Sergio Moro ordenó la "conducción coercitiva" del periodista para declarar como testigo, al cual le pidió que revelara una fuente.
El magistrado ordenó la «conducción coercitiva» y el allanamiento de la casa en San Pablo del abogado Eduardo Guimaraes, autor del Blog de la Ciudadanía, en el cual tiene una visión crítica sobre el desempeño de Moro.
Moro le preguntó quién era la fuente de información y el testigo se negó a revelarla, contó el abogado del bloguero, Fernando Hideo Lacerda. «Fue una arbitrariedad, nadie tiene obligación de revelar el nombre de una fuente, eso está garantizado por la Constitución», dijo el abogado a periodistas.
Guimaraes reveló, horas antes de que ocurriera, la operación policial en la que el 4 de marzo de 2016 se allanó la vivienda del ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva, lo cual alertó a militantes del Partido de los Trabajadores (PT), que salieron a las calles.
Según el abogado, Moro dijo que el bloguero debía revelar la fuente de información porque él no es periodista de formación. En Brasil, desde 2012, no es necesario tener título para ejercer el periodismo, según un fallo del Supremo Tribunal Federal (STF, corte suprema).
El juez también acusa a Guimaraes de haberlo amenazado a través de Twitter luego de haber publicado que «los delirios del magistrado van a costar empleos y vidas», supuestamente al hablar sobre el impacto económico del proceso anticorrupción iniciado en Petrobras.
«El episodio es grave y amenaza la libertad de prensa y de expresión garantizadas por la Constitución; soy solidaria porque sé lo duro que es tener que dar explicaciones por pensar y por escribir», dijo la ex presidenta Dilma Rousseff en un comunicado.
Moro ordenó el allanamiento en la casa del bloguero y confiscó computadoras, pendrives, celulares y «cualquier otra prueba relacionada a los delitos de violación del secreto de sumario y obstrucción de investigación policial», según se desprende de la orden emitida por el magistrado.
Por otra parte, la operación anticorrupción Lava Jato tuvo hoy su primera acción ordenada por el STF sobre la base de las delaciones premiadas de los 77 ejecutivos de la empresa constructora Odebrecht a cambio de reducción de sus sanciones.
Los investigados en Brasilia, Maceió, Recife, Río de Janeiro y Salvador fueron personas vinculadas a al presidente del Senado, Enicio Oliveira, al jefe del bloque del PMDB, Renán Calheiros, y al senador Humberto Costa, del PT.
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