En Chile, la convención constitucional está pisando el acelerador para tener el texto listo entre agosto y septiembre. Los constituyentes aprobaron los primeros artículos de la futura Constitución, que debe ser sometida a votación en el plebiscito de salida antes de remplazar a la actual, heredada de la dictadura. Mientras, la derecha, los medios conservadores y los grupos afines extraparlamentarios intentan desacreditar ese trabajo.

Sebastián Piñera cargó días atrás contra la convención al afirmar que “es importante entender que una Constitución no es un programa de gobierno (…) No es una ley, una Constitución es el marco de unidad de proyección que se da en los países para muchas décadas y por eso es fundamental que una Constitución no sea de uno o de otros”. La estrategia pasa por presentar el proceso como una amenaza para la estabilidad del país.

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Hasta el momento, los artículos aprobados por mayoría de dos tercios suponen un reconocimiento del carácter plurinacional de Chile y de una mayor autonomía de las regiones, aunque esto no implica que el Estado dejará de ser unitario para convertirse en uno federal. La pluralidad jurídica otorga prerrogativas a los pueblos originarios, pero está lejos de consagrar un sistema judicial paralelo, como denuncian los críticos de la convención.

Los convencionales aprobaron esta semana una serie de artículos que consagran el derecho a la libertad de expresión y el pluralismo en los medios de comunicación y a la conectividad digital. También reconocieron el derecho a la “repatriación de objetos de cultura y de restos humanos pertenecientes a los pueblos” originarios. Y ahora avanzan en el derecho al aborto y a la educación sexual integral.

“No son artículos maximalistas. Ha sido un trabajo de diálogo, inclusivo y de encuentro de posiciones distintas, a pesar de lo que muestra la prensa aquí”, dice Claudia Heiss, jefa de la carrera de Ciencia Política del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile. De hecho, los artículos rechazados vuelven a la comisión de origen para mejorarlos y así alcanzar los votos necesarios. “La Justicia plurinacional significa que los pueblos originarios tendrían algún estatuto para dictar sentencias en ámbitos específicos de sus territorios, pero no se aprobó la capacidad para legislar. El artículo del Estado regional da más preeminencia a las regiones, pero se rechazó la idea de generar legislaturas regionales como en los sistemas federales”, explica. En otras palabras, la derecha está agitando fantasmas.

Al presidente saliente se le sumaron los integrantes de Amarillos por Chile, un grupo que reúne a intelectuales y políticos liderado por Cristián Warnken, conductor de televisión y columnista del diario El Mercurio. La plataforma atrajo a figuras como Mariana Aylwin, exministra de Educación e hija del expresidente Patricio Aylwin, y otras que se identifican con los lineamientos más conservadores de la antigua Concertación y la centroderecha. En Chile se les dice amarillos a los que se identifican políticamente como de centro, una forma menos directa de tachar a alguien de tibio. No ahorraron descalificativos para atacar a la convención. Los artículos aprobados fueron tildados de “cambios estúpidos” y el proyecto de Estado regional, de “Estado fallido” y “salto al vacío”. Warnken declaró recientemente que la “Constitución que va a nacer coja” porque la derecha es minoría entre los constituyentes. El convencional Marcos Barraza, quien fuera ministro de Desarrollo Social durante el segundo mandato de Michelle Bachelet, habló de una “campaña del establishment que busca deslegitimar los contenidos”.

La expresidenta de la convención, la líder mapuche Elisa Loncon, salió al cruce de Piñera: “Menos que nadie puede hablar cuando él falló en la democracia, sobre todo en todas las formas que instaló de militarización de la protesta social, la persecución que se le hizo a la protesta social, los mutilados, los jóvenes presos, lo que ha pasado en la zona de Wallmapu, que no hizo política, simplemente instaló una política de seguridad”. Y también dejó en claro a los críticos que la convención “es amplia y todos pueden hablar”.

El problema para la derecha radica en la composición de la Constituyente, donde representa menos de un tercio. “En estos 30 años la derecha se acostumbró, gracias al sistema electoral binominal y las cláusulas contramayoritarias de la Constitución del 80, a vetar lo que no le gustaba siendo minoría. Esta es la primera instancia de la política chilena desde el retorno a la democracia en que no tiene poder de veto y en que las mayorías valen por su peso electoral. Por eso dice que es la tiranía de las mayorías, cuando esto es democracia”, apunta.

El triunfo de Gabriel Boric, que en pocos días sucederá a Piñera, también acrecentó el recelo. Algunos diputados del partido del presidente saliente, Renovación Nacional, mostraron predisposición para negociar con el próximo mandatario, pero son los menos. En general, la futura oposición siente la misma aversión por Boric que la que sintió antes por Aylwin, Eduardo Frei, Ricardo Lagos y Bachelet.  

“Una parte importante de la derecha ha reaccionado con un miedo atávico. Pero convive con sectores más pragmáticos que ven el proyecto de Boric como un proyecto socialdemócrata que va a respetar la propiedad privada y que dará estabilidad al país, porque el estallido de octubre de 2019 fue por el inmovilismo que protegía a la Constitución del 80”, sostiene Heiss. Las posiciones más extremas pintan a un Boric ansioso por promulgar una Constitución sectaria que viene a terminar con la democracia.  «