Cuando se filtró la noticia, hubo un estallido de alegría en la sede central del Frente Amplio uruguayo, en el antiguo edificio de la calle Colonia, a metros de la intendencia montevideana. Ya venía de gran celebración por la gran participación popular –más de 129 mil votos, un récord histórico- en la interna partidaria que determinará las nuevas autoridades que prometen renovar los ímpetus de la oposición uruguaya. Y volvió a festejarse fuerte un hecho político que, por esperable, no deja de fortalecer la recuperación de las fuerzas contrarias al gobierno neoliberal de Luis Lacalle Pou: la Corte Electoral oriental aprobó las 671.600 firmas que piden la anulación de la Ley de Urgente Consideración.

De este modo se confirma el llamado a referéndum para el 27 de marzo, en lo que por el momento se encamina a un serio revés del oficialismo, que considera el mamotreto de leyes como su herramienta clave para modificar el estado uruguayo y habilitar una serie importante de privatizaciones, así como polémicas desregulaciones respecto a conquistas y derechos laborales.

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El FA viene intentado una profunda lavada de cara que encamine su recuperación tras el golpazo que significó la derrota en las elecciones presidenciales del 2019 a manos de la alianza de partidos de derecha que encabezó Lacalle Pou. El Frente se había mantenido en el gobierno durante los mandatos de Tabaré Vázquez, en dos términos y del Pepe Mujica, Luego de esos 15 años, sobreviene un quinqueño de un gobierno de perfil absolutamente opuesto. Muchos sectores de la región ven con renovada expectativa que en 2023, el Uruguay pueda retomar la senda progresista. Por lo pronto también fue masiva la movilización del jueves convocada por la actual oposición en contra de la prisión domiciliaria a genocidas de la última dictadura. Y el 27 de marzo esperan imponerse en el referéndum para derogar la LUC. La elección será obligatoria y habrá dos opciones: la boleta rosada del SÍ para derogar la ley, y la celeste del NO para mantenerla vigente.