Sólo en dos semanas hubo tres casos. Las elecciones municipales serán el 27 de octubre. También líderes sociales sufrieron atentados.
El martes se conoció un nuevo asesinato de un candidato a alcalde, del municipio Tibú en Santander, Bernardo Betancourt del Partido Conservador, y fue el tercer caso en sólo dos semanas.
La ONG Misión de Observación Electoral (MOE), que ya presentó varios informes, afirmó que “desde el inicio de la campaña electoral, el 27 de julio, hasta el 16 de septiembre, el monitoreo de la MOE arroja 54 candidatos víctimas de la violencia: 40 amenazados (5 son mujeres), dos secuestrados, cinco víctimas de atentados (una mujer) y siete asesinados (una mujer). De los 17 partidos con personería jurídica, 14 tienen candidatos víctimas de violencia”. Según la MOE la región del Cauca es la que más casos de violencia política presenta: desde julio se reportaron dos candidatos asesinados y otros dos amenazados.
La directora de la MOE, Alejandra Barrios, considera necesario generar “alertas tempranas para proteger a los candidatos”. Por su parte, el defensor del Pueblo, Carlos Negret, advirtió hace 15 días que más de un tercio de los municipios de Colombia estaba en riesgo electoral por la presencia de siete grupos armados ilegales, entre ellos el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y disidentes de las disueltas FARC. La Defensoría del Pueblo identificó un total de 402 municipios en esta situación.
Si bien el problema se profundiza en la coyuntura electoral, recurrente en el país desde hace décadas, la violencia parece no tener solución e incluso empeorar a pesar de la firma del acuerdo de Paz en La Habana. Según la organización Indepaz, “desde la firma de los acuerdos en noviembre de 2016 a julio de 2019 se ha registrado que 623 personas líderes sociales y defensoras de Derechos Humanos han sido asesinados en Colombia”. Además “137 ex guerrilleros de FARC–EP firmantes del acuerdo de paz y en proceso de reincorporación han sido asesinados” y “el 95% de los asesinados son campesinos, dirigentes comunales, indígenas, afros y sindicalistas”. Sobre estos últimos, la Confederación Latinoamericana y del Caribe de Trabajadores Estatales (CLATE) desarrolló un documento que refleja que “entre 2012 y 2018 se registraron más de 2000 violaciones a la vida, libertad e integridad contra líderes sindicales, entendiendo estas como homicidios, amenazas de muerte, desplazamientos forzados y desapariciones, entre otros flagelos. Muchas de estas situaciones fueron adjudicadas a grupos paramilitares de extrema derecha que continúan en actividad. Solo en 2017 fueron asesinados 19 sindicalistas”.
El 27 de octubre, los colombianos elegirán a 32 gobernadores, más de 1100 alcaldes y miles de legisladores departamentales y municipales.
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