De manera lenta pero inexorable Brasil está a las puertas un choque entre el Supremo Tribunal Federal (STF) y el presidente Jair Bolsonaro en el que Lula da Silva aparece como el empecinado disparador. La situación del líder popular, encarcelado desde abril de 2018 en Curitiba, es cada vez más incómoda para el sistema institucional brasileño. La revelación de las maniobras del exjuez Sergio Moro y los fiscales para condenarlo y sacarlo de las elecciones del año pasado generaron un tembladeral en la estructura que llevó al palacio del Planalto al excapitán del Ejército. Y si hubo dudas en algunos magistrados para aceptar el esquema procesal de Moro, luego designado ministro de Justicia, la publicación del portal The Intercept terminó por desnudar todas las sospechas.

En ese camino tortuoso por salvar la ropa ante el descrédito, la semana que pasó se sucedieron dos hechos que dan muestra de este cambio de viento. Habida cuenta de que no pudieron negar la veracidad de los mensajes en la red Telegram entre Moro y el equipo acusador comandado por el fiscal Deltan Dallagnol, primero sostuvieron que hubo un hacker que violó su privacidad y ahora son muchos los que están tratando de esquivar las consecuencias para sus propias carreras.

Dentro del STF, el juez Gilmar Mendes, que fue ungido por Fernando Henrique Cardoso pero tuvo cintura política como para no desentonar con el PT en el gobierno, es el más proclive a validar las publicaciones del portal del periodista Glenn Greenwald, una serie de filtraciones conocidas como Vaza Jato, para oponerse al Lava Jato, la investigación que dio con los huesos de Lula y de otros dirigentes políticos y empresarios en la cárcel.

La Corte ya dio muestras de cómo cambiaron los vientos en relación a la «Madre» de todas las causas anticorrupción iniciadas por Moro, y el miércoles, por seis votos contra cinco, anularon la sentencia contra Marcio de Almeida Ferreira, exgerente de la petrolera estatal Petrobras. El argumento para este cambio es que fue sentenciado mediante un vicio de procedimiento que sus abogados venían denunciando sin ser escuchados: Ferreira había sido condenado por testimonios de arrepentidos que fueron incorporados luego de que él presentara su descargo. Esto viola el principio de legítima defensa ya que no pudo responder a esos testimonios. Los abogados de Lula vienen pidiendo desde antes de su detención que se anule la sentencia en su contra porque Moro y Dallagnol hicieron lo mismo contra él.

A esto se suma toda una retahíla de maniobras que los letrados venían denunciando y que quedan en claro en los mensajes de Vaza Jato. Este jueves, los cortesanos debían debatir el caso Lula en relación con el caso Ferreira y con toda la causa Lava Jato, pero decidieron patear la decisión para noviembre.

Bolsonaro no se quedó callado y declaró este viernes que los mensajes de The Intercept no deberían ser tomados en cuenta y que, arguye, fueron obtenidos ilegalmente. «El que es criminal, es criminal. Respete la ley –le dice a Mendes–. Si siguió la ley, todo bien. Si no la siguió, está equivocado», masculló ante un grupo de periodistas al dejar el Palacio del Planalto.

Según informa Folha de São Paulo, Mendes está tratando de impulsar un pedido del STF para que la Procuraduría General de la República verifique la autenticidad del material aportado por The Intercept, un primer paso a tomarlo como válido. De este modo, toda la causa Lava Jato se caería en pedazos.

Algo de esto sospechan los fiscales, que temen por 32 sentencias que afectan a 143 de los 162 condenados. Por eso enviaron un escrito considerando que como Lula cumplió un sexto de su sentencia –que quedó en ocho años y diez meses– y tuvo buena conducta, está en condiciones de ingresar en un régimen semiabierto que le permite salir de día para realizar tareas particulares y volver a la noche a dormir en prisión.

En una carta manuscrita, el líder metalúrgico respondió que no acepta el convite, al que entiende como una trampa. «No cambio mi dignidad por mi libertad», dice. «No voy a regatear mis derechos», agrega. «Ya he demostrado que las acusaciones son falsas. Son ellos, y no yo, los que están presos de las mentiras que contaron a Brasil y al mundo».

El jueves Lula fue declarado Ciudadano de Honor por la alcaldía de París por «su compromiso para reducir la desigualdad económica y social y sacar a 30 millones de brasileños de la pobreza extrema».

El caso del exmandatario y fundador del Partido de los Trabajadores se hizo carne en dirigentes políticos y sociales de todo el planeta, que reclaman por la forma en que fue sometido a juicio. Francia, además, a través de su presidente Emmanuel Macron, tiene un enfrentamiento personal con Bolsonaro por la defensa del medio ambiente y la respuesta institucional de las actuales autoridades brasileñas ante los incendios en Amazonas.  «