En medio de estrictas medidas de seguridad sanitaria por la pandemia de coronavirus, un tribunal de Ecuador condenó este martes en ausencia a ocho años de prisión al ex presidente Rafael Correa y a su ex vicepresidente Jorge Glas, actualmente detenido, ambos acusados de delitos de corrupción.

Desde Bélgica, el país natal de su esposa y el lugar donde vive con su familia desde que dejó la Presidencia en 2017, Correa rechazó el veredicto y lo calificó de “mamarrachada”.

“Bueno, esto era lo que buscaban: manejando la justicia para lograr lo que nunca pudieron en las urnas. Yo estoy bien. Me preocupan mis compañeros. De seguro ganaremos a nivel internacional, porque todo es una mamarrachada, pero toma años. De tu voto depende que esta pesadilla acabe”, escribió el ex mandatario en Twitter, en referencia a las elecciones generales del año próximo.

El llamado Caso Sobornos nació en abril del año pasado con una denuncia periodística y, menos de una semana después, la Fiscalía ya había abierto una investigación oficial y presentado la acusación contra 11 ex funcionarios y 10 empresarios por los delitos de cohecho, tráfico de influencias, delincuencia organizada y lavado de activos.

Según la denuncia que presentó la Fiscalía, entre 2012 y 2016, un grupo de funcionarios de la Presidencia, por entonces dirigida por Correa, tenían un sistema de financiación paralela para recolectar aportes clandestinos de empresarios que tenían contratos con el Estado y que terminaban en las arcas del partido oficialista, por ejemplo para garantizar la última reelección del mandatario en 2013.

Entre los condenados está el compañero de fórmula de Correa en esa elección, el ex vicepresidente Glas, quien hoy está preso en una cárcel de máxima seguridad por otro caso de corrupción.

Tanto Glas como la ex ministra de Obras Públicas María de los Ángeles Duarte recibieron la misma pena que Correa, según el diario Expreso.

Otros condenados fueron el ex secretario Jurídico de la Presidencia Alexis Mera y su ex asesor Pedro Espinoza. La Fiscalía estimó que el gobierno de Correa recaudó más de 7 millones de dólares de esta manera.

Correa, quien se instaló en Bélgica con su familia después de terminado su mandato y no volvió al país para someterse de manera presencial a la Justicia, siempre negó las acusaciones de corrupción y aseguró que los pagos detallados por la Fiscalía en su contra fueron legales y declarados en su momento.