“Nueva jornada de trabajo en el norte de Santander, para conocer los avances de la política de #PazConLegalidad”, tuiteó el presidente Iván Duque. Luego, el helicóptero de la Fuerza Aérea, un Sikorsky UH-60 Black Hawk lo trasladaba desde Sardinata, a Cúcuta. Lo recibió una ráfaga de disparos durante 15 segundos. Los pilotos aterrizaron sin inconvenientes.

Las repercusiones se alimentaron como bola de nieve mientras se reproducían profusamente imágenes e información oficial. Gobiernos y organismos internacionales condenaron el atentado. Argentina a través de Cancillería, manifestó su «más enérgica condena» y «rechazo al uso de la violencia». Al mismo tiempo, en ámbitos políticos locales se debatía la naturaleza del atentado, a quiénes beneficiaba, la verosimilitud de las versiones y el aprovechamiento político. También se puso de manifiesto que esa región es un verdadero polvorín donde el “paro” no tuvo la contundencia de otros sitios pero que allí “conviven guerrillas, grupos paramilitares y narcotráfico”. Hace diez días un coche bomba dejó 36 heridos en la sede de la Brigada 30 de Cúcuta en la que había personal militar de EE UU.

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Incluso que Cúcuta es una ciudad fronteriza con Venezuela: se replicaban las versiones y suspicacias, nunca comprobadas que le adjudicaban responsabilidad al gobierno chavista.

El episodio se produjo pocas horas después que la Alta Comisionada de la ONU para DD HH, Michelle Bachelet, en Ginebra rubricara el informe que registró 56 muertes en el marco de las protestas que se producen desde abril (54 civiles y dos policías); que la mayoría de los decesos se produjeron en Cali, y que hubo al menos 49 víctimas de violencia sexual, lo que se suma al dato que en el lapso 2020-2021 fueron asesinadas 98 personas de la comunidad LGBTI+. La grave conclusión hace más escandalosa la respuesta de la embajadora colombiana ante la ONU, Alicia Arango, quien aseguró que “19 no murieron por el paro y once están en investigación”.

Además, al menos 74 personas sufrieron lesiones oculares en las protestas, producto de la represión, lo que equipara en un nuevo estadío, los sucesos de Colombia con los de Chile, acontecidos desde 2019 que abrieron la ventana a una nueva constitución. Allí los carabineros fueron imputados de provocar lesiones oculares, al reprimir con alevosía sobre la visión de los manifestantes.

No es el único paralelismo con la crisis chilena y su resolución. El ex procurador colombiano Fernando Carillo Florez encabeza una propuesta de convocar a una consulta popular como una posible salida a la crisis, aun considerando que su país no requiere de una Asamblea Constituyente. “La democracia está asediada, arrinconada”, advierte. Remarca que la solución sólo se encaminaría “con reformas sociales, y con más democracia. El punto de convergencia son las urnas, que todos los colombianos voten las reformas”.
Carillo es un político liberal distanciado del gobierno de Duque, aunque con fuertes lazos con el Ejército, desde que como funcionario, investigó una gigantesca red de corrupción en el manejo de los recursos de gastos reservados en la lucha contra la guerrilla y el narcotráfico.

Su propuesta no es rechazada por el Comité Nacional del Paro, aunque varios dirigentes hayan planteado su desconfianza en que no sea una “salida a la chilena” sino una trampa tramada por el poder para recomponer la imagen oficial. Al tiempo, convocaron para una nueva jornada de protesta nacional para el martes 20.
En un país en el que no se detiene la violencia política, en paralelo de las protestas sociales. Hace horas, asesinaron a dos líderes sociales: Ángel Miro Cartagena (campesino de Dabeiba, Antioquia) y Lucelia Solarte (MAIS de Manaure). Van 77 en lo que va del año y 1.193 desde la firma del llamado Acuerdo de Paz.

Tampoco se detiene el Covid: superaron los cuatro millones de casos y los 100 mil muertos. Pero Duque responsabilizó a las manifestaciones del último rebrote.