Gabriel Boric se propuso para Chile un ambicioso plan de transformación en que el rol del Estado, la ampliación de derechos y la nueva Carta Magna serán clave. En su discurso inaugural del viernes, frente a una nutrida Plaza de la Constitución, allí donde citó aquella frase inmortalizada por Salvador Allende acerca de volver a abrir “las grandes alamedas”, el exdiputado de 36 años habló de las propuestas que su joven gobierno -en varios sentidos- planifica para “el primer año de gestión”. Eso permitirá acomodar en la agenda de prioridades los numerosos desafíos que enfrenta en términos económicos, sociales, sanitarios y políticos.

Con respecto a este último aspecto, Boric sabe que la concordia que busca entre chilenas y chilenos no es solo un anhelo humanista. El primer gran desafío puede arrancar mañana mismo, cuando comience a instrumentarse la amnistía a los 139 querellados bajo la ley de Seguridad del Estado por las manifestaciones masivas de 2019. “Desde la oposición afirman que se trata de una mala señal”, señalaban ayer algunos medios chilenos. El propio presidente saliente, Sebastián Piñera, lo rechazó y un diputado de su partido anunció que pedirá un oficio para “revisar las causas”. Con las nuevas incorporaciones, horas previas al traspaso presidencial, el Congreso chileno se mantiene altamente polarizado y allí se intentará instalar un debate sobre lo que el presidente llamó la “reparación de las heridas del estallido”.

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En una Cámara Baja de 155 escaños, Apruebo Dignidad, la coalición de izquierda que responde al presidente, cuenta con 37 diputados. La lógica indica que el bloque del Nuevo Pacto Social (antigua Concertación), que suma otros 37, debería acompañar la mayoría de las políticas propuestas por el gobierno. Pero por otro lado, el conjunto de fuerzas de derecha cercanas a Piñera, que ahora asumirá el rol de oposición, cuenta con 53 legisladores, y los ultraderechistas del Frente Social Cristiano, cuyo candidato fue el competidor del balotaje, José Antonio Kast, con 15. La incógnita será la posición que asuman los seis parlamentarios del Partido de la Gente y los independientes. En el Senado, que tras una reciente reforma pasó de 43 a 50 asientos y renovó 27 bancas, la derecha e izquierda quedaron repartidas a la mitad.

El mascarón de proa del gobierno visible desde mañana será la troika conformada por la vocera Camila Vallejo, conocida referente que viene del movimiento estudiantil en el que se forjó Boric; la ministra de Interior, Izkia Siches; y el secretario general de Gobierno, Giorgio Jackson. Todos guardan estrecha relación con el presidente, aunque no la tienen entre sí.

A tono con la impronta feminista de un gobierno que, en un gabinete inédito de 24 ministros cuenta con 14 mujeres, otra de las medidas inmediatas será confeccionar un proyecto de ley integral contra la violencia hacia las mujeres. La ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, dijo que convocarán principalmente a “todas las bancadas de senadoras para llegar a acuerdos para poder lograr que sea ley lo más pronto posible”. También, como hecho inédito, el ministerio de Orellana tendrá una oficina en el Palacio  de La Moneda.

El tema económico condicionará los pasos siguientes del gobierno durante el próximo año. Recibe un país con una de las tasas de inflación más alta de las últimas décadas y un déficit estructural importante, debido en gran parte al costo de la pandemia de coronavirus, que agudizó la pobreza y la desigualdad.

Boric se comprometió a trabajar con el presupuesto aprobado por el Congreso antes de su asunción, que tiene una reducción del gasto fiscal de un 22%, algo que se considera ajustado y con poco margen de maniobra para satisfacer las demandas sociales. Por eso el gobierno se propone avanzar en reformas “en la medida de que vayamos asegurando ingresos permanentes aquello que considera gasto permanente”. En lo que va del año, Chile registró una menor expansión a lo que esperaba el mercado y hay análisis que hablan del impacto que se notará en los próximos meses.

Los análisis también afirman que la relación con el mundo económico será crucial para lograr cambios en materia impositiva, que permitan la generación de recursos estatales necesarios para un plan de gobierno que pretende aumentar los impuestos a los más ricos y a las grandes empresas, poner fin al actual sistema de pensiones y transformar el sistema de salud. “Espero por un lado que las élites dejen de tenernos miedo. No espero que estén de acuerdo conmigo, pero sí que dejen de tenernos miedo”, decía Boric en una entrevista, quizá preanunciando que en principio intentará un diálogo con los sectores de poder.

En materia sanitaria, Chile viene registrando un incremento en los contagios de Covid. Según informes recientes, unos 18 mil casos diarios y 200 muertes por día. Como presidenta de la organización gremial Colegio Médico de Chile entre 2017 y 2021, la actual titular de Interior presionó al gobierno de Piñera, cuestionando duramente varias de las medidas tomadas y proponiendo otras. Ahora deberá tomar sus propias decisiones. La crisis sanitaria liga con el aspecto educativo, uno de los ejes centrales de la plataforma de Boric, que propone un cambio integral en la educación pública. Entre las dificultades que le tocará sortear al nuevo gobierno en el corto plazo está el retorno a las clases. Boric fue crítico de los cierres impuestos por el gobierno anterior, los toques de queda y las cuarentenas extendidas. Por tanto, es partidario de la apertura con asistencia presencial plena, aunque hay varios sectores contrarios a esta opción, incluso dentro de los espacios afines.

Su primer año de gobierno estará claramente atravesado por el proceso constituyente, otro hecho histórico surgido del estallido de 2019. Si bien el Ejecutivo no tiene incidencia directa en lo que vote la asamblea, Boric pidió que se consiga una Carta Magna que abarque a “todos”. “Los invito a que nos escuchemos de buena fe, tomémoslo en serio, de todos los bandos, nos lo digo a nosotros mismos también”, dijo el viernes en su discurso de asunción. Ya se había manifestado por una Constitución más “orientadora” que reglamentada. “Una Constitución que consagre derechos sociales universales, que defienda la libertad y la igualdad, una constitución que descentralice, pero una constitución no abarcadora de todos los temas y todas las problemáticas”. «