El objetivo es combatir de manera conjunta el avance del Covid-19 en Venezuela. El Gobierno Bolivariano lo acordó con el G-4, muy cercano a Guaidó,, entre los que se encuentra Voluntad Popular (VP), Primero Justicia (PJ), Acción Democrática (AD) y Un Nuevo Tiempo (UNT), y también - para combatir de manera conjunta el avance del Covid-19 en el país.
El texto rubricado por el Ministro del Poder Popular para la Salud, Carlos Alvarado, y Julio Castro, asesor de la Asamblea Nacional (AN), con el representante de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), Gerardo de Cossio, como testigo, señala que “ambas partes proponen trabajar coordinadamente (…) en la búsqueda de recursos financieros, que contribuyan al fortalecimiento de las capacidades y respuestas del país para atender la emergencia sanitaria ocasionada por la pandemia”.
El compromiso es aunar esfuerzos para detectar casos de Covid-19; brindar tratamiento adecuado y oportuno de casos confirmados, llevar a cabo el aislamiento adecuado y oportuno de casos confirmados y de los asintomáticos; establecer medidas de prevención y control, brindar vigilancia epidemiológica, entre otros aspectos.
El documento fue publicado primero por la oficina de prensa de Guaidó y generó una ola de rumores, tras lo cual, el Ministro de Comunicación e Información, Jorge Rodríguez, indicó que “todo lo que se pueda hacer, todo lo que el presidente Maduro y el Gobierno Bolivariano pueda hacer para fortalecer el combate contra la Covid-19, no tengan ninguna duda de que lo haremos”.
El canciller bolivariano, Jorge Arreaza, celebró el acuerdo que coloca“la salud del pueblo por encima de cualquier diferencia”. El secretario General de la ONU, António Guterres, instó a su vez a “los principales actores a implementar este acuerdo cumpliendo con los principios de humanidad, neutralidad, imparcialidad e independencia”.
Aunque se celebre el acuerdo y se pida no politizar la asistencia técnica, lo cierto es que detrás hay grandes factores de presión diplomática internacional contra un país debilitado financieramente por las sanciones en medio de una pandemia.
La administración Trump a través de su embajador designado para Venezuela, James Story, también “celebró” el acuerdo entre el Gobierno Bolivariano y el G-4 y se animó a decir que
este podía ser un paso importante para otros acuerdos que permitan “elecciones libres” y anunció sanciones contra la presidencia de la AN.
En enero pasado, el órgano legislativo eligió en una polémica sesión, una nueva Junta Directiva presidida por el diputado Luis Parra, cuya investidura fue reconocida por el Ejecutivo y el Poder Judicial, desplazando a Guaidó del cargo desde el cual también se autoproclamó “presidente interino de Venezuela”.
Esta misma semana, la Unión Europea (UE) ratificó su apoyo pleno a Guaidó, desconociendo así la elección de la actual Junta Directiva encabezada por el diputado Luis Parra y validada por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) venezolano.
Pero son esos mismos países que mantuvieron un silencio sepulcral tras una fallida intentona de invasión paramilitar financiada, planificada y confesada públicamente por los asesores de Guaidó, son los que aplauden ahora el acuerdo entre las partes.
En un contexto peligroso con el incremento de casos por Covid-19, EEUU intensifica las sanciones y las presiones contra Venezuela, recortando cada vez más el acceso a combustible, a recursos financieros y hasta a las telecomunicaciones.
Tras la llegada de 5 tanqueros de gasolina iraní, EEUU sancionó a por lo menos 4 compañías navieras que pudiesen trasladar combustible a Venezuela; prohibió las transacciones a través de la plataforma Zelle e impulsó el cese de cable Directv, que suministraba servicio de TV por cable a cerca del 50% de la población.
La estrategia es el estrangulamiento financiero a costo del sufrimiento y la desprotección de la población. Para acceder a fondos, el Gobierno Bolivariano se ha visto en la necesidad de llegar a acuerdos con el “gabinete fantasma” de Guaidó.
Voceros del G-4 han señalado, según Human Rights Watch, que gracias a este pacto el Fondo para la Liberación de Venezuela enviará a través de la OPS unos 20 millones de dólares bloqueados por el Departamento del Tesoro. De igual modo, el gobierno español ha señalado que la OPS recibirá también fondos inmovilizados debido a las sanciones unilaterales de la UE.
Tanto el Gobierno Bolivariano como el “interinato” de Guaidó, tienen comisiones para combatir el Covid-19, y con frecuencia los asesores sanitarios y mediáticos del G-4 acusan a la administración de Maduro de ocultar cifras y de mal manejo de la pandemia.
En Venezuela, los casos confirmados los 2000, con 20 decesos, observándose un rápido ascenso de contagios, que se han duplicado en menos de dos semanas.
El Gobierno afirma que esto se debe al retorno de unos 50 mil migrantes desde Perú, Colombia, Brasil y Ecuador. La atención y el chequeo de miles de migrantes que son
puestos en cuarentena al cruzar la frontera, supone un oneroso manejo de recursos en medio de una grave crisis económica.
Hay preocupación internacional debido al complejo panorama económico y político en Venezuela, situación que podría agravar la propagación de la pandemia en la región, tomando en cuenta su extensa frontera con Brasil y Colombia, bastante afectados por el coronavirus, y la incierta condición de más de 4 millones de migrantes económicos venezolanos, muchos de los cuales se encuentran sin empleo y sin vivienda en los países vecinos.
Las sanciones unilaterales de EEUU y la UE, sin duda agravan y obstaculizan los esfuerzos gubernamentales y humanitarios para combatir la pandemia.
Pese al acuerdo, esta semana siguieron los choques entre el gobierno y el G4. Guaidó “recordó”, a través de su cuenta en twitter, que en el Caribe hay desplegado un operativo antidrogas liderado por EEUU y que sobre la cabeza del presidente Nicolás Maduro pesa una orden de captura y una recompensa de 12 millones de dólares por narcotráfico.
Aunque no hay una orden de captura contra Guaidó, el Ministerio Público ha recolectado numerosos testimonios de los implicados que podrían incriminar al dirigente opositor en el fallido intento de invasión conocido como Operación Gedeón.
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