cívico cruceño y la Unión Juvenil Cruceñista», según comunicó la Central Obrera Boliviana. Junto con diferentes sectores sociales del Movimiento Al Socialismo exigieron al presidente acciones concretas para frenar los hechos de violencia.
El hoy gobernador Camacho es el dirigente que se mostró ingresando con la Biblia a la casa de Gobierno cuando se produjo el golpe contra Evo Morales. Un histórico referente de la ultraderecha, que encabezó numerosas manifestaciones contra los gobiernos del MAS, algunas con propuestas separatistas para convertir Santa Cruz en una especie de Estado independiente. Se trata del departamento que produce el 76% del total de alimentos, según el Instituto Boliviano de Comercio Exterior y el 52% de las exportaciones de Bolivia. Según el Ministerio de Economía, estos días de paro generan «consecuencias negativas no solo en el crecimiento económico. También repercutirá de forma negativa en el mercado laboral, el comercio exterior, las recaudaciones tributarias y en la inflación».
El conflicto por el censo surgió tras la postergación de la encuesta nacional prevista para 2022, por causa de la pandemia. La primera fecha posible era 2023, pero luego el gobierno determinó que lo realizará en 2024. Los sectores de poder de Santa Cruz nucleados en el Comité Cívico que encabeza Camacho, iniciaron una cruzada para mantener la primera fecha, ya que así, especulan, podrían aplicarse los nuevos guarismos a la elección de 2025 y Santa Cruz ampliaría su representatividad en el Congreso. La estimación tiene que ver con el optimismo político de la fuerza Creemos, de Camacho, quien un año después de la victoria en primera vuelta de Arce, ganó la gobernación de Santa Cruz. Aunque eso no le otorga control político de toda la provincia. «Del total de sus 54 municipios, únicamente 7 responden a la fuerza del señor Camacho y los demás municipios se dividen entre el MAS, Demócratas y otras organizaciones políticas pequeñas», explica Gabriel Campero, un analista vinculado al MAS, en el sitio Ahora el Pueblo.
El gobierno de Arce había anunciado la creación de una Mesa Técnica con expertos de todo el país y sectores sociales y académicos para establecer la fecha más conveniente para realizar el Censo. Pero la mesa concluyó su trabajo antes recomendando la realización en 2024. El presidente tomó la recomendación y anunció que el censo se hará el 23 de marzo de 2024. En su anuncio, Arce cuestionó a los «desestabilizadores» que «pretenden interrumpir el proceso democrático», en clara alusión al gobernador cruceño. Y agregó que «lamentablemente, en nuestro país, algunas personas, han politizado la realización del proceso censal, que es un proceso técnico, como siempre lo manifestamos». «
Con foco en la integración y la reflexión sobre los avances de la derecha y el poder económico contra los gobiernos populares en la región, el Grupo de Puebla realizó en Santa Marta, Colombia, el 8° Encuentro del foro popular y progresista de Iberoamérica. Bajo el lema «La región unida por el cambio», el encuentro convocó a líderes progresistas de 14 países -presidentes, exmandatarios, ministros, parlamentarios, juristas, académicos y observadores- para debatir el futuro progresista y de integración en la región, tras los recientes triunfos de dirigentes populares en Brasil, Colombia y Chile.
En el cierre, uno de sus fundadores, el chileno Marco Enríquez-Ominami, expuso el eje central del debate político hoy: definir si la actual ola de gobiernos populares en Latinoamérica se debe a la alternancia periódica entre ideologías políticas «o si se abren nuevos caminos para construir gobiernos humanistas, progresistas y prósperos». Pidió además «una mayor institucionalidad».En el encuentro de dos días se habló también de cómo las guerras jurídicas o lawfare son «una realidad y una constante para intimidar y limitar los liderazgos progresistas».
Otro referente histórico, el colombiano Ernesto Samper, comentó que la actividad abrió camino a una nueva visión latinoamericana sobre la China basada en la amistad, el respeto mutuo, la prosperidad compartida y «el rechazo a la utilización de las relaciones internacionales como instrumento de intervención, de bloqueo o de sometimiento de los pueblos». Hubo cinco exjefes de Estado: además de Samper, Dilma Rousseff (Brasil), Evo Morales (Bolivia), José Luis Rodríguez Zapatero (España), Ernesto Samper (Colombia) y Leonel Fernández (Dominicana). No estuvieron presentes ni el ecuatoriano Rafael Correa ni los presidentes en ejercicio, Gabriel Boric (Chile) y Alberto Fernández.
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