El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, atraviesa su más difícil crisis de gobernabilidad, frente a una Asamblea Nacional de mayoría opositora y esquiva a sus planes de gobierno, que da lugar a una disputa que ya empieza a causar fisuras en su propio armado con renuncias y cambios de gabinete.

Tras anunciar que gobernaría por decreto, debido al rechazo legislativo de sus principales proyectos, y de intentar frenar en la justicia la ley de amnistía a participantes de las protestas de 2019, Lasso debió asumir la renuncia de su ministra de Gobierno (Interior), Alexandra Vela, quien dejó el gabinete con un planteo más a la derecha que el propio presidente: pidió la disolución del Congreso invocando la figura de «muerte cruzada», establecida en la Constitución.

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«Al no coincidir con la línea política establecida por el Pdte. @LassoGuillermo para enfrentar la crisis agudizada por la @AsambleaEcuador , presenté mi renuncia», expresó la funcionaria a través de su cuenta en Twitter.

La Constitución faculta a disolver la Asamblea dentro de los tres primeros años por causales como obstruir la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo. En ese caso se debe convocar inmediatamente a elecciones legislativas y presidenciales para completar el período de cuatro años. De la misma forma, el Congreso también puede destituir al presidente por arrogarse funciones o por una grave crisis política y conmoción interna.

Vela, quien había asumido hace ocho meses, dijo además en una carta dirigida a Lasso que «pocas semanas fueron suficientes para constatar, que una institución fundamental como es la Asamblea Nacional, sede del primer poder de un estado democrático, era paradójicamente, la principal amenaza para la democracia, el régimen republicano y su gobierno».

Añadió que «en múltiples reuniones con tozudez he sostenido que, para el bien de su gobierno, las reformas que necesita la economía y la permanencia de la democracia es mejor la ‘muerte cruzada’. Camino sin lugar a dudas riesgoso, pero al mismo tiempo ineludible si se quiere realizar las transformaciones profundas que el Ecuador requiere».

El martes, antes de anunciar su dimisión, la ministra presentó una demanda ante la Corte Constitucional para revocar la amnistía otorgada por el Legislativo a 268 indígenas, ambientalistas y políticos procesados por participar en violentas protestas de 2019, que dejaron once muertos. El Ejecutivo sostiene que entre los beneficiados hay personas que «han incurrido en delitos que son comunes».

Además de Vela, el martes renunció también Carlos Jijón, quien venía desempeñándose como vocero de la Presidencia y consejero presidencial. “Creo que el Presidente Lasso es un patriota y he sido testigo de su trabajo incansable por los más pobres. Estoy seguro que tendrá éxito. Que Dios bendiga al Ecuador”, escribió en Twitter.

La Asamblea y el Ejecutivo sostienen una pugna. Las fuerzas de oposición en el Parlamento, entre ellas el amplio bloque del partido que responde al expresidente Rafael Correa, tienen la mayoría, a pesar de estar dispersas. En conjunto vienen rechazando casi todas las propuestas de Lasso, que denuncia un «boicot».

Lasso subrayó que la negativa de la Asamblea es clara y por eso buscará otros mecanismos para avanzar con los cinco proyectos que envió: Ley de Comunicación, de Educación Superior, Seguridad, Reforma Tributaria y Ley de Inversiones.

Anunció también que podría recurrir a una consulta popular para sacar adelante temas importantes para su Gobierno y advirtió que, dada la oposición constante de la Asamblea Nacional, de ser necesario gobernará con decretos ejecutivos y reglamentos a las leyes.

“Siempre lo dije como candidato, gobernaría con decretos ejecutivos. No nos vamos a quedar de brazos cruzados, usaremos otros mecanismos para promover inversión, generar empleo y reactivar la economía”, explicó en declaraciones en el programa radial Encontrémonos por la ciudadanía.