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(Foto: AFP)

Los tiempos no están como para un avance bestial sobre los derechos laborales como intentó el gobierno de Jair Bolsonaro, el inefable presidente de Brasil. El domingo a la noche, había lanzado una medida provisoria (una suerte de DNU) la número 927, que autorizaba a que los empleadores pudieran suspender por cuatro meses el contrato de trabajo con sus empleados para “afrontar los efectos económicos” del Covid-19.

Llegó incluso a defender la normativa con vehemencia en un cruce con periodistas en la explanada del Planalto durante el cual fustigó a una periodista que le preguntó por su popularidad.“En lugar de ser despedidos, el Gobierno entra con ayuda en los próximos 4 meses, hasta que las actividades del establecimiento vuelvan a la normalidad, sin que exista despido del empleado”, afirmó en su red social.

“Es una forma de preservar empleos”, aseguró, ofuscado por la insistencia periodística.

Pero el decreto en cuestión legalizaba una negociación con el empleador para pactar una reducción de salarios o la suspensión de la relación laboral de manera temporal.  Y no decía una palabra de que el gobierno se hacía cargo de compensar al trabajador.

Esta posición, visiblemente contra la corriente en el resto del mundo en semejante circunstancia y que va contra toda previsión sanitaria -es obvio que antes que perder un trabajo alguien elegiría exponerse a un contagio para seguir yendo al lugar donde desarrolla su tarea habitual-, fue aplaudida desde Argentina por un ultraliberal como el ex candidato a la presidencia José Luis Espert.

Obviamente, el decreto 927 despertó todo tipo de críticas y la dirigencia política adelantó presentaciones judiciales para declararla anticonstitucional y violatoria de las leyes laborales en vigencia.  No tardó en darse cuenta de que ciertamente, su popularidad está en baja y no son tiempos de agrandar la brecha entre la presidencia y la sociedad, donde crecen las voces de rechazo a la inacción cuando no el ninguneo sobre las consecuencias del coronavirus y la forma de combatir su propagación.

Es así que luego de ese violento encuentro con la prensa, Bolsonaro reculó, como quien dice, en “hawaianas”.  Y ahí si reconoció que el decreto implicaba la suspensión del salario.

Esta arremetida contra los derechos laborales se da de bruces con lo que se propone el gobierno argentino, y resulta diametralmente opuesta a las medidas que tomó el gobierno de Dinamarca. el domingo pasado, la primera ministra Mette Frederiksen anunció un paquete de ayuda económica pergeñado entre el gobierno y representantes de la sociedad.

De tal manera que mientras dure la pandemia el gobierno ofrece cubrir el 75 por ciento de los salarios. El pago para el personal contratado por hora llega a una cobertura máxima de 90%. La contrapartida es que las patronales se comprometen a abonar el 25% restante.

Según un artículo de la periodista Mie Olsen, de no ser por estas medidas del gobierno,  más de dos tercios de las pequeñas empresas corren el riesgo de quiebra en las próximas 10 semanas, de acuerdo a una encuesta de la organización SMVdanmark.

La publicación en EUobserver today, un periódicio on line basado en Bruselas, tiene un título muy sugestivo. Dinamarca: cómo un estado de «alto impuesto» responde al coronavirus, Y se refiere a los beneficios del estado de bienestar.