El alza en el precio de los combustibles detonó las primeras protestas populares desde que Pedro Castillo asumió hace poco más de ocho meses. El presidente decretó el toque de queda y luego tuvo que dar marcha atrás. Se habla de cinco muertos (uno por represión, los otros por hechos colaterales). Crónica de una nueva crisis en el Perú que muestra a un mandatario cada vez más débil y aislado.

En menos de 10 días el gobierno de Pedro Castillo enfrentó paralizaciones de diversos gremios en el centro, norte y sur del país que exigen la reducción del precio del combustible y de los productos de primera necesidad, entre otras demandas. Las protestas iniciaron el 28 de marzo con bloqueos de rutas en las regiones de Junín, Arequipa, Piura, Cajamarca, Ayacucho, Áncash, Apurímac, Puno y Cusco por parte de los transportistas de carga pesada.

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Aunque durante el fin de semana se anunció una tregua en el paro, el aumento del sueldo mínimo y la exoneración del impuesto al consumo al diésel y la nafta, la baja en los precios no se trasladó de manera inmediata a las estaciones de servicio y el lunes las protestas se extendieron en al menos 14 regiones del país, en algunos casos de manera virulenta.

Cerca de la medianoche del lunes 4, el jefe de Estado anunció que se decretaba el Estado de Emergencia en Lima Metropolitana y la Provincia Constitucional del Callao, y se declaró la inamovilidad ciudadana (toque de queda) desde las 2 a.m. hasta las 11:59 p.m. del martes. La decisión, argumentó, se adoptó frente “a los hechos de violencia que algunos grupos han querido crear mediante el bloqueo del libre tránsito en los accesos a las provincias de Lima y Callao”.

En las primeras horas del martes, el Defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, presentó un hábeas corpus para dejar sin efecto el estado de emergencia. En la demanda, Gutiérrez señala que “no se ha sustentado válidamente cómo la medida de inamovilidad permitirá proteger los derechos a la vida y a la salud de los/as peruanos/as; o los bienes jurídicos de orden público ni orden interno”.

En la mañana del martes, la presidenta del Poder Judicial, Elvia Barrios, solicitó a través de un oficio que el presidente Pedro Castillo convoque a una sesión urgente del Consejo de Estado. “Es de rigor ético, político y normativo que nos convoque. No permita que quienes integramos el Consejo lo hagamos sin participación del Poder Ejecutivo”, señaló Barrios en la carta.

Hasta el mediodía del martes se mantuvieron bloqueos en 22 puntos de vías nacionales, de acuerdo con información de Provías Nacional. Las regiones afectadas son: Piura, Cusco, Ica, Huancavelica, Huánuco, Ucayali, Amazonas y Piura. En las ciudades de Arequipa y Trujillo los gremios de taxistas realizaron marchas exigiendo que baje el precio del combustible.

Sobre las 3 de la tarde, Pedro Castillo y sus ministros se presentaron en el Congreso para mantener una reunión con la Mesa Directiva del Legislativo y voceros parlamentarios. Allí, el mandatario informó que se levantaba la orden de inamovilidad social obligatoria en Lima y Callao.

Por la tarde, mientras se registraba la reunión en el Congreso, ciudadanos se convocaron para realizar manifestaciones en distritos de Lima. Un grupo de personas intentó llegar a Palacio de Gobierno y fue repelida con bombas lacrimógenas. Hobo enfrentamientos en distintos lugares de la capital peruana.

Desde que comenzó el conflicto se registró la muerte de cinco personas. Dos de ellas fallecieron luego de ser atropelladas en las manifestaciones del 29 de marzo, según confirmó el ministro de Defensa, José Luis Gavidia. La tercera víctima es un menor de 13 años que murió ahogado en el río Yacus el viernes 1 de abril mientras se registraban enfrentamientos entre la policía y manifestantes en el aeropuerto de Jauja. El cuarto deceso, al que hizo referencia el ministro de Comercio Exterior, Roberto Sánchez, corresponde a un docente que no pudo realizar una diálisis a tiempo, a causa de los bloqueos en las vías de Junín. Este martes, un joven de 18 años se convirtió en la primera víctima mortal como consecuencia directa de la represión policial, tras enfrentamientos entre transportistas y policías en la provincia de Ambo, en la región Huánuco.

La Celac expresa preocupación y apoya a Castillo

La Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), cuya presidencia pro témpore está a cargo de la Argentina, expresó este miércoles que observa con «preocupación y pesar la pérdida de vidas» en Perú, manifestó su apoyo al presidente de ese país, Pedro Castillo, y abogó para que «se respeten la institucionalidad y el orden democrático», tras los incidentes registrados ayer.

«La Presidencia Pro Témpore Argentina de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños ve con preocupación y pesar la pérdida de vidas y el clima de violencia desatado en la hermana Republica del Perú», expresó la Celac desde su cuenta oficial en Twitter.

«Asimismo, manifiesta su apoyo al presidente @PedroCastilloTe y reitera la necesidad de que se pacifiquen los ánimos y se respeten la institucionalidad y el orden democrático», agrega la publicación.