A dos semanas del golpe que sacó del gobierno a Evo Morales, la autoproclamada presidenta Jeanine Áñez promulgó la ley que llama a elecciones presidenciales en Bolivia en un plazo de 120 días.

De las elecciones podrá participar  el Movimiento al Socialismo (MAS), pero no así Morales y el ex vicepresidente Álvaro García Linera, ambos exiliados en México.

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La nueva ley suspende a todos los vocales del Tribunal Supremo Electoral y da 20 días a la Asamblea Legislativa para designar nuevos y crear un reglamento para que cada departamento del país haga lo mismo.

Los nuevos vocales electorales deben asumir al día siguiente de ser designados por los legisladores y en un período de no más de dos días deben convocar a elecciones generales en un plazo máximo de 120 días y presentar un calendario electoral, según el diario boliviano Los Tiempos.

Esto significa que las elecciones podrían ser convocadas hasta mediados de abril próximo y que en caso de necesitarse un balotaje presidencial, este debería ser convocado a no más de 45 días de la primera vuelta.

El proyecto fue consensuado con el MAS, partido con mayoría en mas cámaras. Allí se estableció que todas las organizaciones políticas con alcance nacional podrán participar pero imposibilita la candidatura de quienes hubieran sido reelectos en dos periodos constitucionales anteriores.

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(Foto: AFP)

La ley de Régimen Excepcional y Transitorio para la Realización de Elecciones Generales fue aprobada este domingo deja sin efecto legal los comicios realizados el pasado 20 de octubre y da lugar a una nueva votación.

“La Ley de esta ley tiene un régimen excepcional y transitorio. Es estrictamente para la coyuntura de este momento, que tiene como obligación apaciguar el país y que podamos convivir entre bolivianos en vez de matarnos entre nosotros”, explicó el senador masista Ciro Zabala.

El texto fue leído por la presidenta de facto en el Palacio Quemado. “Bendito sea Dios por este día”, celebró  y atacó a Morales: “Esta ley es producto del repudio a la forma en que el gobierno anterior intentó manipular las elecciones del 20 de octubre”.

El llamado a elecciones es un intento de las principales fuerzas políticas de encontrar una salida institucional a la crisis desatada por el golpe de Estado y la represión, que ya dejó al menos 24 muertos.

En paralelo a las negociaciones para el llamado a elecciones, el gobierno de facto inició diálogo con organizaciones sociales, con la Central Obrera Boliviana (COB) y la Iglesia Católica para llegar a un “acuerdo de pacificación”.

Las reuniones se dieron en el marco de la detención de dirigentes del MAS y de la persecución judicial contra Evo Morales, al que acusan de terrorismo y sedición y piden la máxima pena. Desde su exilio en México, Morales tuiteó: “A los movimientos sociales que luchan por la vida y la democracia, la Fiscalía les inicia investigaciones de oficio con montajes, pruebas sembradas y grabaciones manipuladas, pero para 30 hermanos asesinados en Bolivia a bala, no hay investigación, responsables o detenidos”.

La fiscalía dio trámite al pedido del gobierno y la autoproclamada presidenta ha pedido a México que Evo Morales comparezca por video-conferencia. La acusación se sostiene en un video que dieron a conocer el jueves en el que se ve a un hombre recibir instrucciones por teléfono para resistir con bloqueos de rutas al gobierno de facto de Áñez. Según Murillo la voz que da las órdenes pertenece a Morales.

La persecución judicial contra dirigentes del MAS es un objetivo de los golpistas. Por caso, la policía boliviana arrestó a Gerardo García, vicepresidente del MAS, y la fiscalía boliviana emitió una orden de arresto contra la exministra de Cultura Wilma Alanoca por “supuestamente” ordenar que se hicieran cócteles molotov para resistir el golpe. La cacería policial y judicial de los dirigentes del MAs es muy amplia y busca alejarlos de la posibilidad de que se presenten a elecciones o afectar su imagen pública.

Celebración argentina. En un comunicado, la Cancillería, que nunca condenó el golpe de Estado en el país vecino, valoró “el compromiso democrático de los integrantes de ambas cámaras de la Asamblea que hicieron posible el consenso y aprobación de esta ley, así como también el esfuerzo y diálogo entre los diferentes sectores sociales y políticos que se llevan a cabo con apoyo de representantes de la ONU, la Unión Europea y la Iglesia Católica, animados por el objetivo de lograr la pacificación social y el reencauzamiento político-institucional en Bolivia”.