El presidente uruguayo vetó un texto de la Cancillería argentina que apuntaba a suspender a Venezuela del Mercosur.
La negativa uruguaya sorteó las presiones argentinas, brasileñas y del propio presidente paraguayo Horacio Cartes, que finalmente tuvieron que aceptar un mensaje edulcorado del bloque, destinado al gobierno de Nicolás Maduro y también a sus opositores. El pedido, sin las menciones grandilocuentes que impulsaba Argentina, apunta a la suspensión de la Asamblea Constituyente prevista para el próximo domingo y también a las acciones que promueva la oposición.
Se trata del anuncio público para la aplicación del protocolo de Ushuaia 1, que establece el inicio de una etapa de consultas al estado que podría ser suspendido del Mercosur. Esa instancia no había comenzado hasta este viernes, cuando los estados parte resolvieron ir más allá de las declaraciones y enviaron las consultas a Caracas. Los plazos son breves y tienen vencimiento antes del próximo domingo. La fecha no es menor, porque los cancilleres del bloque tienen prevista la realización de una posible reunión de urgencia para analizar la respuesta a la carta enviada y resolver la posible suspensión de Venezuela, por el quiebre del orden democrático.
La asamblea convocada para el próximo domingo encierra una centralidad determinante para el mecanismo activado en Mendoza, pero también para el Vaticano, que ha guardado un notable silencio ante las advertencias de Donald Trump, por la posible aplicación de sanciones económicas. Sin embargo, el escenario abierto a partir de las tensiones internas del Mercosur, y una sutil sintonía con las presiones de Washington, podrían reactivar las gestiones de la Santa Sede que, según fuentes diplomáticas consultadas por este diario, «ha seguido en detalle los discursos e intereses que se pusieron en juego en Mendoza sobre la preocupante situación venezolana».
La primera vez que el Mercosur suspendió a un Estado integrante fue el 29 de junio de 2012, cuando la aplicó a Paraguay, siete días después de que el ex obispo y ex presidente Fernando Lugo fuera destituido por un juicio político exprés de 48 horas. En ese caso tampoco hubo sanciones económicas. «
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