El 6 de junio, un Boeing 747 Dreamliner de carga, que fuera de la empresa iraní Mahan Air y que en la actualidad pertenece a Emtrasur, filial del Consorcio Venezolano de Industrias Aeronáuticas y Servicios Aéreos (Conviasa), aterrizó en Ezeiza con una carga supuestamente compuesta por autopartes de la firma alemana Volkswagen en Argentina. Ese mismo día debía regresar pero no se le proveyó de combustible en función del bloqueo que impone el Departamento del Tesoro de EE UU sobre Venezuela y sus empresas. Desde entonces, sus tripulantes se encuentran varados en Buenos Aires: 5 iraníes y 14 venezolanos, a los que se los acusó de nunca comprobados antecedentes terroristas. El avión fue revisado y allanado tres veces pero, en el mismo sentido, no se le halló nada irregular. De todos modos el juez federal con asiento en Washington, Michael Harvey, solicitó la incautación del aparato y, en las últimas horas, el juez federal perteneciente al Poder Judicial argentino, Federico Villena, hizo lugar al pedido.

 Desde un principio, la posición venezolana fue lógicamente condenatoria de la imposibilidad de que el avión regresara a Caracas. Con el paso de los  días la tensión se intensificó. El pasado 3 de agosto, el presidente Nicolás Maduro denunció que EE UU pretende “robar el avión”. Esta misma semana el diputado y primer vice del gobernante Partido Socialista Unido, Diosdado Cabello, aseguró que “el presidente de Argentina, Alberto Fernández, cumple órdenes de EE UU al mantener retenido el avión venezolano en su país”. Otros epítetos de distinto tenor les cupo a otros integrantes del gobierno chavista, mientras diputados oficialistas exhortaron a Argentina a “no incurrir en complicidad con las prácticas criminales del imperialismo yanqui”, en las calles de Caracas hubo una marcha en ese sentido.

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 Incluso el jueves, una comisión de parlamentarios de la Asamblea Nacional (el presidente, Jorge Rodríguez; las vices María Varela Rangel y Vanesa Yuneth Montero López; y Pedro Carreño, entre otros) entregó “un reclamo oficial” a la embajada de Argentina en Caracas, en manos del embajador Oscar Laborde, en el que se exige la inmediata devolución del avión. Por supuesto que la prensa hegemónica argentina batió el parche, no con el contenido de la carta, sí con el hecho de que en la delegación estuviera el diputado Pedro Carreño, uno de los más mordaces con el presidente argentino. El propio Laborde tuiteó que “durante el transcurso de una reunión sincera, le reproché duramente al presidente de la comitiva, diputado Pedro Carreño, sus agravios inadecuados e inoportunos hacia nuestro presidente Alberto Fernández”.

 Sobre el fallo de Villena, en esferas diplomáticas argentinas consideran que tiene su arista positiva porque ahora los Estados pueden involucrarse legalmente: el argentino impugnando el procedimiento, incluso utilizando el artículo 3 del tratado bilateral suscrito con los EE UU “de asistencia jurídica mutua en materia penal”. Y el venezolano “siendo parte”, litigando en la fiscalía de Florida y el juzgado de Columbia, a través de su empresa Emtrasur. Ya que se considera que, a los fines prácticos, la aeronave ya se encontraba retenida por lo que la medida sólo fue una “anotación conjunta a nombre de dos tribunales”.

 En el gobierno argentino consideran que es conveniente que todo trascurra por el ámbito legal, que roce lo menos posible al político, y que lo apropiado es bajarle el tono. De todos modos comprenden que se trata de un episodio que “quema” porque significa “un antecedente”, que se trata de una muestra de poder para “acobardar” a otros países para que no se involucren en ningún tipo de solidaridad con Venezuela. Y hasta advierten como comprensibles las menciones subidas de tono de Diosdado Cabello y de sus funcionarios: “Es natural de quienes deben mantener la tropa alerta y movilizada”. Incluso ponen en consideración las previsibles presiones sobre Caracas provenientes de Irán.

También, claro, se considera la injerencia de la ultraderecha de EE UU tanto como su correlato en Argentina (básicamente toda la oposición, incluido el poder mediático) quienes “siempre quieren que se rompa todo”, y no descartan que pretendan “herir” el tránsito argentino en la presidencia pro tempore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC). “Todo esto del avión está sobreexagerado. Hasta crearon la idea de que el FBI se lo lleva mañana mismo. Nada de eso sucederá”, aseguran en esos círculos.  «