La frase estaba escrita en un cartel sostenido por un señor de edad, con su correspondiente barbijo. Sin embargo, lejos de ser una denuncia, era una declaración. La imagen de la bandera de Brasil, el soldado camuflado atrás del jaguar al lado de la frase, la camiseta de la selección brasilera que llevaba y la caravana de autos atrás encuadraban de forma explícita la situación: una de las tantas “carreatas” en una ciudad brasilera pidiendo la vuelta del comercio y el trabajo. Ninguna multitudinaria. Lo suficiente para mostrar, en las fotos de las redes, el apoyo al presidente en las calles y a confirmar el tono sacrificial del bolsonarismo. “Covid-19 na gente! Vamos morrer pelo capitão.” Covid-19 sobre nosotros! Vamos a morir por el capitán, tal como algunos se refieren al presidente usando el grado que tenía en el ejercito cuando tuvo que abandonarlo y entró en la política. 

No sabemos si el manifestante que llevaba ese cartel recibió la dosis de COVID que pedía, pero hasta ayer, 24/04/2020, fueron infectadas 52.995 personas con COVID-19. De ellas, 3.670 murieron. En nuestro barrio, Laranjeiras, ya son 45 casos confirmados y siete muertos. La epidemia avanza, pero el gobierno nacional, las provincias y las intendencias ya están planeando cómo hacer para volver a la normalidad. Es que la presión en las calles ha dado resultado. El costo político de la desaceleración de la economía pasó para intendentes y gobernadores y nadie quiere quedarse con esa carga.  De los 577 shopping centers que operan en Brasil y que estaban cerrados hasta la semana pasada, 47 de ellos ya están en funcionamiento en diversas ciudades. A pesar de la obligatoriedad del uso de máscaras en las calles de Rio de Janeiro implementada desde el jueves en la ciudad, el movimiento es cada vez más intenso. El número limitado de testes realizados en el país garantiza que los números de la epidemia no sean superlativos. Pero la situación en los hospitales y en los cementerios está siendo cada vez más crítica.

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Mientras tanto el gobierno sigue desmoronándose. Si bien la confrontación y la radicalización era una característica del gobierno que le había garantizado la lealtad de su grupo de apoyo y que poco importaba para muchos actores económicos y políticos; con la salida del Ministro de Justicia, Sergio Moro, la ecuación mudó el signo del resultado. La disputa fue por la destitución del director de la Policía Federal – una especie de FBI dependiente del Ministerio de la Justicia – y por investigaciones que envuelven a aliados y parientes del presidente.

Moro fue el juez que condenó a Lula antes de las elecciones y que lo retiró de la corrida electoral garantizando el triunfo de Bolsonaro. Al asumir como Ministro de Justicia de Bolsonaro, su participación fue leída como una confesión de parcialidad en el juicio al expresidente. Sin embargo, se mantuvo popular hasta que la filtración de las conversaciones entre Moro y el equipo de la acusación durante el juicio a Lula fueron reveladas por Intercept Brasil. Desde el punto de vista procesal, el nivel de colaboración entre el juez y la parte acusadora presente en esas filtraciones es escandalosa. ¿Qué pasó con esa filtración? En vez de provocar la caída del ministro o del gobierno, llevó a una investigación sobre los posibles responsables que obtuvieron los datos. Moro perdió parte de su capital moral como paladín de la lucha anticorrupción y se fragilizó frente al presidente, pero continúo gozando de prestigio entre los apoyadores del gobierno y aquellos que, habiéndolo votado, estaban comenzando a desilusionarse con el mismo. Su salida no sólo fragiliza al gobierno, sino que abre la posibilidad real para que los pedidos de destitución del presidente prosperen. El coronavirus ha funcionado como un catalizador de la verdadera esencia del gobierno encabezado por Bolsonaro, sus fragilidades, y sus reales miserias.