La crisis en Colombia acorrala al presidente Iván Duque. Mientras las protestas contra sus políticas económicas, sociales y ahora en materia de seguridad continúan, al igual que la violencia policial, el gobierno viene fracasan-do en acordar con los representantes de la demanda popular, y debió establecer para hoy una reunión de emergencia con el Comité Nacional del Paro, tras un cónclave el lunes en el que no se lograron avances. Esta semana también renunció su canciller, por causas que no se aclararon del todo, aunque podrían estar relacionadas con el pedido de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de enviar una misión al país.

Duque además tuvo que ordenar a dos de sus ministros, nada menos que de Defensa e Interior, que viajaran a la ciudad de Popoyán, donde se disparó un nuevo foco entre el viernes y el sábado, como respuesta al presunto suicidio de una joven de 17 años que denunció haber sido abusada por los policías que la detuvieron. La violen-cia se volvió a manifestar en esa ciudad de la región del Cauca, con una comisaría y una morgue incendiadas, unos 20 heridos y un nuevo muerto por la represión, como si fuera esa la única respuesta que consigue instrumentar el gobierno.

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El viernes, la CIDH anunció que enviará una misión para observar la situación en el marco de las protestas. El pedido formal para recibir autorización del gobierno de Duque tiene fecha del 7 de mayo, una semana antes, y fue mediante una carta dirigida a la renunciante canciller Claudia Blum. No se informó sobre la respuesta ni por qué demoró una semana en conocerse.

“La CIDH ha recibido diversas denuncias de presuntas violaciones a los Derechos Humanos producto del uso excesivo de la fuerza durante las protestas sociales. La información recibida señala, entre otras, la existencia de personas fallecidas y desaparecidas, hechos de violencia sexual, tortura y tratos crueles, inhumanos y degradan-tes en contra de manifestantes, abusos contra personas defensoras y ataques a personas indígenas. De igual manera, recibió información sobre agresiones y actos vandálicos contra agentes de policía y propiedades del Estado”, comunicó el organismo.

Al cierre de esta edición, los enfrentamientos y la represión a partir de las protestas surgidas el 28 de abril contra el gobierno de derecha causaron al menos 42 muertes, incluido un uniformado, y más de 1500 heridos, según cifras oficiales. Las ONG dicen que el número es mayor.

En Cali, otra ciudad importante del Valle del Cauca, los enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad recrudecían este fin de semana y los dirigentes temían una tragedia luego del fracaso de un intento de negociación entre las autoridades locales y quienes sostienen la protesta. A propuesta de la diputada de la coalición Decentes-Colombia Humana, María José Pizarro, una delegación de congresistas se hizo presente en la zona entre el jueves y el viernes para realizar una audiencia pública. “Escuchamos cientos de denuncias y visitamos diferentes puntos de movilización aquí en Cali”, comentó Pizarro en un video enviado por sus colaboradores a este medio.

“Me voy muy preocupada porque veo, por un lado, que la represión y la presencia de la fuerza pública exaltan los ánimos ya exaltados de la población civil”, agregó. “Preocupada por el enfrentamiento entre policías y gente del pueblo, en últimas pueblo contra pueblo. Si el gobierno tiene un poquito de voluntad y puede desescalar la violencia y permitir el diálogo, muy probablemente podamos dar una salida más inteligente a la violencia y las armas”.

Hechos similares se registraron con intensidad en Buga, una ciudad a 65 kilómetros de Cali, donde los congresistas también hicieron su recorrida. Desde allí, el abogado y dirigente de DD HH, Dícter Zúñiga, comentó a Tiempo que la noche del viernes “la policía y el Ejército agredieron a población civil” y señaló la contradicción de que ello ocurrió mientras “se habla de una mesa de negociación”.

Por su parte, el senador del Polo Democrático Alternativo, Iván Cepeda, denunció al gobierno ante la Corte Penal Internacional y ante Naciones Unidas por crímenes de lesa humanidad cometidos durante las manifestaciones. Están señalados el presidente Iván Duque; el ministro de Defensa, Diego Molano; el comandante del Ejército, general Eduardo Zapateiro; y el director nacional de la Policía, general Jorge Luis Vargas, “como los responsables de los hechos”.

Si bien la protesta se disparó por el ya archivado proyecto impositivo de Duque, la efervescente movilización reavivó viejas demandas, como el acceso a la educación y la salud, y tras la represiva respuesta oficial sumó el pedido de una reforma policial de una fuerza históricamente vinculada con el poder militar (ver aparte).

En materia de Salud, “la bandera y la pelea de todo el sector médico es que se baje la reforma, que es un proyecto de privatización que acaba con la red de salud pública”, explicó Rodrigo Rojas, histórico activista de DD HH. La presión es tal que el Partido Conservador, aliado del gobierno de Duque, anunció en un comunicado que ya no apoyará el proyecto, al menos por ahora. “Este no es el momento para tramitar un proyecto semejante”, argumentó en comunicado firmado por su presidente, Omar Yepes. “Hay un sentir de desconfianza hacia este tipo de reformas”, agregó.