La oficina del fiscal del Distrito Sur de Nueva York acusó al magnate de 86 años y residente en Bahamas de presuntamente proporcionar información confidencial sobre empresas que cotizan en bolsa a varios allegados que obtuvieron beneficios con la compra y venta de acciones.
La oficina del fiscal del Distrito Sur de Nueva York acusó al magnate de 86 años y residente en Bahamas de presuntamente proporcionar información confidencial sobre empresas que cotizan en bolsa a varios allegados que obtuvieron beneficios con la compra y venta de acciones.
Entre 2013 y 2021, «Lewis abusó de su acceso a las salas de juntas de las empresas y proporcionó repetidamente información privilegiada a sus parejas sentimentales, sus asistentes personales, sus pilotos privados y sus amigos», dijo en una declaración el fiscal Damian Williams.
«Esa gente hizo entonces negocios con esa información privilegiada y ganó millones de dólares en bolsa, porque gracias a Lewis esas apuestas eran algo seguro», añadió.
Por ejemplo, el británico es señalado por decirle a una novia que invirtiera en una empresa de biotecnología en julio de 2019, antes de que se hicieran públicos los resultados de un ensayo clínico.
Tras hablar con ella, supuestamente entró él mismo en su cuenta bancaria y utilizó casi todos sus fondos disponibles para invertir en la empresa, por valor de 700.000 dólares y a continuación vendió las acciones con un beneficio de 849.000 dólares, consignó la cadena BBC.
«Nada de esto era necesario. Joe Lewis es un hombre rico, pero como alegamos, usó información privilegiada como una forma de compensar a sus empleados o para colmar de regalos a sus amigos y amantes. Esa es la corrupción corporativa clásica. Es hacer trampa y va en contra de las leyes, que se aplican a todos, sin importar quién seas», añadió el fiscal.
La acusación de 29 páginas enumera los 19 cargos contra el empresario, incluidos varios por «fraude bursátil». Enfrenta hasta 25 años de prisión por el cargo más grave, precisó la agencia de noticias AFP.
En declaraciones reproducidas por el canal británico Sky News, el abogado de Lewis, David Zornow, calificó de «error flagrante» la acusación vertida contra su defendido.
«Es un hombre de 86 años de integridad impecable y logros prodigiosos», manifestó y añadió que el empresario acudió a los tribunales de Nueva York voluntariamente para responder a los cargos «mal concebidos» que serían «defendidos enérgicamente en los tribunales».
En la causa también están acusados Patrick O’Connor y Bryan Waugh, dos pilotos empleados por el empresario para sus jets privados, según la Fiscalía.
Lewis es uno de los hombres más ricos de Reino Unido, con un patrimonio estimado de unos 6.000 millones de dólares, según la revista Forbes: posee un superyate de 98 metros, es propietario del club de fútbol Tottenham Hotspur y posee una participación en la cadena británica de bares Mitchells & Butlers, entre otros negocios.
En la Argentina, este magnate amigo del expresidente Mauricio Macri es acusado de apropiarse de 12.000 hectáreas en la Patagonia, incluyendo una residencia que impide el acceso libre a Lago Escondido, a 50 kilómetros de El Bolsón, en la provincia de Río Negro.
Sus empleados de Hidden Lake, la firma con la que opera sus negocios en el país, impiden el acceso público a este espejo de agua situado en una zona estratégica zona de frontera.
La Inspección General de Justicia (IGJ) requirió el año pasado la intervención judicial de esa Sociedad Anónima por considerarla una «pantalla jurídica» para «frenar la aspiración» de cualquier persona a llegar al Lago Escondido, pese a que hay fallos judiciales desde 2005 que garantizan ese derecho.
Otra causa vinculada a esa estancia es la que investiga el viaje que realizaron allí en la misma fecha jueces, funcionarios porteños y empresarios del Grupo Clarín.
El expediente por el viaje a Lago Escondido tiene como imputados al juez en lo Criminal y Correccional Julián Ercolini; al fiscal general de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Juan Bautista Mahiques; al exministro de Seguridad y Justicia de CABA Marcelo D’Alessandro; al juez de la Cámara Federal de Casación Penal, Carlos Alberto Mahiques; al titular del Juzgado Nacional en lo Penal Económico Nro. 2, Pablo Yadarola; y a Pablo Gabriel Cayssials, titular del Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal nro. 9.
También están imputados Leonardo Bergroth, exintegrante del Servicio de Inteligencia del Estado (SIDE); Tomás Reinke, empresario especializado en medios y redes sociales y presidente de la firma Mediabit; y los directivos del grupo Clarín Pablo César Casey y Jorge Rendo.
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