En pocas semanas, Costa Rica abrirá las rondas electorales, cuando el 6 de febrero se hagan las elecciones generales. Todo parece indicar que en la segunda vuelta del 3 de abril habrá un nuevo presidente, donde la fragmentación del escenario político deja abierto el perfil del próximo gobierno. En tanto que en Colombia, luego de las elecciones parlamentarias del 13 de marzo, elegirán el 29 de mayo al nuevo presidente. En tanto que Iván Duque no puede reelegir, deja el terreno allanado para que el izquierdista Gustavo Petro, quien logró legalizar su partido político para las próximas elecciones, intente lograr su elección. Pero los comicios clave de la región son en Brasil, donde todas las encuestas colocan a Luiz Inácio Lula da Silva como ganador de la contienda, sin embargo el actual presidente Jair Bolsonaro aún no se da por vencido y el establishment pergeña alguna estrategia para evitarlo.
Es claro que las propuestas neoliberales no lograron establecer una hegemonía como en los ’90, al punto de que tuvieron que recurrir a acciones de lawfare, como el caso de Fernando Lugo (que hoy es abordado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos), o directamente a un golpe de Estado, como en Bolivia. Incluso, no es descabellado pensar que, si en Brasil recurrieron a un golpe institucional y a la proscripción, ahora apelen a cualquier triquiñuela, artilugio o acción execrable para impedir que el pueblo brasileño exprese su voluntad de elegir a Lula como presidente.
En ese marco, los gobiernos populares tienen el doble desafío de restablecer la gobernabilidad combinada con cambios estructurales que le permitan marcar una contrahegemonía al neoliberalismo. La capacidad de gobernar en tanto que las fuerzas de derecha tienden a boicotear las acciones de gobierno, especialmente si tocan intereses de poderosos, es el primer escollo a sortear. En tanto que encarar los problemas estructurales es el nudo de marras esencial, porque la hegemonía marcada durante inicios del siglo XXI, basada en el reparto de ingresos, permitida por una coyuntura favorable del mercado mundial y las finanzas, estaría condicionada por la pandemia y los límites de crecimiento exportador.
En ese sentido, América Latina tiene la premura de buscar el accionar conjunto que permita articular un desarrollo integrado, complementario y articulado, que cambie la situación de que sea más barato colocar un producto en una góndola europea que en el continente o que sea más conveniente comprarles bienes a países fuera de la región. Además, resulta imperioso poner en agenda la discusión del endeudamiento externo, impuesto por las dictaduras en los ’70 y la especulación de grupos financiero en los ’90 y recientemente. Esos grandes ejes de cambio estructural necesariamente son viables en el marco de una Patria Grande que resulta urgente construir con los mismos anhelos de San Martín y Bolívar.
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