El nuevo acuerdo de paz entre el gobierno de Colombia y la guerrilla de las FARC será firmado el próximo jueves en Bogotá y su texto quedará pendiente de un aval del Congreso, según un comunicado conjunto difundido hoy por los equipos negociadores de ambas partes.

Aunque no se difundieron los detalles del nuevo texto, portavoces de ambas partes aseguraron que han sido tomadas en cuenta muchas de las recomendaciones de fuerzas políticas opositoras que el pasado 2 de octubre lograron que los colombianos rechazaran el anterior acuerdo en un plebiscito.

Esta vez, las partes resolvieron que «el mecanismo de refrendación de este acuerdo será a través del Congreso de la República», aunque no fueron especificados los procedimientos que se van a utilizar para lograr ese fin.

«La consolidación de la paz requiere que avancemos con paso firme hacia la implementación de los acuerdos que permitan superar tantos años de conflicto en Colombia», dice el comunicado.

La firma de los representantes del gobierno y las FARC quedará sellada durante una ceremonia que se celebrará el jueves en el teatro Colón de Bogotá.

Los abanderados del NO en el plebiscito del 2 de octubre, encabezados por el ex presidente Álvaro Uribe, llevaron propuestas para cientos de modificaciones, las cuales fueron analizadas por el gobierno y las FARC en largas conversaciones celebradas en La Habana.

Hoy, el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, aseguró que su gestión impedirá que grupos violentos pongan en riesgo el proceso de paz iniciado con las FARC, y dispuso «intensificar con sentido de urgencia» las medidas de seguridad de «líderes sociales» y defensores de derechos humanos, a partir de los ataques denunciados por la guerrilla, que ayer reclamó acciones contra los atentados.

«Quiero ante todo reiterar mi condena y mi rechazo y de todo el Gobierno a los actos de violencia, a los atentados y homicidios contra líderes comunales y defensores de derechos humanos ocurridos en los últimos días», remarcó Santos.

El mandatario habló tras una reunión de la Comisión de Alto Nivel para la Protección de los Derechos Humanos, en busca de una política para frenar los ataques contra referentes sociales, especialmente miembros del movimiento político de izquierda Marcha Patriótica.

«No vamos, que quede muy claro, a permitir que los violentos pongan en riesgo los avances y las esperanzas de la paz», añadió Santos, tras debatir con el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas; el fiscal general, Néstor Humberto Martínez; el director de la oficina en Colombia del Alto Comisionado de las ONU para los Derechos Humanos, Todd Howland; y los mandos de las Fuerzas Armadas.

Para el presidente, los ataques selectivos pueden poner en riesgo el acuerdo de paz al que su Gobierno llegó con las FARC, aunque aún no fue refrendado, por lo que existe “urgencia por tomar decisiones”, ante hechos que son “una evidencia palpable, dramática, de los riesgos que la incertidumbre trae”.

La reunión y la orden de Santos de reforzar la seguridad de dirigentes sectoriales son una respuesta directa a la carta que ayer hicieron pública las FARC para denunciar que sectores que se oponen al acuerdo de paz buscan «un nuevo genocidio contra líderes sociales y campesinos».

«Es muy dramática y preocupante la situación: más 200 muertos en lo que va corrido del año, con un total manto de impunidad. Un nuevo genocidio está en marcha contra líderes sociales y campesinos», señalaron las FARC.

La situación remite casi directamente a lo sucedido con la Unión Patriótica (UP), un partido de izquierda que surgió a partir del proceso de paz entre las FARC y el Gobierno del presidente Belisario Betancur (1982-1986), del que bandas paramilitares asesinaron a unos 5.000 militantes.

El resultado fue el pase a la clandestinidad de varios de sus miembros y el fracaso de aquel proceso de paz.

Esta vez, Santos dijo que la Fiscalía General «está acelerando su labor investigativa para esclarecer cada uno de los casos» y que su Gobierno ordenó a la Unidad de Protección de Personas analizar la situación de riesgo de líderes sociales que eventualmente pueden ser blanco de atentados.

La situación se da con la inusual presencia en Bogotá del máximo jefe guerrillero, Rodrigo Londoño, alias Timochenko, y parte de la cúpula de la organización, enfrascados en conversaciones privadas con los negociadores oficiales y a la espera de la fecha para la firma del nuevo acuerdo.

En esa postal impensada meses atrás, están también el jefe negociador en los diálogos de paz, Luciano Marín Arango, alias Iván Márquez; Jaime Alberto Parra, alias Mauricio Jaramillo; y Félix Antonio Muñoz, alias Pastor Alape, según detalló la Agencia Nueva Colombia Noticias, vinculada a las FARC.

Se descuenta que el nuevo entendimiento -cuyo envío al Congreso Santos había anunciado para mañana- será firmado en pocos días y refrendado por el legislativo sin segundo plebiscito.

El Gobierno nacional y las FARC firmaron el 26 de septiembre en Cartagena un primer acuerdo de paz luego de casi cuatro años de negociación en La Habana, pero el texto fue rechazado en una consulta el 2 de octubre, lo que obligó a reabrir la negociación para incorporar propuestas de los promotores del No.

De cara al nuevo acuerdo, el jefe de la delegación de paz del Ejecutivo, Humberto de la Calle, pidió la unidad de los colombianos, porque “llegó la hora de avanzar, de unirnos alrededor de este nuevo acuerdo, mejorado y ajustado, para avanzar hacia la consolidación del fin del conflicto y la construcción de la paz».

Los negociadores de paz del Gobierno se reunieron anoche en Bogotá durante seis horas con los líderes del No, encabezados por el ex presidente Álvaro Uribe, y representantes de víctimas para explicarles «en todo detalle el nuevo acuerdo», pero en ese encuentro persistieron las diferencias.

Medios locales aseguran que el nuevo texto se firmará esta semana en Bogotá o la caribeña Santa Marta, donde esta la Quinta de San Pedro Alejandrino, en la que murió el Libertador Simón Bolívar, aunque el Ejecutivo no confirmó esas versiones.