La Operación Lava Jato, iniciada en 2014, hoy languidece no solo por los recortes presupuestarios realizados en los últimos meses por Jair Bolsonaro, sino por el desmoronamiento del conjunto de las causas, más de 500 con casi 250 condenas en 12 países. Y quizás porque ya cumplió el principal objetivo, haber impedido la postulación y elección del principal referente político de Brasil, el ex mandatario Luiz Ignacio Lula Da Silva.
De hecho, el ejecutor de la operación política, el ex Juez Sergio Moro, recibió como premio el Ministerio de Justicia, y había sido una de las principales reivindicaciones de Jair Bolsonaro. Pero cuando al Super Ministro estrella le comenzaron a poner en agenda causas que involucran a la familia del presidente, el mandatario no dudó en desplazar al Director General de la Policía Federal, Mauricio Valeixo, lo que provocó la salida del funcionario mimado.
Ahora, Sergio Moro juega al opositor, intentando perfilarse para las elecciones de 2022. Sin nombrarlo, salió a twittear contra Bolsonaro, diciendo: “los intentos de acabar con el ‘Lava Jato’ representan una vuelta de la corrupción”, un “triunfo de la vieja política de los esquemas que destruyen Brasil y hacen más frágiles la economía y la democracia”. Y sentenció: “Esa película ya la conocemos”.
Cabría decirle a Sergio Moro, que su operación cada vez se queda como mero libreto de una serie, con sólo exponer las revelaciones realizadas por The Intercept Brasil, que hacen caer como castillo de naipes la maniobra jurídica- mediática que sirvió como “Lawfare”, para que el establishment brasileño acepte la elección de Bolsonaro, impidiendo el regreso de Lula con toda la persecución y arbitrariedad política desarrollada por el ex Juez.
No obstante, la proclama de honestidad de Jair Bolsonaro parece estar floja de papeles, ya que a cada avance de causas penales o legislativas que involucran a su entorno, no duda en actuar para obstruir y debilitar el accionar de los fiscales anticorrupción. Especialmente en la obtención de registros bancarios, que cada vez más complican a su familia, ya que su respuesta a transferencias ilegales, como los 16 mil dólares que recibió su esposa de un ex asesor investigado por corrupción, es el deseo de romperle la boca a quien lo pregunte.
Y aquí, expertos en transparencia sugieren que los movimientos bancarios podrían demostrar una red de retorno en los mecanismos conocidos como “rachadinha”, operación similar a la designación de “ñoquis” en Argentina, que luego dan una parte del salario al funcionario. El caso del ex asesor, Fabricio Queiroz, parece mostrar el involucramiento de la familia Bolsonaro, en un esquema de contratación de una nómina de personas como forma de desvío de fondos.
Es claro, que la corrupción no desaparece por aclamación y tampoco se “transparenta” cuando se deja de investigar o se oculta. Lamentablemente, la corrupción en Brasil es estructural. El Lava Jato o la Rachadinha son mecanismos instalados en los sistemas de retorno que tienen los contribuyentes a las campañas electorales. Se estima que de cada real puesto en las candidaturas, luego retorna a las empresas en ocho reales. En pleno proceso electoral, pareciera ser que el presidente Jair Bolsonaro decide poner la corrupción bajo la alfombra, tal como lo hace con el Coronavirus, que ya alcanza el número de cinco millones infectados y de 150 muertes, al observar la alta tasa de recuperación, 4,5 millones, que sugiere un subregistro de contagios y fallecimientos.
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