El Gobierno de Colombia aceptó analizar la exigencia de los manifestantes a tener “garantías para el ejercicio de la protesta” antes de sentarse a negociar, cuando el país completa 19 días de sangrientas represiones por parte de las fuerzas de seguridad bajo el mando del presidente Iván Duque. Voceros del Gobierno y la organización más visible de los manifestantes se reunieron anoche en Bogotá por segunda vez desde que estallaran las protestas el 28 de abril en contra una reforma tributaria que impulsaba el Ejecutivo. Los diálogos entre ambas partes continuarán hoy a las 14.

Al término del encuentro, que duró unas cuatro horas, el consejero presidencial, Miguel Ceballos, aseguró haber recibido un documento en el que se les exige “garantías para el ejercicio de la protesta” que “debe ser analizado por el Gobierno”, informó la agencia de noticias AFP. “Entendemos y valoramos las propuestas del Comité del Paro en el sentido de no iniciar esa mesa de negociación por solicitud del comité hasta que no sean analizados y no nos encontremos en los puntos que ellos plantean”, explicó Ceballos.

Sindicatos, universitarios y otros movimientos sociales que forman parte del conocido como Comité Nacional del Paro llamaron a nuevas movilizaciones para el miércoles. El documento compartido por líderes estudiantiles que asistieron a la reunión exige “detener la violencia contra los manifestantes”, que el presidente Duque condene “de manera explícita y contundente los abusos de la Fuerza Pública” y reconozca su “responsabilidad” en agresiones durante las protestas.

Presionado por las masivas protestas, Duque se vio forzado a retirar el proyecto de reforma tributaria, pero a cambio, un día antes militarizó las ciudades más movilizadas. Los manifestantes mantuvieron las protestas con múltiples exigencias y el reclamo de un país más equitativo y un Estado más solidario que garantice la vida y la seguridad, además del rechazo a la presencia de las fuerzas de seguridad en las calles colombianas.

La militarización, más el fogoneo gubernamental y mediático contra los manifestantes, provocó una violencia desproporcionada de las fuerzas de seguridad contra la población civil, que ejercía su derecho a la protesta y la aparición de fuerzas paramilitares, denunciaron periodistas de medios alternativos colombianos.

De acuerdo al Comité Nacional del Paro, en medio de las movilizaciones, al menos 50 personas murieron, 578 resultaron heridos (37 por lesiones oculares), 524 continúan desaparecidas y 21 mujeres sufrieron violencia sexual. Organizaciones internacionales de derechos humanos y países como Estados Unidos denunciaron abusos de las fuerzas policiales contra los manifestantes.

Desde la ciudad de Pereira, Duque, que no asistió al encuentro con los manifestantes, reconoció el derecho a la protesta pacífica pero exigió el fin de los bloqueos viales que calificó como “actos agresivos” que obstaculizan el abastecimiento de alimentos y medicinas. “Sí a la construcción de acuerdos (…) pero no con la vía de hecho en la mitad, no con la amenaza a la movilidad en la mitad, no afectando la salud y el bienestar”, declaró el mandatario. Colombia atraviesa un nuevo periodo de convulsión social tras las protestas de 2019 y 2020, con marchas más intensas que otras.